Sí Podemos Canarias ha logrado el compromiso del Cabildo de Tenerife en la lucha contra las casas de apuestas y la ludopatía. El grupo insular declara que “las casas de apuestas están incrementando el número de jóvenes adictos al juego, algo que debemos atajar”.

La moción ha salido adelante con la incorporación de la enmienda del equipo de Gobierno. Un acuerdo institucional para hacer frente a la proliferación de casas de apuesta en la Isla. Gran paso para el grupo proponiente en la idea de mejorar el control en torno a estos negocios, que se han multiplicado exponencialmente e influyen en el desarrollo de la adicción al juego, especialmente entre la población menor de 30 años.

Entre las medidas aprobadas están instar al Gobierno de Canarias a establecer distancias más restrictivas entre los establecimientos para la práctica del juego y los centros educativos, de rehabilitación y hospitales; a promover y potenciar la apertura de centros sociales gestionados directamente por la juventud; a reforzar la prohibición de las terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos, casinos y bares; a implementar planes de inspección de los establecimientos o valorar programas de formación de la Policía Local. Asimismo se plantea aumentar las actividades informativas en los centros educativos, informes periódicos sobre la localización geográfica de las casas de apuestas y establecer medidas más restrictivas en cuanto a la publicidad del juego online.

Por otro lado, Sí Podemos exige al grupo de Gobierno “regular el uso, de carácter excepcional, de tarjetas de crédito en las empresas públicas”. Así lo expresa la portavoz, María José Belda, tras hacerse público que en los ejercicios 2015 y 2016, se produjo un gasto de 630.000 euros de dinero público en doce empresas del Cabildo.

Reseñar dentro de la actividad del grupo en los plenos, la defensa del consejero David Carballo de la LOMLOE, la denominada Ley Celaá, que califica como “un punto de partida hacia la Educación del siglo XXI”. Carballo ha afirmado que “una libertad que se basa en la capacidad económica de las familias no puede ser calificada como tal, sino como privilegio, por lo que no se sustenta el argumento”. Subraya que la Ley Celaá se compromete en “reforzar la educación pública como eje vertebral del sistema educativo”.