El alcalde de Güímar, Airam Puerta, asegura que "no descarto emprender acciones judiciales" contra el Gobierno de Canarias "si fuese necesario", en el marco de la polémica por la inejecución de la sentencia que condena a cuatro empresarios a restaurar las canteras de las que extrajeron árido en los barrancos del municipio. Polémica incrementada con un informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente que consideró inejecutables los planes de restauración presentados por algunos de los condenados.

Carlos Álvarez, abogado de la acusación particular, se inclina por reclamar al Ejecutivo regional "los daños y perjuicios que proceden por la no aprobación de los planes de restauración" por parte de la Dirección General de Industria del Gobierno regional. Esta es otra vía que se abre en el proceso, de forma que el letrado valora como importante "el requerimiento de títulos a los empresarios areneros de los hoyos en los que se ubican las canteras". Es decir, que la propiedad de las seis zonas de las que se extrajo árido pase a ser de la Administración pública.

El 28 de enero de 2016, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declaró "autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente" a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, por extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar. La sentencia los condenó a un año y tres meses de cárcel, suspendida durante dos años con la condición de presentar los planes "condicionada al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia". En ella se especifica que "deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes". El 4 de abril de ese año, fue condenado Francisco Javier del Rosario, que no participó del acuerdo anterior.

Esta semana, la Alcaldía pidió a la Audiencia que inste a la Dirección General de Industria a que requiera la adaptación de los planes de restauración a la sentencia y a establecer las directrices que permitan restaurar las zonas afectadas de forma coordinada y adecuada. Asimismo, le solicita que recabe el informe del servicio responsable de la tramitación de dichos planes "donde se explicite las razones y los nombres y apellidos de los técnicos y directivo responsables de su demora en la tramitación y su posible conducta omisiva", ante la posible prescripción de la condena.