El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), anunció ayer que los servicios jurídicos de la entidad presentarán una demanda contra dos entidades bancarias con el objetivo de recuperar 6 millones de euros de dinero público que se pagaron de más entre los años 2014 y 2016 en concepto de intereses vinculados a la contratación de “una operación financiera de cobertura y gestión de tipo de interés”, los denominados productos swaps. El grupo de CC-PNC aseguró ayer que apoya la decisión del equipo de Gobierno para recuperar el dinero para las arcas públicas y defiende su gestión en los anteriores procedimientos.
El presidente insular apuntó que en el ejercicio 2010 el Cabildo solicitó un préstamo de 62 millones de euros para destinarlo a inversión pública, pero al año siguiente, ante la amenaza de la subida del tipo de interés, se contrató el producto financiero swaps “como seguro de cobertura del tipo de interés para hacer frente a una eventual subida de los intereses. Con ello, si subía el tipo existiría “un tope para no pagar intereses en demasía”.
Pedro Martín apuntó que la contratación de este producto financiero “está siendo estudiado por el Tribunal de Cuentas de Canarias” y que no obstante “respeta la presunción de inocencia” de los anteriores responsables de la Corporación, “por lo que no voy a utilizar esta investigación como herramienta política para herir a nadie hasta que finalice el proceso en su totalidad”.
Sobre la cronología de los movimientos que se han realizado en torno a este préstamo, tras suscribirse los swaps en 2011, en el ejercicio de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó que el Cabildo de Tenerife debía amortizar la deuda por el periodo establecido. De esta manera, el 30 de junio 2014 se canceló el préstamo de 62 millones de la corporación pero, según Martín, a pesar de que ya se había pagado el préstamo “y de que ya no se debía nada”, el Cabildo continuó pagando los swaps en 2014, 2015 y 2016.
Episodios irregulares
Sobre todo ello, el actual presidente de la Institución insular detalló que “puede entender” que la corporación continuara pagando el seguro porque había un contrato firmado. “Hasta ahí estoy dispuesto a entender que se hizo de buena fe”, aunque no encuentra explicación a que en 2016, tras tener una sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el que le daba la razón a la Corporación en su reclamación de pedir el dinero íntegro que había pagado por los swaps y que finalmente, “e inexplicablemente”, no lo hiciera.
En un comunicado difundido ayer entre los medios de comunicación, el grupo nacionalista argumenta que la decisión de presentar una demanda está motivada por un informe emitido por los servicios jurídicos en octubre de 2020, “por lo que difícilmente se podía haber presentado la reclamación antes de esa fecha, porque no existía el mismo”. Por otra parte, CC recordó que todo el proceso llevado a cabo desde 2014, “en el que cogobernaba el PSOE, se ha seguido escrupulosamente las directrices y recomendaciones de los servicios jurídicos, como no podía ser de otra forma”. Por último, se expresa el deseo de que “la demanda prospere” para recuperar los 6 millones de euros.
Sobre el caso que ha llevado al actual equipo de Gobierno a pedir el dinero, el presidente, Pedro Martín, incidió en que “esta reclamación de cantidades es un nuevo episodio que tiene que ver con poner orden muchos expedientes en este Cabildo”, entre los que destaca, señalando a las auditorías realizadas 2015, “incumplimientos flagrantes de la Ley de Contratos intentando eludir la publicidad y concurrencia, contratos disfrazados de convenios, criterios de evaluación de los concursos, uso abusivo del contrato menor, fraccionamientos irregulares de los contratos o la contratación incorrecta de gerentes de empresas del Cabildo”.
A todo ello, le sumó asuntos vinculados con tarjetas de crédito con gastos irregulares, “incluso en manos de personas que no estaban en el organigrama del propio Cabildo”, advirtió. En base la demanda, el presidente del Cabildo anunció que “exigirá” a las dos entidades bancarias con las que se firmó la operación de los swaps que devuelvan los más de 6 millones de euros “que nos pertenecen”.
¿Quién debió actuar?
¿Quién debería haber actuado para reclamar los 6 millones con anterioridad? Pedro Martín señaló que “sería feo culpabilizar a los servicios jurídicos por la inacción de los cargos públicos. Es una falta de respeto creer que los cargos no sabían nada porque nadie les ha dicho nada”, afirmó con rotundidad. En este sentido, la propia consejera de Hacienda, Berta Pérez, que estuvo presente en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Institución insular, puso en valor “la labor de investigación y exploración” que ha realizado la nueva corporación con ayuda de los técnicos tras acceder a la maquinaria de trabajo: “Tenemos la ayuda de los técnicos, pero la iniciativa es nuestra, para eso nos han puesto aquí los ciudadanos. No podemos descargar en los técnicos”, concluyó.
