Gobierno y Cabildo piden medio año para peritar el daño causado en los barrancos

La Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) solicitan seis meses de plazo para elaborar la valoración de los daños y perjuicios ocasionados por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar. Tal petición la dirigen a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que les otorgó 10 días para ello en el auto del pasado 18 de enero, en el que también declaró la imposibilidad de ejecutar la restauración de la zona conmutando tal obligación, que recaía en cuatro empresarios, por “la indemnización de daños y perjuicios”.

El departamento de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el organismo autónomo adscrito al Cabildo de Tenerife argumenta ante la Audiencia “la carencia de medios humanos y técnicos para desarrollar el trabajo que conllevaría dar respuesta a tal requerimiento”. En el caso del Consejo Insular de Aguas, añade que “tendrá que evaluar la posibilidad de que sea realizada a través de un contrato administrativo”, lo que conlleva un procedimiento que requiere de tiempo para cumplimentarlo.

Esta petición de las administraciones regional e insular implicadas en el procedimiento del conocido como caso áridos de Güímar conlleva una demora más en la resolución final. El 28 de enero de 2016, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declaró “autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente” a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia –después lo haría con Francisco del Rosario (4 de abril del mismo año)– y los condenó a un año y tres meses de cárcel, suspendida a cambio de restaurar la zona. El mismo tribunal determinó el mes pasado la imposibilidad de restaurar planteando que los condenados indemnicen.

Las partes impugnaron ya los recursos de los condenados contra esa decisión, estando a la espera de que la Fiscalía emita el informe solicitado por la Audiencia Provincial sobre la medida de cobrar en lugar de restaurar. Una vez disponga de ese documento, el tribunal emitirá el auto definitivo que debería establecer el importe de la indemnización y que debe poner punto y final a este caso.