El CEST insiste en usar los puertos y aeropuertos para la realización de test

A juicio del presidente del CEST, Roberto Ucelay, el Decreto Ley que el Ejecutivo autonómico pretende aprobar en el Consejo de Gobierno del próximo viernes "apunta en la dirección correcta, pero no deja de ser un primer paso".

"Canarias no puede permitirse renunciar a hacer los test donde en mayor medida ayudarían a contener al virus. Es en los aeropuertos y puertos donde deben realizarse tanto a turistas como a viajeros en general, vengan de dónde vengan y a lo que vengan, así lo defiende el CEST y esta también es la posición de la CEOE o de la inmensa mayoría de organizaciones empresariales y fuerzas sindicales", ha afirmado Ucelay.

Empresarios y profesionales esperan que de forma urgente el Gobierno de Canarias active otras medidas para testar a quienes vengan a las islas, tanto si son turistas como si no lo son. Desde el CEST se advierte de que la segunda ola de la COVID-19 ha tenido una mayor incidencia en zonas urbanas no turísticas y reitera su demanda de que se utilicen las instalaciones aeroportuarias para realizar los controles.

El CEST ha mostrado su sorpresa por las reticencias de los Ministerios de Transportes y Sanidad del Gobierno de España respecto a la utilización de puertos y aeropuertos para poner en marcha la logística que requiere la realización de los test. En este orden de cosas, los empresarios insisten en la oportunidad de que se implante un modelo de rastreo con códigos QR, plataforma que ha sido desarrollada por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife.

En este orden de cosas, desde el CEST se considera que la caravana prevista para el próximo viernes "es ahora más necesaria que nunca". "Es imprescindible movilizarse para exigir que pongan en marcha, pero ya, todos los instrumentos que nos permite el estado de alarma para incrementar la seguridad sanitaria de quienes vivimos en las Islas y la de aquellos que nos visitan sean o no turistas", ha recalcado Roberto Ucelay.

Empresarios y profesionales creen imprescindible que las administraciones implicadas despejen algunas de las incógnitas que continúan en el aire, entre otras las relativas a si el alquiler vacacional quedará o no fuera de la nueva normativa exigiendo los citados controles o si finalmente se utilizarán las instalaciones aeroportuarias o carpas anexas en su defecto si el Gobierno de España deniega la utilización de los edificios de AENA.