Alberto Villalobos es el presidente de Femete, la patronal industrial, fundada en 1979. En sus más de 40 años de existencia la economía sumergida ha sido y sigue siendo uno de los grandes problemas de un sector constituido en el 96% por microempresas, con menos de diez trabajadores y de ellas el 50% con uno o dos. Un esquema que se repite en el tejido productivo de la Isla. Calcula la economía sin aflorar en un 25%, similar al paro registrado. Por encima de la media nacional y europea. Un problema “estructural” y una “lacra” para los legales que cumplen.
Villalobos entiende los cáncamos “en alguna situación puntual de necesidad y mas en crisis como ahora, en tiempos de pandemia, pero estamos hablando de otra cosa, de miles de personas que realizan una actividad por la que no pagan impuestos ni generan riqueza ni empleo estable. Algo inasumible que no se debe justificar ni apoyar bajo ningún concepto”.
Villalobos vincula esta situación “con una excesiva presión fiscal. Se pagan impuestos directos e indirectos hasta a cuatro administraciones. Muchísimo”, Tanto que calcula que, de media, “casi un 50% de lo generado se va en impuestos frente al 42% de Europa”. Concluye: “Una presión fiscal excesiva no es buena”. El presidente de Femete considera que “la línea debe ser concienciar a las empresas y a la sociedad en general de que hay que ser legal”.
