En Arona apenas se habla de cómo afrontar el durísimo golpe del cero turístico provocado por el Covid-19. Y eso que se trata de una crisis que ha explotado de lleno en la línea de flotación de la economía aronera, uno de los motores turísticos de Canarias, con picos de hasta 1,9 millones de visitantes al año que dejan más de 1.200 millones de euros. Sin turistas, Arona se asoma a la nada y lo peor, según todos los analistas, está por llegar. Pero apenas se habla de eso. En Arona tampoco hay una confrontación de ideas sobre cómo enderezar uno de los municipios con la brecha más alta de desigualdad de toda España. Bolsas de población que están entre las de mayor pobreza y paro del país conviven con otras con la mayor concentración de ingresos. Solo hay que ver el abismo que separa al barrio de El Fraile, con una tasa de desempleo superior al 25%, de la milla de oro situada en el Centro Comercial Oasis y alrededores, donde un local de 100 metros cuadrados llega a valer más de un millón de euros. Lo que ahora ocupa a Arona y está en el centro de la grave crisis política del Ayuntamiento es el mercadeo de intereses urbanísticos, una lucha encarnizada de unos pocos inversores y sus influencias. Son muchos los millones de euros en juego en un territorio muy goloso. De ahí la enconada disputa, las descalificaciones y la sensación de que en Arona nada funciona y de que parece condenada a seguir siendo una gran anomalía en el devenir municipal de Canarias.
Nada nuevo en Arona, una localidad que parece resistirse a aprender de su historia, de los casos de corrupción de políticos, empresarios y técnicos municipales con penas de cárcel, de la inestabilidad política permanente, de la sombra de sospecha que se cierne sobre sus 82 kilómetros cuadrados. Ha vuelto a ocurrir. Hay muchas constataciones en las últimas semanas de esta batalla urbanística que vuelve a paralizar la actividad municipal y amenaza con enquistarse si el bloqueo político se mantiene, con un grupo de gobierno socialista que a pesar de gozar de la mayoría absoluta se ha fracturado en dos, entre los seis ediles que apoyan al alcalde, José Julián Mena -Leopoldo Díaz, Raquel García, Julia Raquel Morales, Francisco Marichal, Ruth Lorenzo y José Alberto Delgado-, y los otros seis que apoyan al otro concejal, Luis García, cuya cabeza también ha pedido el PSOE -José Luis Gómez, Juan Sebastián Roque, Dácil León, Pura Martín, Elena Cabello y Yurena García-. Porque el PSOE ha pedido al alcalde y al exedil de Urbanismo que para apaciguar el revuelto grupo socialista, el Gobierno local y el municipio entreguen sus actas.
Desafío de Mena al PSOE
La última muestra se encuentra en el comunicado del sábado del alcalde, en el que Mena desafía a la dirección del PSOE nacional, regional e insular al rechazar la orden de mandarse a mudar. En un hecho tan grave como insólito, Mena acusa a la cúpula de su partido de actuar para proteger los intereses de un empresario. Nada tiene que ver con el cumplimiento del programa electoral, con las políticas sociales, con los incentivos a las empresas? Esto dice el alcalde en la nota de prensa difundida el sábado: "Renunciar sería traicionar la confianza de lo que más debe importar a un partido como el PSOE, el interés general, ya que esta crisis se abre en un intento por mi parte de preservarlo frente a las cuestiones particulares de un empresario. Que los socialistas cedan me causa un enorme dolor y puede constituir un error histórico que mi propio partido ya cometió en el pasado".
No se recuerda una acusación semejante de un alcalde o cualquier otro responsable público a los principales cargos orgánicos de su partido: poner a un empresario por encima de los intereses de toda una formación política y del quinto municipio más poblado de Canarias, con más de 80.000 habitantes. Y es tan inusual como las denuncias de la otra mitad del grupo de gobierno. Tres de ellos -Luis García, en compañía de José Luis Gómez y Juan Sebastián Roque- trasladaron a la Fiscalía de la Audiencia Provincial las irregularidades de una presunta trama vinculada al abogado Felipe Campos y al principal asesor del alcalde, Nicolás Jorge, imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos en su etapa como edil de Granadilla. García llevó documentación y grabaciones al Ministerio Público sobre presuntas coacciones y amenazas de Campos a empresarios y técnicos municipales para amoldar la ordenación del territorio a sus intereses y amedrentar a quien no contrata sus servicios.
Además, estos concejales, así como empresarios y técnicos municipales, aseguran que Campos ha podido tener acceso a información reservada sobre expedientes urbanísticos en los que no está acreditado su interés. Sí está acreditado que Campos ha ido acompañado de la hermana del alcalde, Jenny Mena, a reuniones en las que ofrece sus servicios a cambio de gestiones para la reclasificación de importantes bolsas de suelo de rústico a residencial. El abogado no ha querido aclarar su relación profesional con la hermana del alcalde, aunque los empresarios que lo acusan de coacciones creen que trabaja para él. Fue a partir del momento en que Luis García advirtió a su grupo de gobierno que existían pruebas de esas irregularidades, que suponían una injerencia inadmisible a su gestión, en una reunión celebrada el 8 de marzo, cuando se desencadenó la guerra. Mena pidió primero la dimisión de García. Al negarse el edil lo destituyó el 22 de junio y el 2 de julio, García ya estaba declarando ante una fiscal. Encendidos los ventiladores, levantadas las alfombras, la división se ha terminado convirtiendo en una lucha fratricida, un cruce de acusaciones en el que cada bloque acusa al otro de defender unos intereses empresariales.
En espera de que Mena comparezca para dar explicaciones -lo iba a hacer el jueves pero suspendió a última hora la convocatoria-, el alcalde sí ha respondido en dos comunicados. En ellos, en especial en el primero del miércoles, responsabiliza a Luis García y algunos de sus concejales afines de "graves irregularidades". Mena observa "una campaña de desprestigio que busca subvertir la voluntad" y echarlo de la Alcaldía. "Es decir, un empresario que no consigue imponer su voluntad ha logrado desestabilizar el resultado de las urnas contando con la total cooperación del exconcejal de Urbanismo y con el apoyo de algunos concejales que actualmente forman parte del gobierno municipal, lo cual es de una gravedad que hemos visto demasiadas veces en España en los últimos años: los lazos del poder, el dinero y algunos medios de comunicación para imponer su voluntad en las instituciones", precisa.
No lo cita en ningún momento, pero cuando habla de "un empresario" José Julián Mena se refiere a Diego Cano, promotor del Centro Comercial Artslife&Shopping, un edificio alrededor del que órbita este nuevo caso Arona. Situado en la avenida marítima de Los Cristianos, entre las playas de El Camisón y Las Vistas, fue precisamente cerrado por presuntas irregularidades por Luis García como edil de Urbanismo, el mismo al que Mena acusa ahora de colaborar con su promotor. Precintado en el verano de 2017, muy poco después de la inauguración, su tramitación se ha terminado convirtiendo en una tupida maraña de expedientes, licencias e informes que viene de muy atrás, del año 1993. El proyecto en un saliente de la costa en el que antes había un chalé rodeado de palmeras fue propuesto primero por la familia Domínguez, dueña de estos terrenos, como de otros muchos en el sur de la Isla. Pero luego pasó a Diego Cano.
La tupida maraña del Arts
Es un proyecto que nació amparado por el PGO de 1993 y con una primera licencia concedida por los tribunales. Contó con una autorización de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno canario, que caducó antes de que el proyecto obtuviera la licencia de obras por parte del Ayuntamiento en 2014. Se modificó para adecuarse al Plan de Modernización y Mejora (PMM) de Costa Adeje, pero este nunca se llegó a aprobar. Luis García y su jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, el arquitecto Damián Hernández, entienden que el edificio se puede legalizar. De hecho, el promotor lo ha modificado para evitar invadir la servidumbre y adecuarse a las normas urbanísticas en vigor. El alcalde, sin embargo, rechaza esta solución y lo ve ilegalizable.
Este intercambio de golpes, como se ve, también ha alcanzado a funcionarios municipales. Nadie se escapa en el Ayuntamiento de Arona de las sospechas. Y ha alcanzado en especial al jefe de Disciplina Urbanística, sobre todo después de que Damián Hernández firmara varios informes en los que defiende la legalización del Centro Comercial Arts, con el apoyo de su concejal, a través de modificaciones en su estructura que el promotor está dispuesto a realizar. Con 15 años de experiencia, este arquitecto asesora a profesores de la Universidad de La Laguna y participó en la redacción de la ley del suelo gracias a sus grandes conocimientos en urbanismo. A Hernández se le ha criticado y mucho por parte del equipo de Mena, sobre todo tras denunciar graves irregularidades.
En una entrevista a EL DÍA, Agustín Marichal, presidente del PSOE de Arona, se quejó del arquitecto. "El jefe de Disciplina Urbanística, en tres años no ha trabajado ni dos. Ahora está de baja otra vez", aseguró: "Este señor no puede ser el jefe de la oficina técnica de Urbanismo. Es un error de Luis García". En esa entrevista, Marichal habla de "técnicos bichaditos que mangonean" y de "ratitas" de la administración. No deja de ser curioso que un constructor y hotelero presida el PSOE en un municipio en el que convergen tantos intereses urbanísticos. Mentor y hombre de máxima confianza de José Julián Mena, Marichal también se sumó al ataque contra el empresario Diego Cano. "De mafiosos Cano sabe mucho más que yo", sentenció.
Antes, Damián Hernández había pedido amparo a la Concejalía de Urbanismo por las "coacciones" e "injerencias" del abogado Felipe Campos, a quien acusa de querer doblar la gestión del territorio según los intereses que representa a través de un aluvión de amenazas, denuncias y alegaciones. Incluso, el jefe de Disciplina Urbanística acusa a Campos de tener una manía persecutoria contra el Arts, contra el que interpone hasta 14 denuncias, cuando nunca ha acreditado su vinculación con este proyecto. El alcalde llega a convocar a Campos a una reunión con el concejal y otros técnicos inferiores a Hernández en la que tolera que el abogado maneje expedientes privados y presione a los técnicos.
¿Qué interés puede tener Felipe Campos en el Arts? Aunque el abogado no acredita oficialmente en ningún momento a quién representa, según el arquitecto Damián Hernández, el propio Agustín Marichal lo desvela en la entrevista publicada el viernes por este periódico: estaría actuando en nombre de Santiago Puig, el elefante blanco, el poder real de los constructores de Tenerife y dueño, siempre según Marichal, de una pequeña parcela colindante con el Centro Comercial Arts. Hijo de Rafael Puig, promotor de Playa de Las Américas y cuya principal avenida lleva su nombre, Santiago Puig tiene millonarios intereses urbanísticos en Arona, algunos de los cuales dependen del nuevo Plan General de Ordenación, que Mena prometió aprobar a final del mandato. Campos, que también ha representado al asesor del alcalde, Nicolás Jorge, ya había demostrado su capacidad para buscar defectos en los planes generales. Lo hizo en su denodada lucha contra el fuera de ordenación en Santa Cruz, lo que, junto con su batalla legal contra el ruido de los Carnavales de la capital, lo convirtieron en un personaje mediático.
Un Plan General en redacción con bolsas de millones de metros cuadrados por reclasificar, grandes proyectos urbanísticos con esperanzas de multimillonarios beneficios y una pugna descarnada para repartirse el pastel. En realidad el Arts es solo la punta del iceberg. Es el gran problema que subyace en el trasfondo del nuevo caso Arona, un pulso de grandes fuerzas que ha provocado un terremoto en el gobierno municipal, ha removido todos sus cimientos y lo ha vuelto ingobernable e ineficaz. Las licencias se acumulan en la gaveta, unos técnicos atemorizados rehúsan avalar los expedientes y hasta la misma dirección del PSOE tiene que intervenir y pedir al alcalde que se marcha en uno de los pocos municipios donde gobierna con mayoría absoluta. Lazos de poder y dinero que imponen la voluntad en todo un Ayuntamiento.
