El presidente del Comité de Empresa de Tragsa, Ignacio Hernández Marrero, de CCOO, denuncia que, "si nadie lo impide", el Cabildo de Tenerife “precarizará” en unos días los servicios que llevan más de dos décadas encargados a la empresa pública “y una treintena de trabajadores perderá su empleo”. En respuesta a esta situación, el sindicato ha convocado tres concentraciones. La primera fue ayer, frente a las puertas del Palacio Insular; la segunda tendrá lugar mañana, en el Parque Nacional del Teide, y la tercera está prevista el viernes, también frente al Cabildo, coincidiendo con el pleno de la Corporación insular.

En esa sesión, Sí Podemos Canarias presenta una moción que solicita “reajustar el presupuesto de Tragsa" y “garantizar la continuidad de los trabajadores". Hernández incide en “la pérdida de un valioso capital humano, cualificado y eficaz” y “en el deterioro significativo en la gestión de los servicios”. Algunos de ellos “pueden pasar a manos privadas o prestarse en condiciones mucho más precarias”, valora.

El representante sindical explica que “Tragsa es una empresa de capital cien por cien público” y considera “un tremendo error sanear el erario a costa de los salarios de los trabajadores”. CCOO critica que el Cabildo intente ahorrar con "la merma de esos salarios y de las condiciones laborales". Cree Hernández que “no puede ser una máquina de crear pobres aún teniendo empleo”. Exige “que se deje de mercadear con personas y se mantengan con garantías los puestos de trabajo”

“Ni precariedad laboral ni destrucción de empleo en plena pandemia que, como se ve, no solo es sanitaria”, subraya y sentencia: “No se puede usar el coronavirus como excusa para todo”. Critica Hernández “la falta de responsabilidad social corporativa de empresas públicas que judicializan eternamente las relaciones laborales y perjudican los logros en derechos de sus trabajadores”.

Acuerdo plenario

Hernández recuerda que hace un año el Cabildo también trató de introducir una empresa de seguridad privada en el Parque Nacional del Teide. "Y conseguimos detenerlo", subraya. Desde CCOO apelan, además, al compromiso adoptado por el pleno del 31 octubre de 2019, “en donde todas las fuerzas políticas, por unanimidad, acordaron garantizar la continuidad del personal de estos servicios”.

Hernández denuncia, además, las contradicciones. Por un lado, "el Cabildo dice que el nuevo presupuesto es desorbitado" y, por el otro, "Tragsa mantiene que son las tarifas que están publicadas en el Boletín Oficial y no se pueden modificar", detalla. Estas informaciones, asegura, “no nos han llegado de forma directa, pues no hemos sido recibidos ni atendidos".

Entre las actividades realizadas por el Grupo Tragsa destaca la dirección del Cecopin, su participación en campañas de extinción y prevención de incendios forestales y el apoyo a la vigilancia en el Parque Nacional del Teide.

“Tragsa presupuesta un 141% más”

Pedro Martín, presidente del Cabildo, aclara que “el de Tragsa no es personal que haya contratado el Cabildo, sino la propia empresa, sociedad pública del Estado”. Por lo tanto, explica, “sus reivindicaciones tienen que realizarse frente a su empresa”. Valora Martín que “el Cabildo contrató los servicios a la empresa para realizar tareas de vigilancia en el Parque Nacional del Teide”, pero, aclara, “esas labores fueron denunciadas por un sindicato del sector de la seguridad”. Este sindicato ganó el juicio a Tragsa y, por ello, los trabajadores contratados para vigilancia no podían hacerla. A pesar de que no realizaban las funciones para las que fueron contratados, “continuaron un año más”. Para 2021 “nos encontramos con que los trabajadores de Tragsa continúan sin poder cumplir las labores de vigilancia para las necesidades que tiene el Parque”, apostilla Martín. Detalla que “el importe que la empresa nos propone para 2021 aumenta en 260.386 euros, un 141% más, del presupuesto inicial”. Martín concluye: “El Cabildo encarga un servicio de vigilancia y por sentencia judicial no lo puede realizar Tragsa y, en una situación de crisis económica, su presupuesto aumenta en 260.386 euros por el mismo servicio. Esto hace muy difícil justificar esta contratación”.