AUP-SSP, partido que cogobierna San Juan de la Rambla con el PSOE y AIS-CC, señaló ayer que, tras la sentencia que inhabilita a la alcaldesa, Fidela Velázquez, "se hace irrenunciable cumplir con la ley e instamos a la señora Velázquez a que siga el procedimiento de la sentencia judicial que la inhabilita como cargo público". Al tiempo, Juan Siverio (primer teniente de alcalde), solicita un informe jurídico a la Secretaría municipal respecto a la sentencia "y a la seguridad jurídica en la que nos sitúa en este momento".
En un comunicado oficial, AUP-SSP "tiende la mano al PSOE ramblero para continuar con el proyecto político progresista que venimos desarrollando desde hace más de un año como socios de gobierno". En esa línea, manifiesta que en esta formación "estamos convencidos de que se tomará una decisión pensando en el bienestar y la estabilidad política de la que goza en la actualidad San Juan de la Rambla".
El PSOE quiere medidas
La respuesta de los socialistas no se hizo esperar y, en otro comunicado, el PSOE hizo pública su solicitud a la alcaldesa de que, "tras las manifestaciones políticas" realizadas por sus socios en el pacto municipal, "se tomen las decisiones de gobierno oportunas al respecto".
Asimismo, los socialistas rambleros se amparan en que la sentencia "no firme" dictada por el Juzgado de lo Penal "no contempla, ni refleja, ni ordena ningún procedimiento relativo a la dimisión de nuestra alcaldesa, Fidela Velázquez Manuel".
Para el PSOE local, y más allá del recurso de apelación que pueda interponer la afectada contra la mencionada sentencia en el proceso penal, "lo que ha activado" la citada resolución judicial "es un mecanismo contemplado en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General que deben aclarar la Junta Electoral Central y la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla".
Derechos fundamentales
En todo caso, los socialistas aluden a que "la prudencia jurídica exige siempre velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas que ejercen un derecho de sufragio pasivo", y apostilla que los mismos, "como consecuencia de los análisis sesgados y poco rigurosos, pueden verse vulnerados por determinadas actuaciones indeseables".
La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, fue condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito de prevaricación al indemnizar con 4.220 euros al medianero de un terreno adquirido por el Ayuntamiento ramblero en 2005, en contra del criterio del secretario y del interventor del Consistorio, y por aprobar un decreto de pago a trabajadores municipales por horas o servicios extraordinarios sin seguir el procedimiento establecido.
La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife también condena a siete años de inhabilitación al exconcejal ramblero y dimitido director insular de Seguridad del Cabildo de Tenerife y presidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, Cayetano Silva, y al exedil Víctor Manuel García, actualmente retirado de la vida política, por aprobar el citado pago al aparcero.
