El Consejo Insular de Aguas de Tenerife esta de aniversario. Lleva 25 años ejerciendo de guardián de este preciado recurso para garantizar el abastecimiento y la conservación de este bien esencial para la Isla. Este organismo nace al amparo de la Ley de Aguas de Canarias, que en 2020 cumple treinta años, y que estableció la creación de siete consejos insulares de aguas en el Archipiélago, con el objetivo de que pudieran llevar a cabo una planificación de las infraestructuras y regularan todas las extracciones y la ejecución de las obras hidráulicas necesarias en el futuro.
El consejero insular del área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, destaca que la principal misión del Consejo es "el cuidado del dominio público hidráulico y la conservación de todas las masas de agua de la Isla". Además, coordina la puesta en marcha de las grandes infraestructuras hidráulicas, pero también lleva a cabo una labor de conservación de las aguas subterráneas, así como de los barrancos, realizando un trabajo de inspección para evitar que las construcciones puedan obstaculizar el paso del agua.
El gerente del Consejo, Javier Davara, explica que en el momento de su nacimiento, este organismo tenía como principal reto garantizar el abastecimiento de agua en la Isla, tanto para el consumo humano como para el sector primario. "En 1995 el mayor problema era el abastecimiento de agua, algo que, a día de hoy, está bastante encaminado, ya que se ha podido cubrir la demanda creciente que ha habido en la Isla durante los últimos treinta años", apunta.
Davara afirma que "aunque puedan existir problemas puntuales en verano" para garantizar el riego agrícola, "no existen problemas estructurales". La continua disminución del agua subterránea en la Isla se ha ido compensando con la entrada en funcionamiento de varias desaladoras "que han permitido cubrir la demanda", por lo que reitera que a día de hoy "puede haber problemas, pero son puntuales".
Hasta principios del siglo XX, el uso del agua en las Islas estaba regulado por una ley de 1874, que provocó que en Canarias se generara "una fiebre del oro" en la que muchas personas invirtieron su dinero para localizar aguas subterráneas. No fue hasta 1924 cuando una nueva normativa intenta poner orden a las actividades mineras que se estaban desarrollando por todo el territorio para tratar de localizar este recurso.
Propiedad del agua
La Ley nacional de Aguas de 1985 supuso varapalo para los propietarios privados del agua en Canarias, ya que estableció que las aguas debían de ser públicas. Sin embargo, tras varias movilizaciones, la Ley de Aguas de Canarias estableció que las aguas subterráneas continuarían siendo privadas hasta 2040, por lo que los propietarios de pozos y galerías han continuado explotando estas instalaciones, aunque la actividad está ahora regulada por el Consejo Insular, que se encarga de dar las autorizaciones pertinentes tanto para abrir nuevos pozos y galerías como para mantener el caudal de las que ya existen.
Sin embargo, la merma del acuífero de la Isla hace que cada vez haya menos agua en las profundidades de la Isla. Davara apunta que la última autorización para la apertura de un nuevo pozo se otorgó en 2012 y con la tendencia del acuífero a la baja "nadie se arriesga a invertir en esto".
Por eso, la intención del Consejo Insular es ir compensando esta pérdida de agua subterránea con la generación de este recursos a través de otros mecanismos como el agua desalada o regenerada. Con esto, no solo se facilitará que exista una cantidad suficiente para hacer frente a la demanda, sino que también posibilitará que el acuífero pueda ir recargándose poco a poco, al no depender exclusivamente de este tipo de recurso.
Otros recursos
En cuanto al agua desalada, la Isla ha dado pasos de gigante en los últimos años, gracias a la puesta en funcionamiento de la desaladora de Granadilla y la de Fonsalía. De esta manera, solo las instalaciones públicas están generando 100.000 metros cúbicos de agua desalada cada día, el equivalente a 40 piscinas olímpicas. Una alternativa que por ahora no necesitará de la apertura de nuevas plantas, ya que las que ya están en funcionamiento están preparadas para ampliar su capacidad.
Por eso, el principal reto del Consejo Insular de Aguas de cara al futuro es acabar con los vertidos de aguas residuales en la Isla, implantando estaciones depuradoras que permitan convertir el agua residual en regenerada, para así poder aprovecharla para riego.
Así lo señala Javier Rodríguez, quien evidencia que desde el Cabildo se está trabajando en este sentido con recursos propios, a través de los que se han construido o están en proceso de ejecución nuevas plantas como las de Fasnia, Garachico, Güímar o Valle Guerra. Además, gracias al convenio firmado con la entidad estatal Acuaes podrán invertirse 170 millones de euros en cinco sistemas de depuración para la Isla. Las primeras obras podrán comenzar a ejecutarse a principios del próximo año y el resto se irán desarrollando hasta 2023.
"Acabar con los vertidos de la Isla es importante por una cuestión ambiental y de responsabilidad social", ya que Rodríguez recuerda que en estos momentos, además de la crisis sanitaria también se debe hacer frente a la emergencia climática, pero además estas actuaciones también "tienen su reflejo en los recursos públicos", señala, ya que tanto el Estado como la comunidad autónoma están haciendo frente a importantes sanciones por incumplir la normativa europea respecto a la gestión de vertidos.
