Mañana está previsto que los ocupas de los locales del centro comercial Los Tarajales, en Los Cristianos (Arona), sean desalojados por orden judicial. Acaba así una imagen icónica e impactante del fenómeno del sinhogarismo en el Sur de Tenerife. Durante más de cinco años, decenas de personas han residido en uno de los lugares privilegiados de dicho destino turístico, en una construcción reciente, en primera línea de playa y ante la mirada de decenas de miles de turistas que recorrían el paseo marítimo.

Cáritas Diocesana de Tenerife, a través de su Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC), ha elaborado un informe sobre la situación de esas personas y en el mismo echa en falta alternativas de alojamiento para quienes sufrirán el lanzamiento. El documento será remitido al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y otros organismos competentes, así como a la Diputación del Común. Los ocupas consultados por las profesionales de Cáritas aseguran que no ha existido acercamiento por parte de las instituciones y solo reciben cada día el reparto de algunos alimentos por Cruz Roja.

Según la UMAC, en estos momentos quedan 28 personas en Los Tarajales, menos de la mitad de las que llegó a haber. El motivo es que muchas han decidido marcharse del lugar tras conocer el aviso de desalojo. En el diagnóstico se contempla que se trata de una ocupación de vivienda inadecuada, pues son locales comerciales sin suministros propios (agua y luz). Los okupas obtienen el agua de las duchas de la playa y, a pesar de que hay baños, estos no funcionan. Para cocinar usan hornillos de gas; separan los espacios, sobre todo los dormitorios, con cajas o biombos, carecen de útiles para conservar alimentos y se bañan en la citada playa.

De los adultos que quedan, la inmensa mayoría, 26, son hombres y unos 22 del total tienen un "elevado grado de vulnerabilidad". Más de una veintena asegura que, todavía, no sabe dónde va a vivir a partir del miércoles. De las 25 personas consultadas por el personal de Cáritas, 14 afirman estar empadronadas en Arona y, de ellas, ocho han recibido en algún momento una ayuda por parte del área de Servicios Sociales del consistorio. Dieciocho manifiestan que no disponen de redes de apoyo social estables o, directamente, dicen que tienen una mala relación con sus familiares. Si se les cuestiona por su trato con vecinos o el personal o los dueños de los locales próximos, refieren que "es muy conflictivo". Media docena recibe ayudas. Cinco de ellos cobran la Prestación Canaria de Inserción (PCI), gracias a la labor del departamento de Servicios Sociales de Arona. Tres más están tramitando ese subsidio. La ong ha detectado indicios de problemas de salud mental en algunos de estos ciudadanos, pero sin diagnosticar ni tener seguimiento, así como consumo de drogas. Una docena son naturales de otros países europeos y, entre ellos, siete están registrados como comunitarios residentes. Uno figura como solicitante del estatuto de apátrida.