Luz Alicia Casañas Cabrera, jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, cita al expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior Navarro, para que preste declaración en su condición de investigado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad documental, según consta en la diligencia que emitió el jueves de la semana pasada (día 15). Las supuestas irregularidades están relacionadas con contrataciones de servicios y de personal realizadas durante su mandato -en el periodo comprendido entre octubre de 2015 y julio de 2018-, así como el supuesto trato de favor a algunas empresas que están vinculadas a los recintos portuarios que gestiona este organismo público en la provincia.

La contratación de dos trabajadoras o asesoras de la Presidencia de Puertos de Tenerife, que gestionó el también expresidente del Cabildo Insular, fue lo que motivó la intervención de la Fiscalía Provincial -a través de quien hoy es su responsable, María Farnés Martínez-, que puso en marcha una investigación de oficio. A ello se sumaron varias denuncias formuladas por el exdirector general de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael Díaz, por las que también se ven afectadas quien fuera la secretaria del expresidente y la responsable de la División de Personas y Organización de la Autoridad Portuaria. Díaz fue destituido de su cargo por el Consejo de Administración en la reunión que mantuvo el 25 de abril de 2018.

Durante ese mismo ejercicio, se da la circunstancia de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) realizó una auditoría en la que se reflejaban aspectos que forman parte de estas diligencias que llevarán a Melchior a declarar ante la magistrada. Se trata de adjudicaciones de contratos considerados menores y que superan el importe de la cuantía límite legalmente establecida, el fraccionamiento de contratos con la finalidad de evitar que fueran valorados como mayores, sobrecostes por encima del 10% respecto al precio acordado en la liquidación de obras -además del incumplimiento de plazos y la falta de informes jurídicos preceptivos-, y la cesión ilegal de trabajadores. Esta auditoría abarcó el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2016 y julio del año 2017.

Las diligencias abiertas por Farnés Martínez derivaron en tres procedimientos penales, hoy unificados en el que tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife. En marzo de 2019, el Juzgado de Instrucción Número 3 abrió diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que el Juzgado de Instrucción Número 2 comenzó las diligencias previas por las contrataciones supuestamente ilegales de las dos asesoras.

"Lo único que digo es que estoy muy tranquilo", se limitó a señalar el investigado Ricardo Melchior a EL DÍA ayer.