El Cabildo de Tenerife aprobó ayer por unanimidad una moción relativa al derecho a la vivienda y que tiene como objetivo varias medidas para abordar los problemas de carencias habitacionales que se han visto incrementadas tras la crisis social y económica derivada de la pandemia de la covid-19, entre las que destaca la redacción de un protocolo para evitar desahucios de familias y menores.
El texto debatido durante el pleno incluye impulsar desde el Cabildo la elaboración de un modelo de ordenanza o reglamento municipal cuyo contenido desarrolle un protocolo de actuación, a fin de evitar cualquier tipo de desahucio a familias y menores sin alternativa habitacional. "Además, se acuerda la convocatoria de inmediato del Consejo Insular de la Vivienda, al objeto de reactivar su actividad", según informaron desde la institución insular a través de una nota de prensa.
Del mismo modo, se insta desde la corporación al Gobierno de Canarias a la creación de una Mesa de Emergencia Habitacional, vinculada a la emergencia sociosanitaria provocada por la covid-19 y sus consecuencias en la Isla de Tenerife, en la que esté presente, como administraciones con competencias en la materia, el Gobierno de Canarias, el propio Cabildo y los ayuntamientos, así como representaciones de entidades financieras o asociaciones de personas afectadas por desahucios, entre otros colectivos.
Por último, se pide al Ejecutivo regional que, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), interceda con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para que ceda al Cabildo de Tenerife, y en su defecto a los municipios de la Isla, la cesión de inmuebles destinados por el planeamiento al uso de vivienda, para la puesta en régimen de alquiler social.
Otro de los puntos que se incluye en el documento que fue abordado en la sesión plenaria de este viernes es la de solicitar a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) que se dirija a la Sareb en el mismo sentido a fin de lograr avances en esta materia.
