La acusación particular en el conocido como caso áridos solicita la “reparación íntegra” del daño causado en los barrancos de Güímar a cargo de los cuatro empresario que fueron condenados como “autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Para ello, plantea “la entrega de títulos”, es decir, que paguen con sus propiedades. Entre ellas, reclama que las canteras de áridos pasen a ser de titularidad pública.
Este argumento fue adelantado por el abogado Carlos Álvarez en el momento en que el Ayuntamiento de Güímar, también personado en la causa, pidió a la Audiencia Provincial que inste al Gobierno de Canarias a cumplir la sentencia y le requiera la adaptación de los planes de restauración a la condena, que obliga a los empresarios a rellenar las canteras de las que extrajeron árido, así como a establecer las directrices que permitan restaurar las zonas afectadas de forma coordinada y adecuada, desde el punto de vista medioambiental.
El próximo 28 de enero de 2021 podría prescribir la sentencia emitida en 2016 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que condenó a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia por extraer áridos de manera ilegal, durante más de 15 años, en los barrancos de Güímar. El 4 de abril del mismo año haría lo propio con Francisco Javier del Rosario, que sí estuvo en prisión. Para los tres primeros, la condena estipuló un año y tres meses de cárcel, pero su ejecución se suspendió durante dos años con la condición de que los industriales planificaran, ejecutaran y pagaran la restauración “del equilibrio ecológico perturbado”. Es decir, que cada uno debía elaborar un plan de restauración para su cantera o, en su defecto, le correspondía hacerlo a “las administraciones competentes”, que en este caso es el Gobierno de Canarias.
Nada de eso se ha materializado y ante la perspectiva de que se produzca la prescripción –existen dudas sobre ello en las administraciones regional y municipal–, la Audiencia Provincial será la que determine si los condenados mantienen la titularidad del terreno que no han restaurado o el mismo pasa a manos públicas.
Ante la posibilidad de que prescriba la sentencia, aumentan los movimientos para evitar más perjuicios
La prescripción de la condena en los términos que se produjo es una cuestión sobre la que los letrados consultados –los tres quieren permanecer en el anonimato– difieren. De hecho, solo coinciden en dos cuestiones: señalar que a esta situación se llega por “dejadez”, “abandono”, “falta de control” o “algún presunto interés” –todo ello lo expesaron en algún momento de las conversaciones– por parte de las administraciones (Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Güímar) y en hacer suyas las palabras que utilizó el concejal güimarero Francisco Hernández Armas (PP), denunciante del caso áridos: “Tratan (desde el Ejecutivo autonómico) de salvar el culo a aquellos que tienen que pagar”.
Lo dijo en el transcurso de la sesión plenaria en la que el Ayuntamiento exigió el cumplimiento de la sentencia, se opuso al informe del Gobierno canario que rechaza los planes de restauración presentados a tal fin, y acordó conceder a la Consejería de Industria un mes para que explique qué hará si, finalmente, los considera inejecutables. Aunque no quedó explícito en el acuerdo plenario, los grupos políticos coinciden en que, expirado ese plazo, el Ayuntamiento emprenderá acciones legales contra dicha consejería. Ello pasa porque Industria –respondiendo al Ayuntamiento o a la Audiencia– identifique a quienes son los responsables del cumplimiento de las sentencias y de los expedientes necesarios para ejecutarlas, tanto políticos como técnicos. En consonancia con lo manifestado recientemente por el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, entre los letrados consultados son mayoría los que llaman la atención sobre la cuestión de la prescripción de la sentencia y sus consecuencias: “Si prescribe, no solo los condenados se pueden ir de rositas, sino que cabe la posibilidad de que tengan derecho a reclamar daños y perjuicios”.
En espera de la fecha
Aunque se desconoce aún la fecha, la Audiencia Provincial deberá pronunciarse en breve sobre las alegaciones presentadas por todas las partes implicadas sobre el plan de restauración de los barrancos de Güímar, marco en el que se plantea la petición de que los condenados paguen con propiedades si no disponen de recursos económicos. Se espera que el órgano judicial se pronuncie “en un sentido similar al que lo hizo en el caso Las Teresitas y acepte la entrega de inmuebles para cubrir el importe del coste de la rehabilitación de las seis canteras situadas en 4,5 kilómetros de recorrido lineal en los cauces de los barrancos El Río, Guaza o Fregenal, Badajoz y Los Guirres.
Las circunstancias actuales reflejan que solo uno de los condenados, Antonio Plasencia, parece estar en condiciones de afrontar su parte aportando propiedades. Entre los tres restantes, los hay que se han declarado insolventes y una de las canteras está actualmente en manos de un abogado que la obtuvo en un concurso de acreedores. “Los areneros son pobres ahora”, señala Carlos Álvarez con ironía.
