La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto dos investigaciones sobre el urbanismo en Arona. En ambos casos son expedientes informativos, la primera fase procedimental del Ministerio Público. El primero lo abrió de oficio -por iniciativa propia- el 18 de junio y está relacionado con el Arts Lifestyle & Shopping Tenerife, centro cultural y comercial construido entre las playas de Las Vistas y El Camisón, en Los Cristianos, sobre la conocida como casa de los Domínguez. El segundo expediente lo abrió el 2 de julio y tiene que ver con una presunta red de coacciones y amenazas relacionada con el abogado Felipe Campos y Nicolás Jorge, asesor del alcalde de Arona e imputado por delitos relacionados con la corrupción de su etapa en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Fuentes de la Fiscalía aseguraron ayer a EL DÍA que ambos expedientes están en plena fase de desarrollo. Se analiza la abundante documentación recabada, parte solicitada al Ayuntamiento aronero, y varias grabaciones. Después del análisis de todo el material, que llevará meses, será cuando el Ministerio Público decida si da carpetazo a los expedientes, al no ver indicio de delito, o pasa el siguiente nivel. La apertura de una diligencia de investigación implicaría que los fiscales observan hechos que pueden ser constitutivos de delitos. A partir de aquí, las otras dos opciones serían el archivo de la diligencia o la presentación de denuncia ante el juzgado correspondiente, que puede ser conjunta o ir por separado.
Ambas investigaciones están detrás de la grave crisis política que atraviesa el Ayuntamiento y el PSOE aroneros. El urbanismo de Arona, además, está sujeto a grandes intereses debido al enorme peso de su actividad turística en Canarias y a la actual redacción de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO), con grandes bolsas de suelo. Después de que el alcalde, José Julián Mena, destituyera el 22 de junio al concejal de Urbanismo, Luis García, al que acusa de plegarse a los intereses del promotor del Arts Lifestyle & Shopping, García acudió a la Fiscalía para exponer las presuntas coacciones y presiones del abogado Felipe Campos y Nicolás Jorge a empresarios y técnicos municipales para amoldar la gestión urbanística a sus intereses e impedir que se abra este centro cultural y comercial. Como consecuencia de ello, el gobierno municipal, pese a estar comandado por el PSOE con mayoría absoluta, se ha partido en dos -seis concejales apoyan a Mena y otros seis a García- y la dirección socialista nacional, regional e insular ha exigido a ambos que entreguen sus actas. García está dispuesto a hacerlo, mientras Mena se niega abandonar la Alcaldía.
La investigación por el 'caso Arts'. El primer expediente de información relacionado con el urbanismo de Arona se abrió el 18 de junio a raíz de una noticia publicada por Canarias Ahora sobre presuntas irregularidades en el trámite del centro cultural y comercial. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, se ha interesado en dos ocasiones por su tramitación: una primera verbal y otra recientemente por escrito. La Fiscalía de la Audiencia Provincial encargó el caso a Francisca Sánchez, especializada en ordenación del territorio y medio ambiente. No es una elección casual. Sánchez ya representó al Ministerio Público en el caso Arona, que desembocó en penas de cárcel para tres técnicos municipales y un exedil del PP, Félix Sierra, así como otras condenas de cárcel o inhabilitación para el exalcalde, José Alberto González Reverón (CC), otros ediles, empresarios y funcionarios.
La maraña del centro comercial de El Camisón. El objeto de investigación del caso Arts es el centro comercial construido en pleno paseo marítimo de Los Cristianos y promovido por el inversor Diego Cano, de Melisofli SL. Después de que la primera idea surgiera en 1993, la tramitación se ha convertido con los años en una maraña de licencias, informes, reparos y denuncias. Éstas últimas -más de 14- han sido promovidas por el abogado Felipe Campos, que según aseguró el presidente del PSOE de Arona, Agustín Marichal, representa a uno de los empresarios más importantes de Canarias, Santiago Puig. El hijo de Rafael Puig, promotor de Playa de Las Américas, tiene intereses en esta zona privilegiada de Los Cristianos, incluido un solar.
Un proyecto más avanzado que el inicial recibe el visto bueno de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en 2012. Dos años después, el 11 de julio de 2014, la Junta de Gobierno de Arona concede la licencia de obra mayor en cumplimiento de una sentencia del Juzgado número 4 de lo contencioso de Santa Cruz de Tenerife que acuerda estimar el recurso de Guadalupe Domínguez Sierra, perteneciente a una familia con grandes propiedades en el sur de la Isla, entre ellos estos terrenos donde los Domínguez tenían un chalé. El 21 de noviembre de 2014, la titularidad de la licencia pasa a manos de Diego Cano y poco después comienzan las obras. En junio de 2017, tras su inauguración, el mismo concejal de Urbanismo al que el alcalde Mena acusa ahora de proteger a Cano y defender este proyecto, Luis García, lo precinta por irregularidades relacionadas con la servidumbre y los retranqueos.
La batalla contra el edificio. En septiembre de 2017 se recrudece la batalla de Felipe Campos contra este edificio: expone que el inmueble es contrario al ordenamiento, invade la zona de servidumbre, se extralimita en las alineaciones de la parcela e incumple otra serie de aspectos técnicos: los desmontes, el forjado del techo, la altura, las pérgolas, la volumetría... El jefe de Disciplina Urbanística de Arona, Damián Hernández, desmonta muchas de estas denuncias de Campos, lo acusa de manía persecutoria contra este centro comercial y avala, con el apoyo del responsable de Urbanismo, un procedimiento de restauración de la legalidad a través del cual Cano modifica el proyecto para adecuarlo a la legislación y el PGO y evitar la demolición total. Tanto ese procedimiento como la licencia siguen en vigor, esta última renovada por la Junta de Gobierno de Arona en 2017, con José Julián Mena de alcalde. El proyecto ha recibido premios a la excelencia empresarial de los diarios El País y El Economista.
Coacciones, amenazas... El segundo expediente informativo tiene que ver con la denuncia del exedil de Urbanismo, Luis García, presentada el 2 de julio. García lo intentó a través de la Fiscalía Anticorrupción pero esta derivó el caso a la de la Audiencia Provincial. Con amplio soporte documental y grabaciones, García expone a la fiscal María Isabel Cristina Silva, en su declaración en los juzgados de Arona, que el abogado Felipe Campos, con el apoyo del asesor del alcalde Nicolás Jorge, habrían presuntamente presionado a empresarios y funcionarios con dos objetivos: amedrentar a los inversores que no contratan los servicios del letrado y presionar a técnicos municipales para que adopten medidas que respondan a sus intereses.
García presenta entre otras una grabación en la que Campos ofrece supuestamente su mediación a una veintena de propietarios para que un lote de más de 250.000 metros cuadrados sea reclasificado de rústico a residencial en el nuevo PGO. A ese encuentro iría acompañado de la hermana del alcalde. Ofrecería 50.000 euros a cada propietario y el 5% del valor edificable si sale adelante el convenio, una minuta que superaría los dos millones de euros. La Fiscalía tomará declaración a los involucrados.
