Las cifras actuales de llegadas de migrantes a Canarias, a pesar de ser inferiores a la de los años 2002, 2003, están en 6.081 personas, desde enero hasta el 30 de septiembre de este año, según datos del Ministerio del Interior, han vuelto a la primera línea de la actualidad. Vuelve a ser noticia principal en todos los medios de comunicación, a pesar de lo que nos está cayendo con la pandemia de la Covid-19. Observamos el nerviosismo de nuestras autoridades y, por qué no decirlo, la sensación de no saber resolver un problema que desde nuestro punto de vista es más un fenómeno social que un problema para los países que reciben este tipo de inmigración. Es de justicia resaltar o hacer la salvedad del trabajo serio y silencioso de la Subdelegación del Gobierno de España en Canarias en Santa Cruz de Tenerife, resolviendo y entendiendo que no es lo mismo la inmigración ilegal que la llegada de refugiados de aquellos países que están en guerra. La pregunta sería si esta situación sería igual de alarmante si en vez de negros y pobres fueran blancos y ricos. ¿Acaso desconocemos la llegada constante de viajeros que se presentan en las Islas en vuelos procedentes de países no Schengen como turistas y después se quedan? No es el caso de los migrantes que llegan a nuestras costas en pateras y cayucos, ya que el objetivo de estos no es quedarse en Canarias; sus destinos principales son Alemania, Francia, Bélgica y la Península. Aquí solo se quedan los menores no acompañados por un tiempo, en aplicación de la Ley de Extranjería 4/2000 y el Real Decreto 557/2011, tras las reformas del 2009 y siguientes.
Las razones de utilizar la ruta canaria, que es como se conoce en el mundillo de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estas pobres gentes, son coyunturales. Estos delincuentes les facilitan, a cambio de dinero, los cayucos, los motores, el combustible, etc., y les proporcionan los mínimos conocimientos a algunos de los migrantes que hacen de patrono de la embarcación.
La conocida como ruta canaria empezó con la llegada de dos jóvenes saharauis el 28 de agosto de 1994. Ese año también llegaron a nuestras costas 8 migrantes más, que advertidos de la proeza de esos dos muchachos que llegaron a Fuerteventura en una pequeña embarcación, en menos de 24 horas, hizo que la noticia corriera por todo el territorio sahariano.
La crisis de los cayucos, que fue como se conoció la llegada de 31.859 migrantes a nuestras costas durante el año 2006, debe servir de modelo para resolver técnicamente y desde el punto de vista humano, cómo se puede afrontar este fenómeno social que nos afectará hasta que desaparezcan las desigualdades entre los "dos mundos", es decir nunca. Estos cambios de llegada a unas costas o a otras dependen fundamentalmente de la presión policial, tanto del Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) como del control policial o político en los países de origen.
El principal acierto del Gobierno de España durante esa crisis fue, sin duda, el considerar el fenómeno migratorio como una cuestión de Estado, y por tanto, implicándose el Gobierno de la nación y Europa. El atendimiento a pie de llegada, desde el punto de vista prioritario fue la salud, por ello se efectuó un convenio con Cruz Roja, dando esta ONG cobertura sanitaria a todos los que lo necesitaban. Contrario a los comentarios maliciosos, estas personas no utilizaban ni colapsaron los servicios de nuestra Seguridad Social. Se les dotaba de ropa y alimento de forma inmediata.
Otra importante medida fue la puesta en marcha de las negociaciones políticas encuadradas en la llamada Ayuda a la Cooperación con países en fase de desarrollo, realizándose convenios para crear oportunidades de trabajo en esos países emisores de migrantes. Así como el aceptar la repatriación de todas aquellas personas que, una vez identificados, se les deportaba a su país de origen. Negociaciones bastantes delicadas diplomáticamente, ya que no es tarea fácil la negociación con países donde las dictaduras tenían un protagonismo tan relevante.
En la lucha contra la inmigración ilegal se le dio prioridad a la investigación de las grandes organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de seres humanos, a través de los ámbitos funcional y estructural de las unidades policiales especializadas. Haciendo especial hincapié en la colaboración internacional e intercambio de información. El control policial en los lugares de salidas de las pateras y cayucos, principalmente en el puerto de Saint Louis (Senegal), así como también el puerto de Nuakchot (Mauritania). Lugares clave para evitar la salida. Mención especial merece las negociaciones con el Gobierno Marroquí para realizar las oportunas vigilancias en las costas del antiguo Sáhara Occidental Español. Porque una vez en el mar, las acciones no pueden ser policiales sino humanitarias y de salvamento.
La puesta en marcha de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), espacios públicos de carácter no penitenciarios, con atención médica permanente por parte de los facultativos del Ministerio del Interior y asistencia religiosa según sus creencias, donde se retienen de forma cautelar a los extranjeros con expediente de expulsión. En Canarias se contaba con una instalación de este tipo en Fuerteventura, denominada El Matorral, con una capacidad superior para más de 1.000 personas, y otro en Las Palmas de Gran Canaria, conocida como Barranco Seco. Ante la necesidad de contar con más instalaciones de este tipo se construyó una en Hoya Fría en Tenerife. Fue tal la demanda ante la llegada constante y fluida en esos meses del año 2006, que por parte del Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, se buscaban soluciones inmediatas, y se encontraban; como la construcción provisional en las islas de instalaciones modulares, las que usaba el ejército español en misiones en el extranjero. También se contó con la colaboración de nuestro Ejército, aportando recintos cuarteleros en condiciones de utilización inmediata. Todo ello, acompañado de la gran labor de las brigadas de extranjerías del CNP (Cuerpo Nacional de Policía), para identificar, tarea muy compleja por las distintas nacionalidades de cada uno de los migrantes. Llegados a este punto, queremos destacar la gran profesionalidad de todos y cada uno de los guardias civiles y policías nacionales destinados en nuestras islas, auxiliando en la llegada a estas personas, realizando sus desplazamientos e identificándolos de forma individual. Así como realizando los traslados a sus países de origen o a la península, una vez cumplido el plazo que ley establece. Es de destacar el trabajo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, realizando laborales humanitarias y de alto riesgo y de salvamento de vidas en situaciones extremas. También en este sentido se debe destacar las labores de las embarcaciones de Sasemar (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante). También hay que resaltar el trabajo del SAR (Servicio Aéreo de Rescate, del Ejército del Aire).
Para poder resolver con éxito una situación como la descrita con anterioridad, aunque ya hemos dicho y hemos resaltado la labor de todos y cada uno de los profesionales que intervinieron, tenemos que decir que la preparación previa de toda la Administración del Estado en las islas a partir del año 2004, incrementándose en 694 efectivos la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía y en 759 plazas las distintas Comandancias de la Guardia Civil, tanto en Santa Cruz de Tenerife, como en Las Palmas, fue determinante a hora de afrontar, tanto el reto migratorio, como la lucha contra la delincuencia habitual.
A los efectos de coordinada a todos y cada uno de los servicios que actúan para vigilar las costas de Canarias se creó el CCRC (Centro de Coordinación Regional de Canarias) dotándolo de mobiliario, material informático y electrónico para el visionado y comunicación en la franja entre Marruecos, Islas Canarias y Guinea. En cuanto al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la provincia de Las Palmas, se incorporó directamente la patrullera de altura Río Guadalope y una embarcación semirrígida de 13 metros de eslora, posteriormente se incorporó el buque Río Miño de 50,81 metros de eslora y una autonomía de 85 días de navegación a velocidad de crucero. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife este mismo servicio se incrementó con la patrullera Río Gallo de 17,35 eslora y 3 embarcaciones semirrígidas.
La actual situación del fenómeno migratorio no tiene comparación con lo ocurrido en el año 2006, no se entiende la descoordinación e improvisación de quiénes teniendo una experiencia, bien resuelta, y los medios adecuados, transmiten una sensación que en nada nos favorece en el momento en que vivimos.
No se puede volver a cometer errores, como lo que ocurrió en el año 2009, cuando las llegadas de migrantes a nuestras islas fueron de 2.246 personas, improvisándose la ocupación de una instalación destartalada y abandonada en su día por el ejército en Las Canteras, La Laguna. Dichas instalaciones se intentaron utilizar, dotándolas de mobiliario, como camas, material de cocina, etc, produciéndose un gasto innecesario para no llegar a utilizarse. Estas dependencias detraían un número importante de policías de la comisaría lagunera para su custodia. Las Canteras no reunía en ese año de 2009 las condiciones para instalar un centro de acogida de extranjeros, y mucho menos en este momento donde el paso del tiempo ha hecho estragos en las citadas instalaciones.
No volvamos a cometer errores por falta de planificación.
(*) Vocal-Asesor de Seguridade Inmigración (2004-2008). Delegación de Gobierno en Canarias
