José Julián Mena, alcalde socialista de Arona, ordenó registrar dos despachos de Urbanismo para comprobar si habían desaparecido expedientes. Se trata de las oficinas del exconcejal del área Luis García, al que Mena destituyó el 22 de junio, y del jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, el arquitecto Damián Hernández, de baja médica desde hace dos meses. A principios de mes se registró el de Luis García y el miércoles el de Damián Hernández, en una operación coordinada entre técnicos municipales y agentes de la Policía Local. Ni el exedil de Urbanismo ni el jefe de servicio estuvieron presentes. El alcalde ordenó las inspecciones, según su gabinete, después de que el técnico que sustituye a Hernández, Rafael Galera, le advirtiese de la posible desaparición de documentos en estas dependencias, de la que se desvinculan de forma categórica los afectados.
Los registros se producen en medio de la grave crisis política que atraviesa el gobierno aronero y que llevó a la dirección nacional, regional e insular del PSOE a exigir a Mena y García que entregasen sus actas. Mientras el alcalde mantiene el desafío a su partido y se niega a acatar la orden, García ha puesto su acta a disposición del PSOE. El enfrentamiento entre concejales socialistas que hace ingobernable el Consistorio, pese a que el PSOE tiene mayoría absoluta, parte el grupo de gobierno en dos: 6 ediles apoyan a Mena y otros 6 a García.
Los registros se desarrollaron en las dependencias de quien se ha convertido en principal enemigo de Mena, el exedil de Urbanismo, y en las de un jefe de servicio al que el presidente del PSOE aronero y mentor de Mena, Agustín Marichal, acusa de actuar en connivencia con García. En una entrevista a EL DÍA publicada el día 7, Marichal, constructor y hotelero, acusa al arquitecto de llevar "por el mal camino a Luis García". "Ese señor, en tres años no ha trabajado ni dos", critica Marichal, que remata: "No puede ser jefe de la oficina técnica de Urbanismo. Es un error de García".
En un comunicado, el alcalde acusó el día 8 al exedil de Urbanismo de "cooperar" con un empresario para promover "una campaña de desprestigio" contra Mena y conseguir una licencia para un centro comercial paralizado. Mena no lo nombra pero se refiere a Diego Cano, promotor del centro cultural y comercial Arts Lifestyle & Shopping. El edificio, entre las playas de El Camisón y Las Vistas, está precintado desde 2017 por orden del propio Luis García. El exedil de Urbanismo y Damián Hernández defienden, eso sí, su legalización a través de una serie de modificaciones que el empresario acepta. García, a su vez, llevó a la Fiscalía una presunta trama de coacciones y amenazas relacionadas con el urbanismo que afecta al principal asesor del alcalde, Nicolás Jorge, imputado por delitos de corrupción, y al abogado Felipe Campos. En este contexto es en el que se producen los registros en el área de Urbanismo, que según la Alcaldía son "inventarios" en las oficinas que se realizan para localizar expedientes que el concejal y el arquitecto "no pueden tener en su poder" puesto que al primero se le retiraron las competencias y el segundo está de baja. "Los inventarios se hicieron a petición del ahora jefe de Disciplina Urbanística y los expedientes se devolvieron a su lugar natural". Ahora, el responsable del servicio trata de verificar si, como sospecha, falta algún documento o todos han sido devueltos al archivo. El hecho de hacerlo con la Policía levantando acta tiene como fin "cumplir con todas las garantías" y que "consten todas las tareas", según el gabinete de Mena.
Las acusaciones sobre presuntas irregularidades urbanísticas, que han convertido al Ayuntamiento de Arona en un polvorín, afectan también al personal laboral y funcionario. En un escrito interno remitido el viernes el comité de empresa del Ayuntamiento asegura que los trabajadores se sienten desamparados por el alcalde ante los ataques "vejatorios" y "despectivos" que han sufrido. Este fuego cruzado surgió después de que Luis García pidiera ayuda al alcalde y sus compañeros socialistas del gobierno municipal por las presuntas injerencias, presiones y coacciones del abogado Felipe Campos, con la complicidad de Nicolás Jorge. El alcalde desoyó estas quejas, destituyó a García y este llevó esas presuntas amenazas a Fiscalía.
El arquitecto municipal Damián Hernández acusó al abogado Felipe Campos de "coacciones" y "amenazas" para amoldar la gestión del territorio a sus intereses y "subvertir" el trabajo de los técnicos. Lo denuncia en un informe interno de diciembre de 2019 en el que pide amparo al Ayuntamiento y acusa a Campos de "manía persecutoria" en el caso Arts, en el que el abogado ha presentado un aluvión de denuncias en representación de otro importante empresario del Sur, Santiago Puig, con intereses en la zona.
Esta permanente conflictividad que denuncia el personal municipal, junto a las bajas por cubrir pese a las continuas peticiones de Luis García, han dejado a departamentos claves como el de Urbanismo sin la plantilla necesaria. A la baja de Damián Hernández se ha sumado la del jefe de la Sección de Edificación, también por causas médicas, y las vacaciones de otros funcionarios. De tal manera que por ejemplo de 7 profesionales, Edificación se ha quedado con dos a tiempo completo y uno a media jornada. De ahí que casi un millar de licencias lleven meses paralizadas, lo que supone que unos 175 millones de euros en inversiones se han quedado en el aire.
Mena quiere agilizar la concesión de licencias pero el personal rechaza las presiones y se niega a adoptar decisiones precipitadas. El propio Mena admite la falta de personal en un comunicado enviado ayer. "Urbanismo arrastra desde hace décadas un importante retraso en la dotación de personal, de manera que el número de trabajadores está por debajo de lo que sería deseable en un municipio con más de 100.000 habitantes censados", aclara la nota. Por este motivo, la Corporación ha puesto en marcha un "plan de choque".
Para ello, el alcalde ha anunciado un proceso selectivo para cubrir plazas de arquitectos, aparejadores e ingenieros, además de incorporar a un director de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructura, que tendrá carácter técnico, la máxima autoridad de esta macroárea. Asimismo, la Alcaldía quiere reforzar el área de Urbanismo con funcionarios de otros departamentos y una denominada "bolsa de horas extra" para impulsar los "expedientes retrasados".
