La modificación presupuestaria y suplemento de crédito que aprobó el Pleno, con los votos del gobierno municipal, en la última sesión celebrada "pone en riesgo el equilibrio financiero del Ayuntamiento de Güímar". Esta afirmación procede de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carmen Luisa Castro, quien sostiene que la misma "está avalada por la interventora accidental y por la secretaria del Consistorio, que también ejerce de interventora en otro municipio y algo saben de esto". La exalcaldesa asegura que ambas funcionarias "no descartan que el Estado intervenga esta Administración".

A más de 300.000 euros asciende la cuantía a la que el Pleno dio luz verde para acometer diversos proyectos, desarrollar iniciativas y apoyar la actividad comercial de Güímar en este momento de crisis causada por la pandemia. Desde el Partido Popular se pidió dejar el asunto sobre la mesa o, en su defecto, "aplicar una alternativa modificando la propuesta de PSOE y CC con el propósito de atender cuestiones de primera necesidad salvando las cuentas municipales". Para ello, aprovechó la coyuntura de la falta de informes y proyectos en algunas de las acciones contenidas en el expediente trasladado al Pleno por la Concejalía de Hacienda.

Carmen Luisa Castro no se explica que el grupo de gobierno "parece no ser consciente de la realidad de esta crisis, de que el recorte en los ingresos supramunicipales previstos en este ejercicio será relevante y que eso creará un agujero que se puede prevér y ajustarse a la nueva realidad".

Las alusiones constantes a la forma en la que el PP gestionó el Ayuntamiento de Güímar durante seis años (en pacto con CC) no parecen molestar a la concejal, quien se limita a recordar al alcalde y al equipo gobernante que "esta crisis no la viví en mis mandatos. Entonces los problemas fueron motivados por otras causas. Nosotros logramos superar un Plan de Ajuste, pagamos deuda y ahora tienen casi 12 millones de remanente que les quiere quitar el Estado, mientras ellos siguen con modificaciones presupuestarias".

Curiosamente, en este punto no se habló del periodo medio de pago a proveedores, establecido para las administraciones locales en 30 días desde que lo determinara el Gobierno central en 2012, presidido por Mariano Rajoy. "Hoy, Güímar cuadruplica esa regla. La causa es que el alcalde no quiere firmar reparos, el trámite de pago se alarga porque lleva las facturas al Pleno, que no es competente para levantar reparos, y así nos va".

Luisi Castro llama la atención, asimismo, sobre el hecho de que "ni siquiera han pagado las facturas por las que me denunciaron y que están firmadas, reconocidas y aprobadas hasta por la oposición. ¿Por qué no las pagan de una vez, ahora que los empresarios están ahogándose?".

En todo caso, la portavoz del Grupo Popular Municipal incide en que el gobierno que forman PSOE y CC incurren "en un grave ejercicio de irresponsabilidad" al tiempo que advierte de que "si se produce la intervención del Ayuntamiento, pediré la dimisión del alcalde, que dejará de serlo sin haber aprobado ni un solo presupuesto, porque este ejercicio están funcionando con el que heredaron de nuestra gesión y con modificaciones presupuestarias".

Castro concluye apuntando que no hay dinero para la licitación del servicio de basura.