En cumplimiento del acuerdo plenario adoptado el 23 de octubre pasado, el Ayuntamiento de Güímar presentó ante la Audiencia Provincial las alegaciones en relación al informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en el que se consideran inejecutables los planes de restauración de las canteras de áridos situadas en los barrancos del municipio. En las mismas, el Consistorio plantea al órgano judicial que inste a la Dirección General de Industria a que requiera la adaptación de dichos planes a la sentencia que obliga a los empresarios a rellenar las canteras de áridos y a establecer las directrices que permitan restaurar las zonas afectadas de forma coordinada y adecuada, desde el punto de vista medioambiental.
Asimismo, la Corporación güimarera también solicita a la Audiencia Provincial que requiera a la Dirección General de Industria el informe técnico del responsable del Servicio de Minas referido al cumplimiento, por parte de los condenados, de la normativa sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, que ya en 2009 obligaba a restaurar las canteras.
Responsables. Con el propósito de adoptar con posterioridad las medidas legales a que haya lugar -en consonancia con el acuerdo plenario-, el Consistorio le pide a la Audiencia que recabe de la referida dirección general el informe del servicio responsable de la tramitación de los denominados Proyectos de actualización de restauración de las canteras de Güímar, "donde se explicite las razones y los nombres y apellidos de los técnicos y directivo responsables de su demora en la tramitación y su posible conducta omisiva", ante la posible prescripción de la condena.
Todo ello si la Dirección General de Industria no cumple con lo demandado por el Ayuntamiento de Güímar, "no siendo para nada entendible que pudiera considerarse la imposibilidad de ejecución" de la sentencia.
La condena. El 28 de enero de 2016, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declaró "autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente" a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, acusados de extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar. La sentencia los condenó a un año y tres meses de cárcel, suspendida durante dos años "condicionada al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia". En ella se especifica que para restaurar la zona "deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes".
El 4 de abril de ese año también fue condenado Francisco Javier del Rosario, que no participó del acuerdo con la Fiscalía que evitó la entrada en la cárcel de los tres citados. El Ayuntamiento de Güímar presta atención especial al caso de este empresario en sus alegaciones a la Audiencia y ante la dirección general.
El informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, de 2 de octubre de 2020, dispone expresamente en las conclusiones que existen "múltiples carencias y contradicciones detectadas en la totalidad de los planes de restauración presentados". El Consistorio suplica a la Audiencia que declare que "el condenado, a día de hoy no ha iniciado ni siquiera la primera fase del cumplimiento de la sentencia", es decir, la presentación de proyectos de restauración de sus canteras.
El Ayuntamiento de Güímar deja claro a Industria y a la Audiencia "la absoluta disconformidad municipal con el contenido del informe emitido".
