El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Tenerife calcula que el 80% de las okupaciones en el sur de la Isla no son llevadas a cabo por personas vulnerables. Así lo explica José Antonio Acevedo, vocal de la institución, en el marco de la Mesa de la Okupación, un foro multidisciplinar que ha tenido lugar esta semana. Acevedo califica a estas personas, ocho de cada diez, como “antisociales, que se enganchan a la luz de la comunidad, molestan y se dedican al narcotráfico o la prostitución". Así de contundente. Toma como base el avance al mayor estudio sobre ocupación ilegal de viviendas en la Isla, que estará terminado y publicado por el CAF a finales del próximo mes de enero. Este documento incluye una guía para asesorar a los propietarios.
Acevedo preside la Comisión de Okupación del CAF, un ente creado para denunciar el auge del fenómeno en la Isla y preparar ese informe a modo de balance demoledor. Incide en su idea: “Esto no tiene nada que ver con la pandemia. Lo que sí ha aumentado es la gente que paga un alquiler y ha dejado de hacerlo. Pero eso no es okupar”. Y sentencia: “Un okupa es el que rompe la puerta de una casa y se mete dentro a vivir”. Donde sí ha tenido que ver la Covid-19 es, según Acevedo, “en la reiterada frase no pasa nada que refuerza el sentido de impunidad de estas personas”. Acevedo insiste en la estadística: “Mi experiencia en el Sur de Tenerife coincide con el primer avance de las encuestas entre administradores para ese estudio”. El aval empírico le lleva a decir que “incluso, el porcentaje real de vulnerabilidad en quien ejerce de okupa no pasa del 5% aunque hayamos establecido un 20%”.
Un perfil delictivo
El perfil del okupa limita con la ilegalidad según esta fuente: “Narcodelincuentes, vividores en el amplio sentido de la palabra, proxenetas, extranjeros que se meten en casas porque es una manera más barata de vivir...”. Acevedo establece diferencias geográficas en Tenerife. “El Norte es una cosa y el Sur o el Área Metropolitana otra, pero se repite una pauta en común”. Desvela una situación sorprendente: “hay ocupas de segunda residencia. Ni uno ni dos, sino bastantes. Viven en Santa Cruz , por ejemplo, y han okupado en el Sur”.
Concluye el vocal del CAF con la idea de que el allanamiento de morada y la ocupación –sin k– de viviendas, leve o grave, son “delitos que existen en el Código Penal desde siempre”. Aunque, detalla, tanto las Fuerzas de Seguridad como la Justicia “han sido laxas” al afrontarlos. “Bien es verdad –aclara– que hasta ahora no se han sentido lo suficientemente protegidos a la hora de actuar”.
Los participantes en la mesa de trabajo sobre okupación organizada por el CAF confían, en este sentido, en que las medidas legales adoptadas recientemente por Interior y la Fiscalía General obtengan resultados. Con la idea de que los dueños conozcan y dispongan de las herramientas para defender su propiedad.
El foro de debate ha supuesto una oportunidad extraordinaria de conocer distintos puntos de vista sobre el asunto. Han participado, además de Acevedo, el abogado Javier Cenzual; el presidente de la Asociación de Vecinos Tinguaro de Barrio Nuevo (La Laguna), Juan Luis Marín, y dos representantes de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional: el inspector de la Comisaría Provincial, Ángel González Gómez, y la policía Elena Rodríguez Martín, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Junto a Acevedo, explicó la experiencia de comunidades con viviendas ocupadas la también vocal del CAF tinerfeño, Ana Isabel Rancel.
Acevedo es claro al hablar de la okupación como “un delito”. Advierte de que “no se puede justificar en ninguna de sus formas” aunque admite que “es un tema complejo”. Cuestiona como “a veces son los denunciantes los que denunciados por los okupas”.
Los dos administradores relatan casos que sufren sus clientes, propietarios y comunidades. Desde el enganche a la luz o romper cuadros eléctricos a meterse en la terraza del vecino, montar fiestas, follones y peleas, molestar con música, traficar con droga o dedicarse a la prostitución. No obstante, la conclusión del encuentro es la confianza en que vayan dando resultado las recientes instrucciones del Ministerio de Interior y la Fiscalía General del Estado para mejorar la lucha contra la okupación ilegal.
Rancel añade el peligro que supone la ocupación de viviendas para las inversiones en las Islas, por la falta de seguridad. "Aunque también hay inversores espabilados que se aprovechan de la situación para tratar de rebajar los precios", apunta. La vocal del CAF finaliza el encuentro con una comparación: "Nadie concibe que si te roban un coche hay que esperar al juicio para que se bajen de él".
Confiar en la Policía
Los representantes de la Policía Nacional animan a la ciudadanía a informarse en la Delegación de Participación Ciudadana y en las comisarías para saber qué hacer y cómo denunciar. Explicaron el procedimiento que sigue al momento en el que se requiere su intervención. En primer lugar, la comprobación del título de la vivienda y otras pruebas documentales. Luego, el testimonio de vecinos, la violencia empleada o la rotura de cerraduras, etcétera. Es decir, todo lo que sirva para denunciar la propia ocupación ilegal de la vivienda y otros delitos que puedan añadirse como daños, amenazas o la violencia. Además, los agentes destacaron la facilidad de denunciar estas situaciones, incluso con fotos, a través de la aplicación AlertCop.
Los dos policías advierten del riesgo de contratar a las llamadas empresas desokupas, ya que, "dependiendo de lo que hagan, quienes les pagan podría incurrir también en un delito de coacciones o amenazas". Y lanzan un mensaje a la ciudadanía para que confíe en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la Justicia.
En igual sentido, el abogado Javier Cenzual defendió que existen herramientas para luchar contra la ocupación. Cita las instrucciones que se emitieron en septiembre pasado por parte del Ministerio de Interior y de la Fiscalía General. "El dibujo que hacen los administradores de fincas de la situación es real”, reconoce pero quiere ser “constructivo” y pensar que, con todas las medidas legales que se están tomando, hay una solución", asevera. Y no obvia que la falta de vivienda pública en las islas es un factor que contribuye a la ocupación ilegal, "aunque no lo justifica en absoluto", sentencia.
El modelo vasco
Según apunta Juan Luis Marín, a esta falta de vivienda pública se refirió el Diputado del Común en su reciente visita al barrio lagunero de Barrio Nuevo. En este marco Rafael Yanes explicó que iba a recomendar copiar el modelo de vivienda pública del País Vasco en el que a las familias sin recursos se les presta una vivienda, que deben abandonar cuando su situación de vulnerabilidad acaba. Marín reconoce que las okupaciones están protagonizando tristemente el día a día de los vecinos “y el fenómeno ha aumentado con la crisis”, subraya.
El presidente de la entidad vecinal lagunera se muestra muy agradecido por la celebración del encuentro y por la información aportada, que va a trasladar a los vecinos en una próxima reunión. Resalta la importancia de los medios de comunicación y de seguir "presionando para que los afectados no se sientan desamparados", concluye Marín. Administradores de Fincas, policías y vecinos se pronuncian y debaten. Queda una cuarta y fundamental pata: el okupa.
