La obra de Martiánez sufre un nuevo revés tras 14 años de espera

La ansiada obra de mejora de la playa de Martiánez, en Puerto de la Cruz, sufre un nuevo revés tras 14 años de espera. Según informa el Partido Popular, la declaración de impacto ambiental del proyecto, anunciado por Costas en 2006 ha caducado, lo que implica volver a empezar buena parte de la tramitación administrativa, que "desde 2018 sólo estaba pendiente de la firma de un convenio entre el Estado, el Ayuntamiento y el Cabildo". El alcalde portuense, Marco González (PSOE), lamenta las críticas de "quienes dejaron dormir este proyecto durante casi una década, tanto en Madrid como en el Cabildo, y que ahora salen a decirnos que tardamos cinco meses en firmar un convenio de colaboración que ellos nunca firmaron en ocho años de gobierno".

En 2006, la Dirección General de Costas anunció que invertiría 5 millones de euros en una nueva reforma del litoral y la playa de Martiánez. Tras una tortuosa tramitación, la declaración de impacto ambiental se aprobó en octubre de 2011 y su presupuesto se elevó a 8 millones de euros que "aparecían y desaparecían del presupuesto estatal cuando la derecha gobernaba este país", critica el alcalde portuense.

El PP acusa al PSOE de "dejar caducar el estudio de impacto ambiental del proyecto regeneración de la playa de Martiánez". El consejero Manuel Fernández ha calificado esta gestión como "desastrosa" y anuncia "un grave retraso en la ejecución de este proyecto de vital importancia para Puerto de la Cruz y para Tenerife".

Los socialistas responden que Ayuntamiento y Cabildo firmaron el convenio "en noviembre de 2019", por lo que el alcalde tacha de "inmoral" el ataque del PP a la gestión municipal e insular de un proyecto "enquistado precisamente por la desidia de gobiernos del PP durante casi una década".

González señala que "con sólo la mitad de ese esfuerzo que se ha dado en estos meses, no sólo no hubiera caducado la declaración de impacto ambiental, sino que ya se podrían haber invertido los 8 millones del proyecto. La declaración de impacto se aprobó el 4 de octubre de 2011 con un gobierno del PSOE en el Estado. Por eso da cierta vergüenza que desde la oposición critiquen con mentiras una gestión que sacó adelante en unos meses el convenio necesario para que el proyecto avance".