El Ayuntamiento de Tacoronte ultima una ordenanza municipal dedicada de forma específica a la plaga de termitas subterráneas invasoras Reticulitermes flavipes. El alcalde, José Daniel Díaz (NC), explica que esta normativa municipal pretende regular todas aquellas actividades que pueden propagar la plaga y, además, introducirá obligaciones como la de informar de la presencia de estas dañinas termitas en propiedades ?privadas.

El alcalde subraya que "hasta ahora hemos funcionado con un bando que establece unas medidas mínimas, pero creemos que el asunto tiene suficiente entidad como para contar con una ordenanza municipal que nos ayude a mejorar la lucha contra estas termitas subterráneas".

"Queremos regular, por ejemplo, la obligación de informar de que un terreno de este municipio se va a arar o va a sufrir algunos movimientos de tierras. Necesitamos contar con esa información para poder controlar la actuación e impedir, en el caso de que exista riesgo, cualquier propagación", avanza el alcalde.

El gobierno local (NC-PSOE-SSP) espera llevar la ordenanza a aprobación inicial en el pleno del próximo mes de octubre. "A partir de entonces habrá un periodo de exposición pública en el que se podrán hacer alegaciones, que se responderán antes de que el texto pase a aprobación definitiva", según detalla Díaz.

Entre los objetivos del texto están evitar la dispersión de la termita subterránea en el municipio y en el resto de la Isla de Tenerife; evitar daños y perjuicios económicos a personas que, desconocedoras de la existencia de la plaga, pudieran adquirir alguna propiedad en el término municipal, y propiciar un conocimiento exhaustivo de su extensión para poder diseñar e implementar acciones para su erradicación.

Además, se instaurará la obligación de informar de la presencia de termitas subterráneas Reticulitermes flavipes en una vivienda o propiedad a través de una declaración formal ante el Ayuntamiento, por registro de entrada o por sede electrónica. "Podría considerarse un texto un poco intervencionista, pero la realidad es que tenemos un problema muy grave y debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para ponerle fin", subraya Díaz.

Hasta que no se erradique la plaga, también quedará "terminantemente prohibido" realizar movimientos que supongan el traslado de tierra de la zona afectada por termitas hasta cualquier otro lugar.

En la zona afectada por termitas tiene una especial relevancia el cultivo y venta de plantas ornamentales y de flor cortada. Con el objetivo de asegurar la continuidad de esta importante actividad económica y de asegurar que las plantas no actuarán como vectores de la plaga, la ordenanza introducirá varias normas para estas empresas.

Se propone que todas las explotaciones destinadas a plantas ornamentales cuenten con un sistema de monitoreo para detectar la posible presencia de estas termitas. Para ello se colocarán enterradas en el suelo estacas de madera, de al menos 30 centímetros, con ranuras laterales, dejando unos 5 centímetros en el exterior para su observación en los bordes de cada una de las parcelas. El seguimiento de las mismas será realizado por personal especializado perteneciente a alguna administración pública o empresa especializada.

Este texto dedicará varios artículos a los llamados propágulos, que son enseres o restos de madera o poda contaminados por esta termita. En la actualidad ya se están tratando de una manera específica en la parcela habilitada en la zona de Juan Fernández.

Díaz recuerda que "existe un terreno vallado donde se cuenta con una trituradora de madera, de las que se usan para árboles, y varios contenedores. Los cerrados se usan para el transporte del material contaminado antes de su trituración. Una vez convertidos en pequeños fragmentos, se almacenan en otros depósitos abiertos en los que la luz solar ayuda a acabar con los insectos que pudieran quedar. El paso final es la incineración, que se desarrolla en las instalaciones de la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS)".

Díaz observa un cambio positivo de actitud en el resto de administraciones públicas implicadas, especialmente el Cabildo de Tenerife, aunque también el Gobierno de Canarias y departamentos como la Consejería de Agricultura. Considera que "ahora se está tomando más en serio el reto de erradicar esta plaga" a través de una encomienda a la empresa pública Tragsa.

"Se ha trabajado mucho en los últimos meses para localizar las zonas más afectadas y poder centrar allí los mayores esfuerzos", avanza José Daniel Díaz, quien celebra que también se esté trabajando en una actuación más contundente de la prevista inicialmente, aunque todo dependerá en última instancia del presupuesto que le dediquen las administraciones implicadas. Los técnicos han planteado una acción masiva, pero el presupuesto es ?limitado.