Primer juicio contra 66 familias a las que quieren echar de viviendas de protección

Óscar López es el primero de los 66 inquilinos del residencial Arguayoda-Las Acacias, de San Isidro, juzgado por la reclamación del alquiler de la vivienda de protección oficial y promoción privada en la que vive, con opción a compra, desde 2013. La promotora Amojo SL quebró y vendió el edificio, que ha tenido entre tres y cuatro propietarios desde entonces, según denunciaron en 2019 ante el Juzgado de Granadilla sin que aún haya comenzado la instrucción del caso.

A raíz de la denuncia interpuesta por la última propietaria, ayer tuvo lugar el juicio en el que este vecino aportó un documento emitido por el Instituto Canario de la Vivienda, cuya directora, María Isabel Santana, aseguró que hay una situación que “no es legal” puesto que la constructora inicial “no pudo vender cuando lo hizo” toda vez que no disponía de la descalificación de las viviendas, trámite que le corresponde al Gobierno de Canarias y que no se cumplimentó. “Lo que está claro es que se ha cometido una ilegalidad y que estas personas están pasando por un auténtico calvario”, aseguró Santana en declaraciones efectuadas a Radio Club Tenerife ayer. Estas VPO no pueden dejar de estar arrendadas hasta 2043.

En representación de las 66 familias afectadas –suman en torno a 200 personas–, un grupo se concentró ayer ante el Juzgado de Granadilla para reclamar justicia. Protesta que repetirán en este punto y ante la sede del Instituto Canario de la Vivienda, según la Asociación Residencial Arguayoda-Las Acacias y la Plataforma Montaña Clara. Aseguran que los pisos han sido revendidos hasta tres y cuatro veces, una de ellas bajo gestión del administrador concursal. Esos “autoproclamados nuevos propietarios” denunciaron a estas familias reclamando la propiedad y/o el pago de las rentas, que están siendo depositadas en sede judicial.

El principio del problema

Joana María Rodríguez Trujillo, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante de la Plataforma Montaña Clara, que agrupa a los afectados por estas presuntas irregularidades, explica que “son viviendas de VPO de alquiler con opción a compra, para la cual dimos 6.373 euros como entrada”. Asegura que a los cinco meses de acceder a las casas no pudieron ingresarle la mensualidad a la promotora porque su cuenta estaba bloqueada, situación que se prolongó durante cuatro o cinco meses “sin poder pagar la renta”, hasta que “un representante de la empresa nos empezó a cobrar en mano y es cuando nos enteramos de que antes de nosotros había gente que compró, a la cual supuestamente estafaron, y a partir de ahí ya todo empezó a ir mal: cada vez venían personas distintas a cobrar diciendo que eran dueños o representantes o hermanos, de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a cuatro personas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos”.

Lo que no se explica la representante del colectivo vecinal es “por qué no se aclaró y regularizó esta situación” durante la gestión del administrador concursal, “cuando, además, nosotros teníamos la primera opción a compra”.

Una investigación

Tras seis años padeciendo el problema, concluye que “hemos sido engañados y presuntamente estafados, maltratados verbal y psicológicamente, porque la realidad es que las casas que alquilamos con opción a compra han sido vendidas hasta tres y cuatro veces y nosotros siempre dentro”. “Queremos que no paguemos justos por pecadores, exigimos que se haga justicia y al Gobierno canario, que investigue esta situación que nos está ocasionando un estrés tremendo, porque la vivienda es un derecho constitucional y nosotros hemos cumplido nuestra parte; no somos ni ocupas ni morosos, sino ciudadanos víctimas de unas irregularidades tremendas”, concluye la representante de las 66 familias afectadas.

Óscar López fue el primero, pero el resto de vecinos pasarán por el juzgado como denunciados.