El gobierno municipal de Güímar mantiene abierta, desde hace dos semanas, una investigación sobre la actividad que se está desarrollando en la cantera El Corte de Los Morales, debido a la “alarma social” generada por la presencia de polvo y un notable movimiento de camiones que se registra en esta zona de El Badén.
Se da la circunstancia de que la empresa cuenta con la preceptiva autorización del servicio de Minas de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, así como del Ayuntamiento güimarero “para acopio de materiales”. El Corte no figura entre las canteras precintadas ni entre las seis que formaron parte del proceso judicial que derivó en la condena a cuatro empresarios.
Airam Puerta, alcalde de Güímar, recordó que un decreto del año 2008 refleja que este enclave nunca fue precintado y entiende que haya inquietud, “pero hasta el momento no se ha demostrado que de la cantera El Corte de Los Morales estén extrayendo árido”.
La actividad constatada es que se emplean camiones para trasladar material dentro de la misma cantera, aunque a través de la TF-28 o carretera general del Sur. En todo caso, la investigación continúa su curso, aclaró el regidor. Puerta se mostró rotundo al asegurar que “este Ayuntamiento no puede precintar la cantera en las condiciones actuales”, porque incurriría en una irresponsabilidad ya que “nos arriesgamos a tener que indemnizar a quien cuenta con autorización para actuar en ese espacio”.
Volver a precintar
Con ello salía al paso de la solicitud del Grupo Municipal Popular que, durante la última sesión plenaria, planteó volver a precintar todas las instalaciones dedicadas a la extracción de áridos, que han perdido el precinto físico colocado en su momento. Francisco Hernández Armas, concejal del PP, es tajante al asegurar que “para extraer árido del suelo de Güímar hay que cumplir lo que dice el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT)”, es decir, disponer de un plan territorial de extracción de áridos y, entre otras cuestiones más, “no se puede otorgar una licencia hasta que no se hayan restaurado las otras canteras. Es decir, de aquí no se puede retirar ni un grano de arena, bajo ningún concepto”.
El gobierno municipal rechazó la propuesta del PP y presentó, in voce, una alternativa para limitar la colocación de nuevos precintos en aquellas canteras de áridos sobre las que fueron colocados por orden judicial y que el paso del tiempo los hizo desaparecer.
A la Fiscalía
El Ayuntamiento de Güímar acordó, en febrero de 2020, exigir a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y a su Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente que revise la obra de clausura y sellado del vertedero de residuos ilegal de Las Rosas, “con el fin de conseguir los verdaderos objetivos perseguidos de limpieza y restauración”. Dicha obra fue realizada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2019 y por la empresa pública Tragsa, con un coste de 1,8 millones de euros. El Pleno secundó, por unanimidad, la propuesta del Grupo Municipal Popular, molesto porque “la limpieza del vertedero consistió en una burda maniobra de camuflaje”, ya que en el mismo “se limitaron a tirar tierra y cubrir la montaña de basura que allí hay”.
Al entender que el Gobierno canario incumplió la sentencia, por las reiteradas evasivas recibidas a la pregunta referida acerca de la respuesta del Ejecutivo regional y ante la negativa del regidor a presentar una denuncia contra la Consejería de Industria por este motivo –expresada en la sesión plenaria ordinaria celebrada el jueves pasado–, el concejal del PP y denunciante del llamado caso áridos de Güímar, Francisco Hernández, anuncia que hoy acudirá a la Fiscalía Provincial “a presentar una denuncia contra el alcalde, por inacción, y contra la Consejería de Industria, por no ejecutar la sentencia que la obligaba a restaurar el vertedero de Las Rosas”.
