El alcalde de Güímar, Airam Puerta, dice estar "indignado" y el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, se muestra "cabreado" ante la demora del Gobierno de Canarias en pronunciarse sobre los planes de restauración de las canteras de áridos de los barrancos de Güímar. Cuatro años y nueve meses después de emitida la sentencia que obliga a cubrir los hoyos creados por la actividad industrial en la zona, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias informó que son inejecutables.

Aunque falta que la Consejería de Industria del Ejecutivo regional emita el pronunciamiento definitivo, "que no debe diferir del emitido en el informe", tanto el regidor como el letrado de la acusación consideran que procede requerir de la Audiencia Provincial la incautación de las fianzas impuestas a los cuatro empresarios condenados, que en conjunto suman 238.003.334,71 euros. Ambos coinciden en que "los condenados no pueden eludir su responsabilidad", por lo que, si la resolución se diera como firme, "existe un plan de alternativas que el Ayuntamiento de Güímar, el Gobierno de Canarias y las partes implicadas deberán dar traslado a la Audiencia Provincial, según el artículo 339 del Código Penal, y, en paralelo, iniciar la incautación de la fianza", aclara Puerta.

Se da la circunstancia de que solo uno de los condenados podría estar en disposición de afrontar el pago de la fianza, Antonio Plasencia (66.422.000,46 euros), ya que los tres restantes empresarios ya mostraron su situación con ocasión de los embargos practicados por la Audiencia: Pedro Sicilia (39.064.475,65 euros) se declaró insolvente, estuvo en prisión y se benefició del tercer grado; José Enrique Morales (62.936.683,02 euros) entró en concurso de acreedores y la empresa pasó a propiedad de un tercero; y Francisco del Rosario (69.580.175,58 euros) también estuvo en prisión.

El Ayuntamiento de Güímar está en plazo para presentar alegaciones antes de que la Consejería de Industria proceda a redactar la propuesta de resolución, que se producirá cuando faltan menos de cuatro meses para que prescriba la sentencia del 28 de enero de 2016 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que declaró "autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente" a los empresarios citados, acusados de extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar. Por ello fueron condenados a un año y tres meses de cárcel, que eludieron con la condición de "restaurar el equilibrio ecológico perturbado" asumiendo el coste. Asimismo, la Sección Segunda de la Audiencia determinó que para acometer tal obra "deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes".

"No me importa quién gobierne, yo defiendo a Güímar", señala Airam Puerta, quien no ha dejado de luchar insistentemente "para que se haga justicia" con esta zona afectada por la "extracción de áridos incontrolada" durante décadas "que provocó el mayor atentado paisajístico de Canarias". En ese marco, anuncia que, con los servicios jurídicos y el letrado de la acusación pública en el caso, hoy se reunirá con el viceconsejero de Industria, Justo Artiles, para intentar esclarecer la situación.

El regidor explica que hace pocos días que el Ayuntamiento de Güímar recibió de la Consejería de Industria el informe de 37 páginas que la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias comenzó a elaborar el pasado enero, ante la inexistencia de documento alguno al respecto. Puerta asegura desconocer "por qué la propia consejería no se personó solicitando el incidente de inejecución".

El Pleno municipal será convocado para celebrar una sesión extraordinaria y urgente en los próximos días en la que el gobierno local dará cuenta de la situación y pondrá de manifiesto "el malestar general y las alegaciones a presentar". El alcalde güimarero expone que desde los servicios jurídicos municipales se asegura que el informe es "bastante impreciso" e, incluso, se habla de "falta de rigor jurídico", por lo que solicitará aclaraciones.

Un ejemplo de ello es la alusión al daño medioambiental que supondría restaurar la zona realizando 1,7 millones de viajes con camiones, pero "no se especifican otras alternativas para que esos camiones no pasen por el centro de Güímar ni busca soluciones para contrarrestar la polvareda".

Airam Puerta expresa su satisfacción "con la unidad que siempre ha mantenido la corporación en este asunto". Los dos acuerdos plenarios y los dos oficios remitidos al Ejecutivo regional, con el aval de la unanimidad mostrada por el Pleno, han propiciado una presión con la que "hemos conseguido que respondan a tres meses de que prescriba la obligación que tienen los condenados con el pueblo de Güímar".