La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife esperará por el informe del Ministerio Fiscal para decidir sobre la aplicación de la sentencia que obliga a restaurar los hoyos existentes en los barrancos de Güímar causados por la extracción de áridos. La diligencia, emitida ayer, responde a la solicitud formulada por la acusación particular de que los empresarios condenados procedan a la “reparación íntegra” del daño causado mediante “la entrega de títulos”, es decir, que paguen con sus propiedades. Entre ellas, reclama que las canteras de áridos pasen a ser de titularidad pública.
La Audiencia Provincial da traslado de la ejecutoria a la Fiscalía Provincial para que informe sobre la posibilidad o no de que los condenados “y entidades responsables” puedan cumplir la sentencia, en los términos que fue emitida, “para la reparación del equilibrio ecológico perturbado” o sobre la sustitución de la mismas “por la de indemnización de daños y perjuicios”.
El 28 de enero de 2021 se cumplirán los cinco años de la sentencia que condenó a tres empresarios a restablecer el orden perturbado en los barrancos de Güímar
Todo ello, ante la posibilidad de que el próximo 28 de enero de 2021 prescriba la sentencia emitida en 2016 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que condenó a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia por extraer áridos de manera ilegal, durante más de 15 años, en los barrancos de Güímar. El 4 de abril del mismo año haría lo propio con Francisco Javier del Rosario, que sí estuvo en prisión. Para los tres primeros, la condena estipuló un año y tres meses de cárcel, pero su ejecución se suspendió durante dos años con la condición de que los industriales planificaran, ejecutaran y pagaran la restauración “del equilibrio ecológico perturbado”. Es decir, que cada uno debía elaborar un plan de restauración para su cantera o, en su defecto, le correspondía hacerlo a “las administraciones competentes”, que en este caso es el Gobierno de Canarias.
En un informe emitido el 2 de octubre, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias considera inejecutables los planes de restauración presentados, porque su aplicación generaría contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud. Todo ello como consecuencia de la necesidad de realizar 1.712.811 viajes de camión para rellenar los huecos dejados.
Ayuntamiento y acusación particular esperan que la Audiencia actúe e imposibilite la prescripción de la sentencia.
