El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez Medina, participó directamente en los trámites del procedimiento de licitación del contrato denominado Concesión del servicio para la gestión de residuos de la isla de Tenerife, lo que supone un conflicto de intereses. En concreto, Rodríguez Medina estuvo presente en la reunión que celebró el Consejo de Gobierno Insular -que es el órgano de contratación- celebrada el 14 de abril de este año, en la que fue aprobada la continuidad del concurso.

El presupuesto base de licitación para la gestión de los residuos de Tenerife durante los próximo 15 años (con un máximo de 19) asciende a 460.741.477 euros (con impuestos, la cifra superaría los 490,7 millones), si bien el valor estimado del contrato ascendería a 715.822.351 euros, con las sucesivas prórrogas y modificaciones. Al mismo optan la UTE Cespa Gestión de Residuos S.A. y Martínez Cano Canarias S.A., la UTE Urbaser-FCC Medio Ambiente, así como la UTE Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y Syocsa Inarsa S.A.

La empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A. forma parte de Sacyr, entidad de la que el consejero insular Javier Rodríguez posee 3.609 títulos, según consta en su declaración de bienes y derechos patrimoniales. Ahí radica el presunto conflicto de intereses -aspecto destacado por CC y PP desde la oposición- en el que podría incurrir Rodríguez Medina, quien públicamente afirmó que "no he intervenido en ningún momento, ni en la Mesa de Contratación ni en la tramitación", tal y como señaló en su momento CC. Sin embargo, aparece reflejado en la documentación oficial generada por el expediente en su trámite, hasta el momento.

Algunas pruebas

Figura su presencia en la reunión de la Mesa de Contratación del 16 de diciembre de 2019, en la que fueron admitidas las tres propuestas presentadas, entre las que se encuentra la de Valoriza. Asimismo, de su participación directa en el procedimiento hay constancia en el acta de la reunión del Consejo de Gobierno Insular que tuvo lugar el 14 de abril pasado, en la que se aprobó la ratificación del decreto de levantamiento de la suspensión del procedimiento -Acciona recurrió por considerar insuficiente el precio de licitación- para la adjudicación del contrato de concesión del servicio para la gestión de residuos de la Isla. Presidió la sesión el titular del Cabildo, Pedro Martín, y el punto fue aprobado por unanimidad, con lo que todos los miembros del Consejo de Gobierno que estuvieron presentes "están implicados en este asunto porque han tomado parte en el procedimiento". "Hay un claro conflicto de intereses del que se pueden derivar diferentes responsabilidades y consecuencias jurídicas", señala CC.

Javier Rodríguez también formó parte del Consejo de Gobierno Insular celebrado el 7 de julio de 2020. En esta reunión dieron el visto bueno a la calificación de documentación confidencial del expediente. La propuesta, también aprobada de forma unánime, la firmaba el consejero, quien asistió y votó, "con lo que su participación parece incuestionable".

Hasta el momento, no se han hecho públicas las cuantías de las ofertas presentadas por las tres empresas concurrentes al concurso, pero la Mesa de Contratación, en la reunión tuvo lugar el 30 de julio, determinó que Valoriza incurre en "baja desproporcionada" en el criterio denominado Coeficiente sobre el precio del servicio (PKp), que cifra en 0,63 cuando debe oscilar entre 0,80 y 1. Por tanto, y con anterioridad a la asignación de las puntuaciones finales y a la propuesta de adjudicación del contrato, la Mesa considera necesario que la empresa justifique su oferta para decidir, previo informe del Servicio Técnico promotor del expediente, si se propone su admisión o exclusión. La falta de dicho informe obligó a suspender la reunión de la Mesa de Contratación prevista para el 20 de agosto pasado.

Hasta el momento, la mejor valoración la tiene la UTE Urbaser FCC (38,8), seguida de Cespa (24,7) y de Valoriza (17,9). Fuentes consultadas aseguran que la oferta de ésta es casi un 40% inferior al precio de licitación. Es decir, que con más prestaciones, tecnología y equipamiento actualizado, Valoriza realiza una oferta casi inferior al coste que hoy tiene el servicio que presta Urbaser.

Votar y mentir

Mientras el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez Medina, pospuso cualquier pronunciamiento sobre esta cuestión, el presidente del Grupo Insular de CC, Carlos Alonso, reiteraba esta semana que "el consejero tiene intereses palmarios en una de las empresas concursantes y tenía que haberse abstenido". Argumentando el "deber de abstención legal" existente, afirmó que "no debió participar ni el la Mesa de Contratación ni en la votación de las propuestas que eleva al Consejo de Gobierno Insular vinculadas al concurso", al menos desde el momento que conoció la concurrencia al mismo de Valoriza. Además, "este consejero ha mentido porque dijo que nunca participó en el concurso", pero las actas señalan lo contrario.

Desde el PP, su consejero Valentín González coincide en que Rodríguez Medina "no dijo la verdad en relación a su participación en este proceso" y pide que de explicaciones en una comparencia.

Mientras los críticos advierten del riesgo de anulación de este concurso, Urbaser sigue prestando el servicio en prórroga del contrato acordada el 17 de diciembre pasado, que expiró el 31 de agosto.