El Cabildo de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias que se flexibilicen los requisitos que deben tener los terrenos que los ayuntamientos de la Isla van a poner a disposición de la Consejería en el marco del Plan de Vivienda. El objetivo es que los municipios tinerfeños puedan ceder al Ejecutivo regional terrenos que en estos momentos no cumplen con todos los requerimientos establecidos en el plan, pero que podrían incluirse en el programa para realizar su tramitación en los próximos meses.

Así lo explica el director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, Aarón Afonso, quien considera que este plan es "mejorable" al menos en lo que se refiere a la isla de Tenerife, ya que la Corporación insular busca que se puedan destinar más solares a la construcción de viviendas sociales.

El Plan de Vivienda, que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación en el Parlamento de Canarias, busca hacer frente a la emergencia habitacional que experimentan las Islas, sobre todo en algunas comarcas en las que el acceso a una vivienda se ha vuelto misión imposible. El programa prevé la rehabilitación de 10.227 viviendas y la construcción de 5.971 nuevas en todo el Archipiélago durante sus seis años de vigencia. De ellas, 3.634 serán viviendas protegidas en régimen de alquiler público o privado. Un plan que el Gobierno regional prevé que pueda crear 28.000 empleos y que sirva para reactivar la economía durante la crisis.

Para poder llevarlo a cabo, la Consejería ha solicitado a los ayuntamientos de Canarias que cedan suelo en el que poder levantar inmuebles. Con la intención de agilizar al máximo la ejecución de las nuevas viviendas, se requería que los terrenos contaran con todos los informes necesarios para poder comenzar las obras sin tener que llevar a cabo ninguna tramitación respecto a su uso.

Sin embargo, Afonso destaca que este requisito ha hecho que al menos en Tenerife, los ayuntamientos hayan puesto a disposición de la Consejería menos suelo del que podría destinarse a este plan. Por eso, desde la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda, que dirige Zebenzuí Chinea, se está trabajando para mejorar el borrador de esta iniciativa.

El director insular asegura que poco más de la mitad de los ayuntamientos tinerfeños han presentado propuestas de cesión atendiendo a los requisitos establecidos por el Gobierno canario. "Estamos insistiendo mucho a los municipios en que hay que dar algún empujón", valora, ya que la Isla necesita ampliar su parque de viviendas.

Por eso, Afonso explica que el Cabildo ha solicitado al Gobierno de Canarias que "habiendo terrenos y faltándoles algunos requisitos, estos se puedan flexibilizar para poder ponerlos también a disposición". De esta manera, los informes pertinentes se podrían tramitar a lo largo de los próximos dos años para que las obras pudieran comenzar después, ya que el plan se extenderá hasta 2026.

Por tanto, el Cabildo propone que "no se excluyan terrenos que en estos momentos no cumplan los requisitos del plan", sino que estos se incluyan "condicionados a que se obtengan después los informes preceptivos, que permitan si es necesario la actualización de algún uso para la construcción de vivienda".

Coordinación

Afonso explica que el Cabildo tinerfeño ha llevado a cabo una labor de coordinación con todos los ayuntamientos de la Isla para determinar el suelo que van a poner a disposición para los distintos programas que integran el Plan de Vivienda.

El responsable insular afirma que el Cabildo, con el consejero Zebenzuí Chinea al frente, está trabajando para "ser capaces de poner en marcha políticas de vivienda que puedan responder a las necesidades que tiene, sobre todo la ciudadanía joven de la Isla, que requiere el acceso a una vivienda social".

Afonso valora que la estrategia que está llevando a cabo el actual Gobierno de Canarias "está abogando mucho por los alquileres", una fórmula que bajo su punto de vista "responde más a las necesidades coyunturales que puedan tener de acceso a una vivienda en edades determinadas". El responsable insular señala que desde hace treinta años, las políticas de alquiler de vivienda estaban ligadas a la futura adquisición de la propiedad. Afonso expone que no se trata del mejor mecanismo, ya que las necesidades económicas de las familias que al final adquirían una vivienda social "van evolucionando con el paso de los años", por lo que puede que en el futuro estas personas ya no necesiten recurrir a estos recursos. "Considero que hay que darle una vuelta a estas políticas y es en lo que está trabajando el consejero regional en coordinación con el responsable insular", asegura.

Compra de inmuebles

Afonso determina que además de la construcción de nuevos inmuebles, el Gobierno de Canarias deberá valorar también la compra de infraestructuras que no estén terminadas, pero que puedan ser finalizadas para poder destinarlas al alquiler social. El director de Coordinación y Apoyo al Presidente en el Cabildo tinerfeño asegura que en la anterior etapa del Gobierno regional, -cuando la socialista Patricia Hernández ocupaba la vicepresidencia regional-, "ya existía algún proyecto en el que se estaban analizando bloques de viviendas a los que les faltaban algún elemento para culminar la obra". Se trata de inmuebles que tras iniciar el proceso de compra, "con muy poca inversión podrían pasar a ampliar el parque de vivienda pública y poder ponerlas a disposición de los ciudadanos".