El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha dado su primera licencia de obra mayor en El Mojón, la mayor bolsa de suelo turístico de Canarias, a una promotora de Agustín Marichal, mentor político de Mena, y su hijo Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel). El 21 de diciembre, Mena firma una resolución que aprueba el inicio de los trabajos para construir un hotel de lujo a Inversiones Marylanza SL, la promotora de los Marichal. También figuran como administradores de la mercantil destacados empresarios de Tenerife como Martín García Garzón, fundador del Grupo Montesano, y Paco Gómez Méndez, uno de los principales accionistas de 5 Océanos y presidente de la Federación de Alimentación y Artículos de Consumo de Canarias (Facca).

Agustín Marichal, uno de los administradores de Marylanza SL, es el constructor y hotelero que hasta hace solo 5 meses presidía el PSOE de Arona. Hombre de la máxima confianza de Mena, al que apoyó para alcanzar la Alcaldía en 2015 y 2019, Agustín Marichal ha protagonizado sonadas polémicas en la grave crisis política del Ayuntamiento. En verano, atacó a funcionarios –”hay técnicos bichaditos que mangonean”–, fue acusado de presionar a ediles y altos cargos del partido, y llegó a lanzar acusaciones contra el presidente del Cabildo de Fuerteventura, el también socialista Blas Acosta, al atribuirle maniobras para controlar el urbanismo de Arona por intereses personales. El partido destituyó en agosto a Agustín Marichal como presidente del PSOE aronero –puso una junta gestora– y le abrió un expediente disciplinario, en paralelo al alcalde, por faltas “muy graves”. La orden de expulsión de Mena ya es definitiva, mientras la de Agustín Marichal está pendiente de resolución.

Una decisión de gran calado

El permiso a Marylanza, una licencia de obra mayor condicionada a la recepción de la urbanización del Plan Parcial, es la decisión de mayor calado que ha tomado Mena desde que en junio destituyó a Luis García y tomó el mando de Urbanismo y la Junta de Gobierno, en plena crisis institucional. Y también la más importante del Plan Parcial de El Mojón, una zona gigante de expansión turística y residencial –un millón de metros cuadrados, equivalente a 140 campos de fútbol–, hasta los años 70 ocupada por plantanciones de todo tipo, y que extenderá la trama urbana de Los Cristianos por encima de la autopista del Sur. No hay municipio en las Islas con semejante superficie lista para explotar. Pero tampoco hay ninguno en que se haya enredado tanto el urbanismo como Arona.

En los 24 años de historia de El Mojón solo se habían dado otras dos licencias de obra, de entre más de 80 parcelas habilitadas para proyectos privados. La primera fue a la misma promotora de los Marichal en el verano de 2018. Entonces, Marylanza solo tenía una de las dos parcelas de la manzana 19. Presentó un proyecto de hotel de lujo y recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno. La empresa de los Marichal, que ya explotaba un hotel exclusivo cerca de El Mojón –Marylanza Suites & Spa–, compró la segunda parcela y amplió el proyecto. Es el que recibió el pasado 21 de diciembre la licencia de obra mayor por parte de Mena. Otra licencia de obra de El Mojón se concedió también en 2018 a la cadena Spring Hotels, para otro gran complejo hotelero. No se ha aprobado ni una más, aunque hay alrededor de una decena pendientes de respuesta por parte del Ayuntamiento.

La inestabilidad política en la que se circunscribe la concesión de esta licencia, el hecho de beneficiar a un destacado aliado de quien la firma –el alcalde– y el contexto urbanístico del Plan Parcial han generado importantes dudas y críticas entre los opositores a Mena y la Junta de Compensación de El Mojón, la entidad que representa a los propietarios de las parcelas. Mena ha podido dar el permiso de forma directa a Marylanza al asumir, primero en abril y luego en junio, las principales competencias de la Junta de Gobierno, que hasta esta medida participaba de forma colegiada en la toma de decisiones. La Junta de Gobierno es un órgano fundamental de un ayuntamiento y representa al gobierno local y los demás partidos con representación en el pleno. De hecho, la primera licencia a la promotora de los Marichal y la otra a Spring Hotels sí pasaron por la Junta de Gobierno. El control de las principales competencias de la Junta de Gobierno –asumidas por la pandemia del coronavirus– y de la Concejalía de Urbanismo –al echar el propio José Julián Mena a Luis García– son, sin embargo, unos plenos poderes obtenidos –y utilizados– de forma excepcional.

“Perjuicios jurídicos”

Lo que también preocupa a opositores y propietarios son los “perjuicios jurídicos” que puede acarrear al Consistorio y los inversores la fórmula para la concesión del visto bueno al hotel de Marylanza. Lo advierte uno de los informes técnicos reflejados en la resolución favorable a la licencia, que habla de “consecuencias jurídicas” para el Consistorio que “deberán ser evaluadas por los servicios jurídicos”.

Hay un punto que es vital en todo este complejo proceso: el permiso de Mena a la promotora de los Marichal llega solo 5 meses después de que el propio alcalde rechazara la aprobación del esqueleto urbanístico en el que se inserta el hotel. Sin este entramado, ni el complejo de Marylanza ni cualquier otro proyecto podría iniciar su actividad. El 17 de agosto, José Julián Mena firma la resolución que rechaza la recepción de las obras de urbanización de El Mojón, el conjunto de calles, servicios, parques –dos que se situarán, cuando se inauguren, entre los mayores de Canarias– e instalaciones de telecomunicaciones que ha dado por acabado la Junta de Compensación. El rechazo está motivado por tres razones principales: la necesidad de incluir una pasarela-puente que una los dos grandes parques ya concluidos, la obligación de incluir el proyecto de una estación de bombeo de agua y la obligación de presentar los estudios de impacto ambiental de los referidos parques.

El rechazo a la urbanización

La negativa de Mena a recepcionar la urbanización supone un nuevo varapalo para el Plan Parcial de El Mojón. Lo frena en seco, los obstáculos se acumulan y no termina de salir adelante. Es mucho lo que está en juego: más de 1.000 millones de euros de inversión, más de 5.000 nuevas camas hoteleras y más de 6.000 empleos directos, en plena crisis económica ocasionada por la Covid-19. Alterará, además, la fisonomía del núcleo costero de Los Cristianos, uno de los de mayor desarrollo turístico de Canarias. La dimensión e importancia para el futuro de Arona son colosales.

La Junta de Compensación de El Mojón entiende que los argumentos del Ayuntamiento de rechazar la recepción de la urbanización sobrepasan las competencias municipales. Y la decisión también influye en la licencia de obras a Marylanza. El mismo documento de la resolución aclara, en las consideraciones de los técnicos municipales, que la licencia queda “condicionada” a la aprobación definitiva de toda esta red urbana. Es decir, hasta que esto no se produzca y se acredite el cumplimiento de la normativa, el hotel de los Marichal no podrá abrir aunque se acabe de construir. “El no otorgamiento de la licencia de primera ocupación” es lo que puede conllevar las consecuencias jurídicas y perjuicios al Ayuntamiento antes apuntados. Los afectados pueden reclamar responsabilidades patrimoniales a la administración en el caso de no poder abrir el hotel.

En la manzana 19

La mercantil Marylanza solicitó el permiso para iniciar la construcción del hotel de cinco estrellas Tenerife Blue Village, con capacidad para más de 650 camas y situado en la manzana 19 de El Mojón, el 11 de febrero de 2019. La empresa había ampliado el proyecto original tras adquirir la otra finca de la misma parcela. El coste de las obras a las que se ha dado permiso es de 33,5 millones. La empresa tuvo que solventar deficiencias en la documentación hasta tres veces ante los informes desfavorables de los técnicos municipales de Urbanismo.

La última entrega de documentación corregida se produce en octubre. Dos meses después, Mena firma el permiso de obra mayor para iniciar los trabajos del complejo de los Marichal. La licencia tiene una vigencia de 3 años. Los últimos planos del proyecto “subsanan” las dudas sobre la ocupación, cubierta, telecomunicaciones, línea eléctrica de media tensión y rampas de acceso a los sótanos. Y la nueva documentación de Marylanza “cumple” con el Plan General de Ordenación de Arona en vigor, el Plan Parcial de El Mojón, el Código Técnico de Edificación, la normativa de accesibilidad y la regulación en materia de carreteras del Cabildo de Tenerife.

La licencia al proyecto hotelero se produce en pleno terremoto político en Arona, con el urbanismo además como epicentro. La revisión del Plan General de Ordenación (PGO) –fue suspendido en 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias– y el mismo Plan de El Mojón han convertido a Arona en un objetivo muy codiciado por los inversores. Precisamente la destitución del edil de Urbanismo, Luis García, por parte de Mena desató en junio la crisis política. García había advertido al grupo de gobierno socialista –incluido el alcalde– de las actividades de una presunta trama, cercana a Mena, que coaccionaría y presionaría a técnicos municipales y empresarios para torcer su voluntad y acomodar la gestión urbanística a sus intereses. En ella aparecen el asesor de Mena, Nicolás Jorge, investigado por presuntos delitos de corrupción en su etapa como edil del PSOE en Granadilla de Abona, y el abogado Felipe Campos, famoso por su batalla jurídica contra el ruido del Carnaval de Santa Cruz entre 2007 y 2008, y cuya acción también fue clave para la suspensión del PGO de Arona en 2014.

Un panorama preocupante

La Fiscalía de la Audiencia Provincial investiga las revelaciones del exresponsable de Urbanismo –declara en julio en los juzgados de Arona a petición propia–, el gobierno aronero se ha roto –aun contando con mayoría absoluta del PSOE–, Mena ha perdido el control del pleno y, además, el alcalde ha sido expulsado de forma definitiva del PSOE y como secretario general de la agrupación local por negarse a entregar el acta y ser considerado por el partido como principal responsable de esta deriva institucional. José Julián Mena pasa a ser tránsfuga, se considerará edil no adscrito cuando lo reconozca –previsiblemente– el próximo pleno y el Ayuntamiento se expone a una moción de censura contra el alcalde. Pendientes quedan cientos de millones de euros de inversión, paralizados por la inseguridad que genera todo este panorama.