El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aceptado la solicitud de la empresa promotora de la gasolinera de Las Toscas, en Tegueste, “para poder continuar con las obras mientras avanza el proceso judicial” abierto. Así lo apuntaron anoche desde el grupo de gobierno municipal tras un pleno en el que se convirtió en blanco de las críticas de los partidos de la oposición (CC, Cs y PP) por la falta de información. Y es que el Ayuntamiento disponía desde septiembre de la sentencia del TSJC. Ni en aquel momento ni durante los recursos posteriores el Consistorio dio cuenta sobre este revés judicial.
Como se recordará, la estación de servicio fue precintada en 2019 y desde su construcción generó contestación vecinal. Ayer, la alcaldesa de Tegueste, Ana Rosa Mena, enumeró los principales hitos del proceso y dio a conocer que una sentencia de finales de septiembre estimaba en su totalidad los pedimentos de la compañía promotora. “El 1 de diciembre se declara la firmeza de esa sentencia”, puntualizó. Cabía, a partir de ahí, recurrir en casación al Tribunal Supremo, pero era una vía con “muchas dificultades” y que al final fue desechada, expresó. “No nos queda otra que acatar la sentencia”, manifestó sobre el momento actual.
Mena afirmó que, después de lo anterior, desde la gasolinera presentaron un escrito comunicando al Ayuntamiento la reanudación de la ejecución de la obra. “Nosotros, y yo en primer lugar, estábamos muy preocupados buscando fórmulas; la cautela nos llevó a no informar de cualquier cosa”, intentó justificar. “En ningún caso he ocultado ningún documento”, se defendió, antes de asegurar que es “la misma” que tras su llegada al cargo firmó el decreto de precinto. Y también reconoció: “Tal y como la Ley lo prevé, con una comunicación previa, no sin algunos documentos, ellos pueden comunicar el inicio de la actividad”.
Evitar la indemnización
“Nuestra posición es seguir adelante en lo que podamos, evitándole en lo posible al Ayuntamiento una indemnización millonaria”, manifestó. “Tenemos que tener en cuenta que esto va a durar mucho tiempo y va a mermar mucho nuestras fuerzas”, planteó la socialista, que al término de su primera intervención sostuvo que lo que hicieron fue “cumplir con una sentencia”.
La concejala de Ciudadanos (Cs), Ángeles Rodríguez, expuso que se trataba de un asunto lo “suficientemente importante” como para haber informado, y lamentó la actuación del grupo de gobierno. Javier Galván (CC) criticó que el pacto local no hubiese llevado el asunto a pleno por iniciativa propia, sino respondiendo a preguntas de la oposición, y dijo no encontrar “ninguna explicación” a que no hubiesen intentado “agarrarse” al recurso de casación. En similar tono crítico se pronunció más adelante el líder del Partido Popular (PP), Alfonso López, que mostró su “disconformidad y disgusto” con el proceder del gobierno. Consideró que desde el principio debió haber “luz y taquígrafos”, y dijo no esperar que la información llegase “a la remanguillé” en la sesión plenaria celebrada en la tarde de este martes.
Ante las críticas, desde el gobierno trataron de poner en un segundo plano el asunto comunicativo. “Falta de información, falta de transparencia...; es como si se estuviera desviando la atención del problema principal”, rebatió la socialista María Candelaria de la Rosa. “Es un problema de una magnitud tal que yo creo que Tegueste no ha tenido nunca un asunto que pueda acarrear a los vecinos unas consecuencias tan devastadoras como las que pueden salir de este procedimiento”, afirmó la también letrada sobre un “problema heredado”.
El nacionalista Javier Galván amagó con dimitir de la comisión de seguimiento de la gasolinera al verla “absurda”, dado que no se convocó ante un hecho de esa trascendencia y al considerar que se está utilizando como un instrumento “para quedar bien delante de la gente”. “Me parece lamentable que digas que vas a dimitir”, le replicó la alcaldesa, que criticó que al PSOE tampoco le sirvió “de mucho” ese órgano el pasado mandato, cuando gobernaba Coalición Canaria (CC). Galván se defendió y recordó que, en aquella época, se permitió que miembros de la comisión que no pertenecían al gobierno eligiesen al técnico que quisieron para elaborar un informe. Se refería a un documento que, a la postre, fue fundamental para llegar a la nulidad del permiso.
“Todos votamos lo mismo ante la moción de suspender la licencia; nos abstuvimos”, comentó Javier Galván con respecto a una antigua votación plenaria y tratando de desligar a CC del sambenito de haber dado luz verde a la infraestructura. “La licencia la firma el alcalde”, aseveró en la misma línea, y de forma si cabe más clara, su compañero de la bancada nacionalista y candidato en los comicios de 2019, Norberto Padilla, en referencia al líder de CC en el momento del permiso, José Manuel Molina.
