El Ayuntamiento de Granadilla de Abona es investigado por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por realizar vertidos de aguas residuales al mar sin autorización, sin tratamiento o con tratamiento insuficiente, al menos desde 2017. Un hecho supuesto que crea “una situación de riesgo para la salud de las personas y las condiciones generales de los ecosistemas”. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Granadilla tramita las diligencias previas correspondientes (abiertas el 3 de octubre de 2019) tras la denuncia presentada por un particular ante la Fiscalía, el 21 de junio de 2018, que dio traslado de su investigación.
Los tres vertidos registrados ese verano en la zona de Montaña Pelada son el motivo fundamental de la denuncia que da pie a este procedimiento (Diligencias Previas número 702/2019), por el que ya compareció ante la jueza el concejal Marcos González, el 15 de septiembre del pasado año, en calidad de investigado al ser quien ejercía la responsabilidad de la Concejalía de Servicios Generales. Fue asistido por el abogado Juan José Gómez Neira, contratado por el Ayuntamiento para ello a través de un decreto firmado por el alcalde, José Domingo Regalado, el 19 de mayo del año 2020.
En el transcurso del pleno municipal celebrado el pasado noviembre, el PSOE preguntó al respecto. González se limitó a reconocer su intervención en este procedimiento penal, señalando que “he dicho lo que tenía que decir”, asegurando al Pleno que “ muchas administraciones y muchos concejales estamos pasando un trago amargo” al ser citados en sede judicial por los vertidos al mar que se registran en las Islas.
La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona no cuenta con la autorización de vertidos residuales, si bien se produce desde tierra al mar la emisión de aguas residuales urbanas a través de los emisarios submarinos de La Batata, en Ensenada Pelada, así como de El Médano y de Los Abrigos, así como desde el aliviadero de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Los Abrigos y Los Balos. Si bien la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias informó en 2019 de la inexistencia de autorización al Consistorio para verter al mar aguas residuales, aclara que el Ayuntamiento solicitó la autorización.
Como empresa concesionaria para la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento en Granadilla de Abona desde el 30 de diciembre de 2004, Entemanser también forma parte de este procedimiento. Cabe recordar que su intervención en la resolución de los vertidos que dan pie a esta denuncia fue una alusión constante del concejal de Servicios Generales del momento, y actual primer teniente de alcalde. Marcos González señaló entonces que el problema de los vertidos de aguas residuales al mar en la costa granadillera tenía unas dos décadas de antigüedad.
Entre los años 2017 y 2019 se registraron varios episodios importantes de vertidos contaminantes en el litoral de Granadilla, los cuales motivaron el cierre de playas durante varios días, en algunas de esas ocasiones.
La solución está en marcha
El gobierno municipal admitió ayer que fue citada a declarar “en relación al sistema de saneamiento y de depuración de aguas residuales en el municipio”, a raíz de una denuncia de un particular por un vertido. CC y PP explican que desde el Consistorio se trasladó “toda la información que se ha solicitado al respecto, habiendo ido a declarar el concejal de Servicios Generales en ese momento de la denuncia, Marcos González”.
Mal de muchos
El grupo gobernante desde 2016 se escuda en que la situación del sistema de depuración de aguas en Granadilla de Abona “se encuentra en similar situación al resto de municipios de la Isla, siendo la solución para acabar con el tratamiento inadecuado de las aguas residuales la construcción de una depuradora”. Se da la circunstancia de que la obra de esa depuradora “tiene fecha de inicio”, el primer semestre de 2021, y “supondrá la actuación más importante en materia de conservación medioambiental que demanda Granadilla de Abona”. A ello suma que la próxima semana está previsto que comiencen las obras de mejora de la red de saneamiento, por lo que en Granadilla de Abona se invertirán “alrededor de 50 millones de euros en materia de saneamiento y depuración de aguas en los próximos tres años”.
Herencia y acciones
CC y PP sitúan en “hace casi una década” las incidencias o vertidos, “consecuencia de un desarrollo urbanístico de varios decenios sin la proyección y la planificación de una red adecuada para el tratamiento de las aguas residuales”. Desde finales de 2016, cuando asumieron el gobierno local, “ha sido una prioridad que los proyectos de las depuradoras vieran la luz lo antes posible”. Para ello, durante “los últimos cuatro años” han realizado “las gestiones oportunas con las administraciones supramunicipales con competencia en la materia” para obtener “la financiación de un sistema adecuado de depuración de aguas acorde al crecimiento poblacional y la demanda real".
