El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güímar continuará hoy con la toma de declaraciones de la docena de investigados por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y el supuesto delito continuado de prevaricación, debido a los vertidos al mar que se producen desde el Polígono Industrial Valle de Güímar sin contar para ello con las preceptivas autorizaciones ni realizar los controles exigibles. En el marco del procedimiento abreviado iniciado en 2017, a raíz de la denuncia que presentaron Sí se Puede e Izquierda Unida (IUC), hoy comparecerán ante el juez Rosendo Elías Batista (10:00), quien fuera concejal de Industria y Comercio, y Luis Domingo Marrero (11:00), exconcejal de Urbanismo en Arafo, así como José Juan Lemes (12:00), exalcalde del municipio arafero.

Ayer comenzaron las comparecencias para la toma de declaraciones con el gerente de la Asociación Mixta de Compensación Polígono Industrial Valle de Güímar y mañana continuará con los investigados adscritos al Ayuntamiento de Candelaria: Domingo Tomás Ramos (10:00) y Fernando Alduán (11:00), ediles de Urbanismo desde 2007, además de José Gumersindo García y María Concepción Brito, alcaldes de la Villa Mariana en el mismo periodo. Tras un paréntesis, será el 3 de febrero cuando acudan a la sede judicial el exconcejal de Urbanismo del Consistorio güimarero, Francisco Javier del Rosario (12:00), así como Carmen Luisa Castro (13:00), exalcaldesa de Güímar en los años a los que se refiere el caso.

Una de las claves del procedimiento está en la reacción habida por parte de las administraciones desde que el juez se pronunció. De hecho, a ello se refiere su señoría en el auto del 2 de octubre del año pasado.

Una posibilidad

El juez Francisco Tuero llama la atención en el mismo sobre que desde “la persistente situación de descontrol e inacción” detectada desde agosto de 2007, y tras la incoación de la presente causa penal, el 8 marzo de 2017, “sí ha existido, desde todos los organismos públicos implicados, una intensa actividad dirigida a superar aquella situación de dejación y abandono”, promover la legalización y “subsanar las múltiples deficiencias”. En todo caso, quiere determinar la responsabilidad de la “posible inacción que, en relación a la aparente continuidad de los vertidos ilegales de aguas residuales industriales (en este Polígono), con posible impacto ambiental y en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades, se puedan haber seguido en las distintas Administraciones públicas e industrias implicadas”.

En ese marco, cabe mencionar el inicio de la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari) en el propio Polígono del Valle de Güímar. Una obra esencial para corregir la situación actual, en la que, asimismo, las administraciones cuentan con la autorización para verter, aunque con caducidad condicionada.

Otras claves

Cabe recordar que la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias certificó que en 1999 consta la existencia de vertidos contaminantes en el Polígono Industrial Valle de Güímar, así como defectos de conservación y mantenimiento del emisario submarino. Así lo recoge el juez. Además, en julio de 2001 tuvo lugar una inspección del emisario submarino y se apreciaron “defectos de conservación y mantenimiento”, incluida la obstrucción de difusores. Las analíticas realizadas entre junio de 2009 y mayo de 2010 “reflejan valores máximos en PH, DB05, DQO, conductividad, sólidos en suspensión, aceites y grasas, cianuros, cromo, níquel y sulfatos que superan los límites fijados por las Ordenanzas del Vertido”. Una situación general que ha motivado grandes multas.