Coalición Canaria de Puerto de la Cruz ha vuelto a poner sobre la mesa el grave problema social y vecinal que supone la ocupación de las ruinas del edificio Iders por un número indeterminado de personas sin hogar, que viven en condiciones insalubres y peligrosas en plena avenida Betancourt y Molina. En el último pleno de 2020, el alcalde, Marco González (PSOE), ofreció a los nacionalistas la posibilidad de dejar sobre la mesa su moción sobre este “auténtico drama humano” para buscar una solución consensuada.

La portavoz nacionalista y exalcaldesa, Sandra Rodríguez, aceptó el ofrecimiento del gobierno de pactar una propuesta que marcará “la hoja de ruta de esa actuación integral que debe dar una solución al drama humano que supone el continuo aumento de personas sin hogar que viven en la ciudad y de manera especial al histórico problema del edificio Iders”.

Rodríguez lamenta que “el debate de esta propuesta se tornara incomprensiblemente agrio a pesar de que ya en comisión se había explicado al concejal del área de Derecho Social”, Jonás Santana (PSOE), “que la única intención de la propuesta presentada es reforzar la labor que desde el área se viene desarrollando en éste y en el anterior mandato y dotarnos de una herramienta y una hoja de ruta que permita dar solución al problema humanitario que, en el caso del Iders, debe preceder a la solución urbanística”. A juicio de Rodríguez, “se trata de dos cuestiones diferenciadas. En algún momento la solución urbanística va a necesitar que se haya resuelto el problema de la ocupación”.

“Tras cuestionar el concejal toda la labor anterior en este asunto y de acusar a esta portavoz de populismo y sensiblería, además de otros descalificativos, es de justicia agradecer el tono conciliador del alcalde, quien ha recogido el guante de nuestra propuesta para que de ella surja una moción institucional que recoja las necesidades de actuación con las personas sin hogar de nuestra ciudad. Es de agradecer que haya hecho primar el interés general a egos y personalismos”, sentencia Rodríguez.

El conflicto del Iders comenzó en 1991 y este año se cumplirán 30 años desde que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ordenaron el desalojo de las viviendas y locales comerciales del inmueble por una presunta aluminosis y un riesgo de derrumbe que se descartaron en 2007. A los problemas que sufren los propietarios, que han protagonizado una larguísima batalla administrativa y judicial para tratar de rehabilitar o reconstruir el inmueble, se ha sumado desde hace años el creciente número de okupas, que ha llegado a superar el centenar.

La propuesta de CC planteaba nueve acuerdos: limpiar y desinfectar las dependencias ocupadas; retomar la atención alimenticia y de aseo personal diario para las personas sin hogar; reforzar la presencia policial en la zona; poner en marcha un plan individualizado para “ofrecer, convencer y acompañar a quienes, de entre las personas sin hogar, pudieran ser atendidos y rehabilitados de sus adicciones”; poner a disposición de las personas sin hogar la atención médica, psicológica o psiquiátrica que necesiten; instar a la comunidad de propietarios a interponer la demanda de ocupación de la propiedad, “si no lo han hecho ya”; habilitar un espacio de acogida en la ciudad para estas personas sin hogar; iniciar los trámites legales necesarios para que aquellas personas sin hogar que cumplan las condiciones necesarias pasen a estar bajo la tutela de la Comunidad Autónoma, y requerir a los propietarios del Iders, “una vez que se produzca el desalojo y reubicación de las personas que allí viven, el cumplimiento de las ordenanzas en materia de vallados perimetrales y de mantenimiento de la propiedad”.