El presidente del Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento de San Miguel de Abona reclama la nulidad de la aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el año próximo, al considerar que en el capítulo de Personal se incumplen aspectos que podrían vulnerar el principio de legalidad y la seguridad jurídica, entre otros.

Francisco Javier Marrero, representante en el Consistorio de la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF), asegura en su reclamación que el Ayuntamiento de San Miguel de Abona “ha incumplido, de forma flagrante, con su obligación de informar y recabar consulta al Comité de Empresa”, un incumplimiento que “ha ocasionado indefensión a la plantilla de personal laboral”.

Además de asegurar que el gobierno local ha omitido la “previa y perceptiva negociación” en la “Mesa General o foro d negociación” al elaborar el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio en curso, Marrero Rancel sostiene que “no se cumple con el principio de igualdad retributiva en la valoración de complementos de destino y específico en determinados puestos de trabajo del personal funcionario”. El representante de los trabajadores del Consistorio acusa al equipo que lidera Arturo González de que su conducta “vulnera el derecho fundamental de libertad sindical de la CSIF” en cuanto a la negociación colectiva.

En esa línea, el presidente del Comité de Empresa alude a la existencia de “un gran malestar” en la plantilla, “a la cual se le ocasiona gran desasosiego”, al no ver atendida su demanda de cumplir “el principio de indemnidad retributiva” entre puestos que tienen asignadas las mismas funciones.

“Existen puestos de trabajo que realizan las mismas funciones y que perciben retribuciones diferentes”. Ese es uno de los puntos de partida del Presupuesto que lleva al CSIF a pedir la nulidad de su aprobación inicial. “Podría vulnerar el principio de igualdad retributiva y de prohibición de enriquecimiento ilícito de la Administración”, señala Francisco Marrero, para quien con ello “se vulnera el principio de legalidad, de seguridad jurídica y la interdicción de la Administración a la arbitrariedad”, un principio constitucional que garantiza la igualdad de trato de los administrados, según expone en su recurso el presidente del Comité de Empresa, quien cita numerosa jurisprudencia.

Con la abstención de la oposición, el gobierno municipal de San Miguel de Abona aprobó el Presupuesto Municipal de 2021 en la sesión plenaria del 29 de diciembre. Con 18.079.977 euros, contempla cerca de 3.000.000 de euros al área de protección y promoción social, la más alta de la historia; en emergencia social triplica la inversión del año anterior, pasando de 105.000 a 330.000 euros, e incrementa las ayudas al estudio en un 82%, contado con una partida de 182.000 euros para este ejercicio. Con 15.000.000 (incluye el uso autorizado del remanente), establece un paquete de obras e inversiones a fin de promover la reactivación económica del municipio, muy marcado por los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria que causa el Covid-19.