El 2 de junio de 2011, el entonces director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, Emilio Atiénzar, remitió un escrito a la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial Valle de Güímar en el que "advirtió expresamente" de que, "desde el 22 de mayo de 2011, ya no se encontraban vigentes" la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre y la autorización para verter, "siendo los vertidos desde entonces ilegales".

Así lo recoge el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Güímar en el auto que emitió el pasado día 2 en el marco de las diligencias previas abiertas tras la denuncia, por la presunta comisión de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, presentada, el 23 de mayo de 2017, por Agustín Espinosa y Lourdes Galindo, concejales de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Güímar, y Francisco Javier Hernández, edil de Izquierda Unida (IUC) en Arafo.

La caducidad de la autorización para verter al mar a través del emisario submarino desde este polígono industrial se mantuvo durante ocho años y cuatro meses, hasta septiembre de 2019. El día 16 de ese mes, la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana María Oñoro, emitió una Resolución autorizando la ocupación de 803 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para la conducción principal de vertido y de aliviadero de emergencia de las aguas procedentes del Polígono Industrial de Güímar. El día 18, el viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno regional, Miguel Ángel Pérez, autorizó al Ayuntamiento de Arafo, en representación de Candelaria y Güímar, para el vertido de aguas residuales urbanas e industriales depuradas a través del emisario submarino por un plazo de 15 años prorrogable. Hace tres semanas que el Gobierno canario renovó esta autorización, en peligro al incumplirse algunos de los condicionantes establecidos en la resolución.