La Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y la Plataforma Montaña Clara han pedido al Gobierno de Canarias que investigue la supuesta venta ilegal de unas viviendas de protección oficial (VPO) que desde 2013 habitan 66 familias en régimen de alquiler y que tenían opción a compra.

Un grupo de personas en representación de las 66 familias se han concentrado este miércoles ante el Juzgado de Granadilla de Abona para reclamar justicia y apoyar a uno de los afectados que ha debido afrontar un juicio por una reclamación de los supuestos nuevos propietarios.

Un comunicado de la Asociación Residencial Arguayod-Las Acacias, que aglutina a las 66 familias afectadas, y la Plataforma Montaña Clara indican que harán nuevas movilizaciones ante el Instituto Canario de la Vivienda, donde ya denunciaron estos hechos, al igual que ante el Juzgado de Granadilla, que aún no ha adoptado una resolución.

La nota recuerda que estas 66 familias alquilaron sus casas en una promoción de viviendas de protección oficial, que construyó una promotora pero que al parecer fueron vendidas en varias ocasiones a otras personas.

Añade que el Instituto Canario de Vivienda, del Gobierno canario, les confirmó el pasado año que no existe solicitud alguna presentada por la promotora original para transmitir la promoción de viviendas a otro titular y que las VPO hasta 2043 no pueden dejar de estar arrendadas.

Joana María Rodríguez Trujillo, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante también de la Plataforma Montaña Clara, explica en la nota que se trata de viviendas de VPO de alquiler con opción a compra por la que en 2013 dieron 6.373 euros por la entrada "con muchos sacrificios".

Añade que todo fue bien al principio pero que a los cinco meses cuando iban a ingresar el dinero en la cuenta de la promotora, ésta aparecía bloqueada, situación que se mantuvo 4 o 5 meses.

Rodríguez indica a partir de entonces el cobro se hacía a mano aunque cada vez acudían personas distintas a cobrar diciendo que eran dueños o representantes o hermanos "de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a 4 personas distintas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos".

"Y al final le pagábamos a un administrador concursal, en cuya gestión no entendemos por qué no se aclaró y regularizó esta situación", se lamenta la presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias, "cuando además nosotros teníamos la primera opción a compra".

En su opinión, los vecinos "hemos sido engañados y presuntamente estafados, maltratados verbal y psicológicamente, porque la realidad es que las casas que alquilamos con opción a compra han sido vendidas hasta 3 y 4 veces y nosotros siempre dentro".

Exigen que el Gobierno canario investigue esta situación "que no está ocasionando un estrés tremendo, porque la vivienda es un derecho constitucional y nosotros hemos cumplido nuestra parte, no somos ni ocupas ni morosos, sino ciudadanos víctimas de unas irregularidades tremendas", concluye la representante de las 66 familias afectadas.