El presidente del Cabildo, Pedro Martín, sostiene que las administraciones deben incidir en que “hay soluciones alternativas” para la rehabilitación de los Barrancos de Güímar y entiende que “sería un verdadero escándalo” mantener la zona con los seis grandes hoyos ocasionados por la prolongada extracción de áridos en el estado actual. “Lo que no puede ser es que ahora se diga que no se arregla nada. Algo habrá que hacer. Es evidente que no se pueden dejar los barrancos de esta manera”.
Martín es consciente de que rellenar las canteras de áridos obligaría a abrir hoyos similares en otros puntos de la Isla, a lo que se opone. “Habrá que plantear alguna actuación que, al menos, reduzca mucho el impacto visual y sirva para aprovechar ese espacio”, apunta para referirse a la idea de ubicar en este lugar la central hidroeléctrica de la Isla, un emplazamiento que se considera probable para esta industria. “Es una posibilidad para obtener en Tenerife energía renovable independiente del viento y el sol. Es un lugar ideal para producir esta energía verde”, apostilla.
La situación en la que se encuentran los Barrancos de Güímar a raíz del auto de la Audiencia Provincial es que “ahora no se actuará ante un desastre medioambiental”, como es el efecto de la extracción de árido de este enclave. Además, “no se puede transmitir la sensación de impunidad para quienes lo ocasionan”, manifiesta el presidente del Cabildo, que hoy analizará profundamente la cuestión con su equipo de gobierno.
El Ayuntamiento, excluido
La decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de declarar la imposibilidad de la ejecución material de la obligación de restaurar el ámbito de extracción de Güímar “es inexplicable”, según el alcalde del municipio, Airam Puerta. En el auto se indica que las administraciones beneficiarias de la posible indemnización por parte de los areneros son la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, omitiendo al Ayuntamiento de Güímar.
Para Puerta, “es inexplicable que, tras tanto esfuerzo por los políticos actuales y de antaño, nuestro municipio quede fuera de las indemnizaciones”, de las que Güímar “resulta merecedor” por los “años de sufrimiento” motivados por una actividad extractiva “ilegal y ambientalmente perjudicial”.
Puerta cuestiona el cobro de las indemnizaciones que determinará la Audiencia “dada la situación financiera” de los condenados. Para el alcalde, “es más real y posible el comiso de los terrenos y su ulterior puesta a disposición para fines como la futura central hidroeléctrica. En otro caso, estamos abocados a una situación de imposibilidad de cobro, concurso de acreedores y sin reparar el daño ambiental”. Anuncia la convocatoria de la Junta de Portavoces municipal en las próximas horas para consensuar la postura política única a fin de recurrir la decisión judicial.
¿Embargar el suelo?
Carlos Álvarez, abogado de la acusación particular, reflexiona en el mismo sentido que el alcalde: “Si los areneros no restauran, ¿cómo van a pagar el daño? Creo que una cuestión sería positivo que les puedan embargar los terrenos, estén al nombre de quién estén”. Se da la circunstancia de que la Audiencia rechaza en el auto que el suelo afectado pase a propiedad pública y que hay varias canteras que han cambiado de titularidad en el transcurso del proceso judicial.
El letrado insistió en la falta de diligencia del Gobierno de Canarias en resolver respecto a los planes de restauración.
