Un fuerte despliegue policial garantizó ayer el cumplimiento de la orden judicial de desalojo del Centro Comercial Los Tarajales Beach, en el paseo marítimo de Los Cristianos, que desde hace años era el mayor asentamiento de personas sin hogar del municipio de Arona y un permanente foco de conflictos y mala imagen para el destino turístico. Unas 28 personas sin casa, según los datos aportados por la Unidad Móvil de Atención en Calle (UMAC) de Cáritas Diocesana, han sido las últimas en abandonar esta edificación de aspecto postapocalíptico que cierra un capítulo, pero no pone fin al problema del sinhogarismo en el municipio. Simplemente lo dispersa.
La actuación judicial y policial liberó de una pesada carga a los propietarios de un centro comercial situado en primera línea de playa en uno de los principales municipios turísticos de Canarias. Una gran inversión que ha sido durante años todo un monumento a la marginación y a la exclusión social más extrema. La salida de la última treintena de okupas que aún residían en Los Tarajales se produjo de forma ordenada, pacífica y sin incidentes, pero la triste realidad es que la mayoría de ellos se refugiaron a escasos metros de la que fue su casa, en parques y paseos, mientras decidían donde continuar anoche con sus vidas sin una vivienda digna.
Con sus escasas pertenencias apelotonadas en carritos de bebé o de supermercado, estas personas sin hogar, de muy variado perfil, se dispersaron por los alrededores del paseo marítimo, solos o en pequeños grupos. Un joven en silla de ruedas, con un traumatismo en el pie, conversaba con dos personas muy mayores que arrastraban unas cuantas bolsas de plástico como equipaje. Los tres vivían en Los Tarajales. Igual que un señor, con las facultades mentales perturbadas, que hablaba solo sentado en un jardín mientras tres agentes comentaban, a escasos metros, la de veces que acudieron a Los Tarajales a intervenir durante el confinamiento.
Petanca. El grupo más numeroso, junto al Club de Petanca Los Hermanos, debatía a dónde ir ahora, rodeados de perros y carritos de supermercado llenos de miseria. Había personas muy mayores, extranjeros que apenas hablaban español y una chica joven sin casa que leía un libro en un banco como si nada hubiera pasado ayer por la mañana.
Un vecino recordaba, al pasar junto a la prensa, que algunos de los okupas "beben mucha cerveza todo el día". A unos cientos de metros, algunos de los okupas más jóvenes le daban la razón y seguían bebiendo a los once de la mañana mientras discutían también a dónde ir ahora con sus ?cuatro cosas.
Dos colchones. Un hombre con rastas en el pelo sacó un sillón viejo y se sentó en el paseo a acariciar a un perro. Cuando todo había terminado, otro okupa pidió por favor a los policías que le permitieran sacar unas últimas cosas. Los agentes se lo piensan, acceden y el chico, con camisa de camuflaje, gorra y mascarilla, sale a los dos minutos arrastrando un par de colchones. A falta de techo, al menos tendrá un suelo blando.
El Ayuntamiento de Arona asegura que empezó a actuar cuando se anunció por primera vez el lanzamiento y que se ha trabajado con los okupas para buscarles alternativas y recursos. "Se han concedido ayudas a personas para que pudieran retornar a los lugares en los que tienen lazos familiares, Prestaciones Canarias de Inserción (PCI) e incluso varias pensiones no contributivas. Todo ese trabajo ha reducido notablemente el número de personas que estaban allí, que llegaron a superar las cien. Los servicios sociales están activados e irán atendiendo a los últimos ocupantes que quedaban dentro", explicaban fuentes del gobierno local.
Pese a que el Ayuntamiento de Arona ha insistido en que los Servicios Sociales llevan semanas trabajando con estas personas sin hogar, ayer cundía el pesimismo: las únicas alternativas habitacionales eran la playa, la montaña o la calle. Las trabajadoras de la UMAC de Cáritas han pasado una semana tratando de colaborar con los okupas y el consistorio para encontrar una salida más digna, pero los problemas complejos requieren soluciones complejas. Y un tiempo que ya está agotado.
Derecho humano. Lo que para algunos es sólo la recuperación de una propiedad privada para otros es "la vulneración del derecho humano a la vivienda". La otra cara del desalojo de personas sin hogar que, en la inmensa mayoría de los casos, no pedirán una cita en los servicios sociales para tramitar alguna ayuda o un cobijo alternativo. Unos pocos voluntarios de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara se manifestó contra este desalojo, megáfono en mano. A su juicio, "lo que se ha producido hoy es una vulneración del artículo 47 de la Constitución Española y no se puede admitir, bajo ninguna circunstancia, que la gente esté en la calle sin ninguna alternativa. Es algo ilegítimo, un abuso de autoridad, una miseria y una mezquindad en un municipio al que le sobra capacidad económica para buscar alternativas sociales. El Ayuntamiento de Arona se debe a su gente y todo el mundo merece un techo, comida y ropa".
