Sentada la base de exigir el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a cuatro empresarios a rehabilitar los hoyos generados por extraer árido de los barrancos de Güímar y expresada la oposición al informe del Gobierno canario que rechaza los planes de restauración presentados a tal fin, el Pleno acordó conceder a la Consejería de Industria regional un mes para que explique qué hará si, finalmente, los considera inejecutables. Expirado ese plazo, el Ayuntamiento emprenderá acciones legales contra dicha consejería, para lo que también le exige respuesta al requerimiento de identificación de los técnicos o directivos responsables del cumplimiento de las sentencias y de los expedientes necesarios para ejecutarlas.
Además, el Consistorio cuestionará a la Audiencia Provincial la caducidad de la sentencia que emitió el 28 de enero de 2016 porque "se sobreentiende que el plazo de prescripción está interrumpido", al incumplirse el requisito de la presentación de los planes de restauración por los condenados en tiempo y forma, argumento de la secretaria municipal, quien recordó que hay una segunda sentencia (4 de abril de 2016) contra el cuatro de los empresarios. Asimismo, el Pleno reclama que se consensúe con el Ayuntamiento cualquier toma de decisión que adopten los organismos competentes sobre las alternativas de restauración de los hoyos.
El informe de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático adolece de "imprecisiones, omisiones, incongruencias y del rigor técnico jurídico que un análisis del contenido ambiental requiere". Lo asegura el acuerdo plenario basándose en la ausencia de informe de evaluación previo a cualquier toma de decisión. Asimismo, el Pleno desprende que el informe emitido se basa en los planes de restauración iniciales, por lo que pide que se requiera "su actualización y adaptación".
Que "este tema no prescriba" y "buscar un plan de restauración alternativo" son objetivos prioritarios expuestos por el alcalde, Airam Puerta, quien insistió en la necesidad de mantener el consenso, unanimidad que salvó el receso propuesto por Francisco del Rosario (PP) transcurrida más de una hora de debate.
"La sentencia es muy clara y lo que hay que hacer es restaurar el orden perturbado. Punto". Francisco Hernández Armas (PP), impulsor de la causa judicial, acusó directamente a la Consejería de Industria: "Tratan de salvar el culo a aquellos que tienen que pagar". De hecho, pidió "el cese fulminante de los políticos responsables" y reclamó que "los técnicos respondan por su inactividad" en el proceso para hacer cumplir la sentencia. Fue insistente en exponer que "la restauración hay que hacerla a cota cero" y en reclamar que, más de 25 años después de los primeros decretos contra las empresas areneras, "toca cumplir la sentencia". Tras recordarle al alcalde el acuerdo plenario del 5 de junio -que contempla emprender acciones legales contra el Gobierno canario-, le espetó: "Hoy espero eso de usted, que no sea un cobarde y se achique".
Puerta, que coincidió con Hernández en estar indignado y le conminó a presentar la denuncia como parte que es del proceso judicial, propuso ser "pragmáticos e inteligentes" al plantear la prórroga de 30 días a Industria para que atienda las demandas del Ayuntamiento de Güímar. "No fracasaremos siempre y cuando quienes tienen que pagar lo hagan", dijo. "No se resuelve nada dando más tiempo a los que se están burlando de los güimareros", replicó el concejal del PP.
En medio, Raquel García (Ciudadanos) felicitaba al gobierno municipal por su gestión de este asunto y Ruymán Expósito (Sí se Puede-IUC) consideró que en el Gobierno canario "se están riendo de Güímar" y se mostró preocupado ante el riesgo de que "los condenados puedan salir indemnes".
Fue la intervención de Francisco del Rosario la que encauzó el acuerdo y propició la unanimidad del pleno en un debate en el que se llegó a cuestionar dónde está la cota cero de las canteras en base a los efectos de la riada de 1826.
