La urbanización de El Mojón, la mayor bolsa de suelo turístico de Canarias, acaba en los tribunales. La Junta de Compensación, que representa a los propietarios de las parcelas de este gigante espacio de expansión urbana de un millón de metros cuadrados, ha abierto el procedimiento para recurrir la negativa del alcalde, José Julián Mena, a dar el visto bueno al entramado de calles, parques y servicios –saneamiento, agua, luz, telecomunicaciones, mobiliario urbano– que los dueños de los terrenos han dado por acabado.
Este nuevo embrollo en el urbanismo de Arona afecta a las dos únicas licencias en vigor concedidas a proyectos privados en El Mojón, en ambos casos para hoteles de lujo. Uno de los permisos de obra mayor lo concedió Mena el 21 de diciembre a Inversiones Marylanza –promotora de Agustín Marichal, expresidente del PSOE de Arona y mentor político de Mena, y su hijo Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera nacional y de la provincia tinerfeña– y el otro se otorgó en 2018 a Spring Hotels. Mena se convirtió en alcalde tránsfuga el 17 de noviembre, un mes antes de dar esta licencia a su amigo y mentor político Agustín Marichal, tras su expulsión definitiva del PSOE.
El 17 de agosto, José Julián Mena firma una resolución en la que rechaza la recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial, con lo que toda esa red viaria y de zonas verdes –imprescindible para el desarrollo de El Mojón– sigue sin poder abrirse a los vecinos. Mena, según los informes de Urbanismo, Concejalía de la que asume todas sus competencias tras cesar en junio a Luis García, basa su decisión en tres puntos: la necesidad de incorporar una pasarela-puente que una los dos grandes parques, los estudios de impacto ambiental de los referidos parques y el proyecto de una estación de bombeo de agua.
El rechazo de Mena no solo supone un nuevo varapalo al Plan Parcial de El Mojón, que vuelve a toparse con un obstáculo burocrático tras 24 años de parálisis. También crea un gran malestar en la Junta de Compensación, al entender los propietarios que el alcalde, con sus exigencias, sobrepasa las competencias municipales. La Junta ve, además, posibles irregularidades en la forma de proceder del alcalde. Según la Junta, el Ayuntamiento debía haberle comunicado las pegas a la documentación presentada en los dos meses siguientes a su solicitud de aprobación de la urbanización.
Según la Junta, el alcalde no solo no comunica los posibles reparos en esos dos meses a los propietarios, sino que responde el último día previsto para resolver el expediente, es decir, cuando se cumplen tres meses de la petición de recepción de las obras. Una vez recibida la resolución de Mena, la Junta anuncia su intención de recurrir. El caso recae en el Juzgado Número 2 de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife, que pedirá el expediente al Consistorio aronero para facilitárselo a los dueños de los terrenos. Con toda la documentación, los servicios jurídicos de la Junta procederán a confeccionar el recurso y elevarlo al Juzgado.
La judicialización del Plan Parcial de El Mojón conlleva una doble amenaza para esta enorme extensión de fincas –ocupa 140 campos de fútbol–, vital para el futuro económico y urbanístico de Los Cristianos. Están en juego más de mil millones de euros de inversión y más de 6.000 empleos en uno de los núcleos con más actividad turística del Archipiélago. Por un lado, empantana todavía más el desarrollo de este instrumento de ordenación, pues la recepción de las obras pasa a depender de la Justicia. Y por lado lado, afecta a las licencias de obras de las iniciativas públicas y privadas. Sin la aprobación del entramado urbano, ningún hotel –ni siquiera los que han recibido ya licencia de obra, como los de Marylanza y Spring Hotels–, zona residencial o infraestructura pública puede ponerse en marcha.
La Junta de Compensación entiende, además, que la decisión de Mena de rechazar la recepción de la urbanización deja en suspenso la fórmula elegida hace cuatro años por el propio Mena y el entonces concejal de Urbanismo, Luis García, para desbloquear el Plan Parcial de El Mojón. En octubre de 2016, el Ayuntamiento emite un decreto por el que autoriza la simultaneidad. Es una fórmula legal que permite la concesión de licencias de obra –es decir, el inicio de la construcción de los proyectos de edificación– condicionadas a la finalización de la urbanización. Esto se pudo hacer gracias a que en ese momento había un cronograma que garantizaba que el entramado de calles y servicios se acabaría y se recepcionaría antes de que los inversores acabasen sus hoteles, zonas residenciales o negocios y pidieran la licencia de inicio de actividad.
Con el rechazo a la recepción de la urbanización se caen todas las previsiones y la propia simultaneidad y las licencias condicionadas exponen al Ayuntamiento a imprevisibles consecuencias jurídicas. Lo advierten los técnicos municipales en la resolución de Mena que concede la licencia de obra mayor al hotel de lujo de los Marichal: “El no otorgamiento de la licencia de primera ocupación [en el caso de que la urbanización del Plan Parcial no haya sido aprobada] podría acarrear consecuencias jurídicas y perjuicios al Ayuntamiento que deberán ser evaluadas por los servicios jurídicos”.
Aún así, Mena dio el 21 de diciembre su primera licencia de obra mayor tras asumir Urbanismo a Inversiones Marylanza, una mercantil que tiene como administrador al hotelero y constructor que hasta hace solo 5 meses presidía el PSOE de Arona –hasta ser destituido por la dirección socialista– y apoyo vital de Mena para alcanzar la Alcaldía en 2015 y 2019. También figuran como administradores su hijo Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel) y destacados empresarios de Tenerife como Martín García Garzón, fundador del Grupo Montesano, y Paco Gómez Méndez, uno de los principales accionistas de 5 Océanos y presidente de la Federación de Alimentación de Canarias (Facca).
Todo ocurre con José Julián Mena y Agustín Marichal expulsados del PSOE, el alcalde con poderes excepcionales y en medio de una grave crisis política y económica que puede desencadenar una moción de censura contra Mena.
