El Pleno de Candelaria rechazó ayer un recurso de reposición contra la aprobación definitiva de la normativa que regirá la Junta de Compensación responsable de desarrollar urbanísticamente el suelo situado entre el CEIP Punta Larga y la TF-1. Superficie en la que los promotores están obligados a destinar el 24% para construir viviendas de protección oficial y de aportar suelo para equipamiento público.

La alcaldesa, María Concepción Brito, aseguró que cuenta los informes preceptivos en sentido favorable y anunció que el gobierno municipal vigilará el cumplimiento estricto de lo contemplado y que se desarrolle en su totalidad. A su juicio, es "un ejemplo de las unidades urbanísticas que debían desarrollarse y no se pudieron realizar" hasta el momento.

Solo el concejal de Ciudadanos apoyó esta iniciativa y CC se sumó al rechazo de Sí se Puede, cuya portavoz, Mayca Coello, afirmó que "no existen garantías suficientes para terminar la fase de urbanización", cuyo coste supera los 2,2 millones de euros, pero la fianza que se exige a los promotores -que son propietarios solo del 45,82% del suelo y no del 50% exigible por ley- es del 15%.

El Grupo Popular y Vecinos por Candelaria se abstuvieron en este punto, quedándose solos los concejales del PP en el caso de la designación de representante municipal en la Asamblea General y el Consejo Rector de la Junta de Compensación del ASU 1-B Punta Larga-Las Arenas, el que incluye el gran parque urbano.

CC y SsP aprovecharon para reprochar la "dejación" del gobierno local en este asunto, ya que de este proyecto, que debió estar culminado en 2008, solo existe una parte utilizada como parque para perros. "Es un caso paradigmático de la falta de respeto y la vulneración del interés general", señaló la portavoz ecosocialista, Mayca Coello. Ambos partidos criticaron la demora de cinco años en sustituir a Domingo Ramos, exconcejal de Urbanismo, como representante municipal. La alcaldesa considera que su equipo de gobierno no se merece estos "reproches".

El Pleno fue unánime al demandar del Gobierno canario que licite la construcción del nuevo comedor del CEIP Punta Larga.