El Ayuntamiento de Arona tiene actualmente “centenares” de solicitudes de ayuda de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) sin tramitar como consecuencia de la escasez de personal adscrito al departamento, que solo cuenta con tres trabajadores sociales asignados de forma permanente, al que actualmente (desde hace pocos días) se ha incorporado una cuarta. Esta situación hace que se duplique, al menos, el tiempo de espera para percibir el dinero por parte de los peticionarios.

“Usted ha presentado la solicitud de PCI en el Ayuntamiento de Arona (Modelo 927). Dicha solicitud se encuentra pendiente de ser iniciada y tramitada por el trabajador o trabajadora social encargada de la gestión de solicitudes de PCI. En la actualidad, la gestión de solicitudes nuevas se encuentra suspendida temporalmente debido a falta de personal en esa sección del servicio y se retomará en el momento en que se contrate nuevo personal”. Es la respuesta oficial que recibe Miguel Ángel Solanas, un vecino demandante de la ayuda, el pasado 16 de diciembre, habiendo presentado su petición en septiembre.

Arona dejó de tramitar las solicitudes al inicio del mes de diciembre, si bien la petición de ayuda de la Prestación Canaria de Inserción que más tiempo lleva empantanada en la burocracia municipal data de finales del mes de agosto de 2020. La causa está en que “el volumen de entrada de solicitudes es muy superior a la capacidad de trabajo del departamento del servicio correspondiente, como consecuencia de la falta de personal específico para realizar el trámite”.

Hasta el momento, y durante la primera fase de la pandemia, esa escasez de trabajadores sociales quedaba cubierta con la contratación de empleados temporales, en virtud de programas y convenios. Una vez cumplido el periodo de vigencia de los mismos, el servicio municipal de PCI vuelve a quedarse con los tres empleados municipales fijos.

Miguel Ángel Solanas “y otros muchos afectados” han trasladado su malestar al Consistorio “porque nos consideramos engañados. Nos dicen que sí la están tramitando y tiene que ser el trabajador el que nos manifieste la realidad”. De hecho, la demora que esta situación causa al cobro de la PCI, en el caso de ser concedida tras la evaluación correspondiente –”A mí, todavía ni me han hecho eso y presenté la petición en septiembre de 2020”, dijo– pasa de los dos meses legalmente establecidos para la remisión del expediente al Gobierno de Canarias y los cuatro para su cobro hasta los seis e, incluso, nueve meses.

Desde el gobierno municipal se niega la falta de personal, se asegura que Solanas “tiene fecha para la valoración” de su solicitud y se explica que “ha estado cubierto durante la espera con ayudas”. “No estamos teniendo problemas con la PCI”, se afirma.