La tasación utilizada en el caso Geneto fue un desastre. Es la conclusión que se deduce del informe del interventor general del Cabildo de Tenerife, Antonio Messía, firmado el pasado 9 de octubre, que destapó una operación urbanística presuntamente corrupta. Messía denuncia innumerables irregularidades en la compra por parte del Cabildo, el 24 de enero de 2012, de dos fincas de la Ciudad Deportivo de Geneto (La Laguna) al Club Deportivo Tenerife y la empresa público-privada NAP de África Occidental Islas Canarias SA y por las que la Corporación insular pagó 18,9 millones de euros públicos, cuando esos terrenos costaban en realidad 3 millones.
Aparte de que la voloración estaba inflada en un 524%, siempre según el informe Messía, se saltó una serie de requisitos imprescindibles para ajustarse a las normas que regulan estas operaciones. De esta manera, la tasación debía haber incluido una serie de autorizaciones para que fuera válida, como el informe favorable del Consejo Insular de Aguas, el visto bueno del Ministerio de Defensa –al encontrarse los terrenos en una zona de seguridad militar– y la autorización de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias. Pero carecía de todas ellas y, por tanto, el precio se alejaba todavía más del real. Tampoco tuvo en cuenta las determinaciones recogidas en el pleno del Cabildo del 30 de octubre de 2009.
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife SA, dependiente del Cabildo, fue la empresa pública –cuyo nombre comercial es INtech Tenerife– a través de la cual la Corporación insular adquirió las dos fincas que ocupan una superficie de 30.700 metros cuadrados en la época en la que el presidente insular era Ricardo Melchior (CC). Es la operación que centra la denuncia del interventor general y que ya investiga la Fiscalía provincial. Messía considera que existen indicios de la comisión de los posibles delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable.
La valoración realizada como garantía hipotecaria por Tasaciones Inmobiliarias SA (Tinsa), con la que solía trabajar CajaCanarias, se realiza el 19 de mayo de 2011 por Javier Risco, el mismo arquitecto técnico que tuvo que declarar en el juicio del caso Las Teresitas por inflar el precio de los terrenos de la playa chicharrera en el mayor caso de corrupción de la historia de Canarias. El arquitecto técnico calculó que la finca de 17.442 metros cuadrados tenía un valor de 3.891.897 euros, mientras que la otra finca, de 13.258 metros cuadrados, valía 15.100.562 euros. Esto hace un total de los dos terrenos de 18.992.460 euros. Para empezar, según el informe Messía y “con el valor catastral actualizado de 2017”, el primer lote tenía un valor de 1.321.748 euros y el segundo, de 1.717.675 euros; esto es, un total de 3.039.424 euros. Aparte de que la cantidad dista mucho de la pagada, llama la atención el desequilibrio en la diferencia entre los lotes de la tasación de Tinsa y de la expresada por el interventor del Cabildo.
Pero el desequilibrio no solo se produce en esta comparación, sino también en la del dinero pagado por el Cabildo, a través de INtech Tenerife. Tal y como explica Antonio Messía, las cantidades pagadas por la Corporación insular solo se ajustan a la cantidad total de los dos lotes de terrenos, pero no al precio estipulado por la tasación para cada uno de ellos. Así, el Cabildo pagó al NAP 5.992.460 por la finca de 17.442 metros cuadrados y 13.000.000 al CD Tenerife por la finca de 13.258 metros cuadrados. “Si bien el valor de la compra total es equivalente al de la tasación, este no coincide en su distribución entre las fincas, con un desfase de 2,1 millones de euros”.
El día que cerró la operación con el NAP y el CD Tenerife la tasación llevaba dos meses caducada
Además de los indicios de los posibles delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable, Antonio Messía reprocha al Cabildo que “no se dieran los elementales principios de prudencia y buena gestión financiera” ante un gasto tan desmesurado para el precio real de los solares de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife en la localidad lagunera de Geneto. “No se respetó el principio de buena administración. Puede haberse producido un menoscabo de caudales públicos”, subraya el encargado de fiscalizar todos los actos del Cabildo.
La sucesión de presuntas irregularidades de la tasación no acaba ahí. El desorbitado coste que pagó el Cabildo con dinero público, tal y como enfatiza el funcionario, se debió en gran parte a la utilización como referencia de lugares muy alejados de Geneto, tanto en lo físico como en las características dotacionales. Según explica Messía, el tasador utilizó para valorar los terrenos de Geneto, en las afueras de La Laguna, precios del metro cuadrado de oficinas y locales ubicados en calles comerciales en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, como la calle El Pilar, Castillo, Valentín Sanz, Ramón y Cajal, Villalba Hervás, Rambla Pulido o las plazas de Weyler y la Candelaria.
El presidente del Cabildo, el socialista Pedro Martín, mostró el jueves en rueda de prensa su estupefacción por este hecho. “Nos encontramos que terrenos que no están urbanizados, que además están en un lugar alejado y que no tienen dotaciones públicas, se comparan en su valor con terrenos o parcelas ubicadas en pleno centro de Santa Cruz, con un metro cuadrado que está entre los más caros de Tenerife”, aseguró el responsable insular.
No acaba aquí la lista de incorrecciones de la tasación. “El periodo de vigencia del certificado elaborado por la empresa Tinsa, de fecha 19 de mayo de 2011, expiraba el 18 de noviembre de ese mismo año, fecha anterior a la escritura de compraventa de los terrenos del CD Tenerife y el NAP”, que se produjo el 24 de enero de 2012. Es decir, el Cabildo, a través de Parque Tecnológico Tenerife SA, compra unos terrenos por el quíntuple de su valor y en virtud de una tasación que estaba caducada, con lo cual no tenía validez. Ocho años después, en los terrenos que compró el Cabildo en Geneto para construir un parque tecnológico sigue creciendo la mala hierba. Cinco meses antes de la operación, la Corporación insular ya había decidido colocar este centro de desarrollo e innovación en Cuevas Blancas, donde hoy continúan las obras.
Una de las cuestiones que más extrañan del caso Geneto es que el Cabildo se gastara casi 19 millones de euros por unos terrenos para construir un parque tecnológico cuando este ya estaba fijado para Cuevas Blancas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
