El director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo y presidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, Cayetano Silva, presentó ayer su dimisión tras la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife que le condena a 7 años de inhabilitación por, siendo concejal de San Juan de la Rambla, cometer un delito de prevaricación al aprobar el pago de una indemnización de 4.220 euros al medianero de un terreno adquirido por el Ayuntamiento ramblero.
En el documento presentado al presidente de la Corporación insular, Pedro Martín, Cayetano Silva explica que "dada la situación actual y conociendo el Código Ético de mi partido (PSOE), he decidido dar un paso a un lado y, a la vez, anuncio un recurso contra la sentencia", según dio a conocer ayer a través de un comunicado.
"Agradezco la oportunidad que he tenido de trabajar durante este año con grandes profesionales", apuntó Silva en el mismo comunicado, en el que también destacó "la labor del Consorcio de Bomberos, Protección Civil, en general, los ayuntamientos de la Isla, así como la de todo el personal del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad". En su despedida del cargo, el director insular de Seguridad y Emergencias expuso que "ha sido un periodo de trabajo intenso y muy gratificante, en el que he podido contar con la colaboración de personas e instituciones de toda la Isla".
Cayetano Silva es uno de los tres cargos públicos condenados tras el juicio celebrado el 2 de octubre. La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, es la más perjudicada, con 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito de prevaricación por la citada indemnización de 4.220 euros al medianero, en contra del criterio del secretario y del interventor del Consistorio, y por aprobar un decreto de pago a trabajadores municipales por horas o servicios extraordinarios sin seguir el procedimiento establecido, un día antes de la moción de censura presentada en el año 2013.
En la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de noviembre de 2012, en la que fue aprobado el pago al aparcero, el secretario municipal, Fernando Ramón Pantaleón Alonso, hizo una advertencia verbal respecto a la posible ilegalidad sobre dicho pago, pero para Cayetano Silva "fue un comentario, no un informe negativo fundamentado", según declaró ante la jueza.
Este proceso judicial tiene su origen en una denuncia presentada por Tomás Mesa, exalcalde de San Juan de la Rambla, con el asesoramiento de Liria Falcón, quien en la actualidad es la única concejal del Partido Popular.
