La cita fue en el Ayuntamiento de Arona. El 17 de mayo de 2019. A la reunión -"tendenciosa" e "inesperada" en opinión del jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística, el arquitecto Damián Hernández Fumero- acudió el alcalde, José Julián Mena, junto a concejales del grupo de gobierno y personal de confianza. Los otros invitados: el abogado Felipe Campos y el arquitecto municipal Óscar Torres Chico, responsable?de emitir los informes técnicos ?sobre el centro comercial Arts&Shopping. Hernández Fumero, pese a su condición de funcionario de alto rango con máximas responsabilidades en el desarrollo urbanístico del municipio, no fue invitado, pese a que así se solicitó expresamente por el concejal de Urbanismo, Luis García. Mena tampoco invitó al jefe de la Sección Técnica de Edificación pese a la petición de Luis García.

¿Qué pasó en ese encuentro? El incidente se ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y consta en un informe interno del jefe de Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística al concejal de Urbanismo. Ambos coinciden en la versión sobre lo que allí ocurrió. Lo primero que llama la atención de ambos es que Campos lograra cerrar una cita de máximo rango en el Ayuntamiento con el alcalde, concejales, asesores y técnicos de urbanismo, para tratar sobre un proyecto del que es ajeno, el centro comercial Arts&Shopping. Más que para restaurar la legalidad ante posibles irregularidades o deficiencias, fue para ilegalizar el inmueble.

El comportamiento de Campos

Es meritorio a la vez que asombroso que Campos lograra reunir para escucharle en el Ayuntamiento a un público tan cualificado como influyente en el desarrollo urbanístico de Arona. Pero más increíble es el comportamiento del abogado, que acudió junto a tres asesores de su bufete. Según los testimonios del edil de Urbanismo y del jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, el abogado se sobrepasó. Obstinado, terco e impertinente trató de forzar un cambio de criterio sobre el proyecto, con presiones al arquitecto municipal. El alcalde no solo lo toleró, según el testimonio del concejal y del jefe de Servicio. Una actitud tan comprensiva como sospechosa de Mena con Campos que se ha trasladado a la Fiscalía. Mena también respaldó a Campos, empeñado en subvertir los criterios de los funcionarios de Urbanismo.

Las intromisiones e injerencias en el planeamiento con amenazas para condicionar la disciplina urbanística es un comportamiento de Campos denunciado no solo por el entonces concejal de Urbanismo y el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística, sino también por empresarios, inversores y propietarios que han denunciado los chantajes urbanísticos. El alcalde también permitió que Campos tuviera acceso al menos a un expediente urbanístico privado que todavía estaba en fase de redacción pese a que el abogado es ajeno a la actividad municipal y no disponía en ese momento de autorización para acceder a los procedimientos administrativos en tramitación, que contienen datos confidenciales protegidos por la ley.

Las presuntas coacciones y amenazas de la trama vinculada a Campos y al asesor del alcalde Nicolás Jorge, dirigente socialista imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos en una causa relacionada con su etapa como concejal en Granadilla de Abona, están siendo investigadas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial después de las denuncias de empresarios del sur de Tenerife, el exedil de Urbanismo Luis García y el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística de Arona, el arquitecto Damián Hernández. El arquitecto, ante las injerencias y extorsiones de Campos, con acceso privilegiado al Ayuntamiento a través de Nicolás Jorge, llegó al extremo de pedir protección al gobierno municipal por las amenazas que recibía por parte del abogado. Lo nunca visto en la historia municipal de Arona.

La cita con Campos en el Ayuntamiento era para tratar el expediente del Centro Comercial Artslife&Shopping, situado en la avenida marítima de Los Cristianos y que fue precintado en el verano de 2017, después de su construcción, por unas presuntas irregularidades que su promotor, Diego Cano, niega. Cano, en representación de Melisofli SL, y otro empresario, Roman Ivakneko, de Kripo Solutions, están entre los inversores del Sur que acusan a Felipe Campos de extorsiones y de valerse de contactos "privilegiados" a través de Nicolás Jorge en el Ayuntamiento de Arona. "O pagas o te someten a un calvario judicial y administrativo que paraliza las inversiones", revelaron.

Existe constatación documental de esta reunión presidida por el alcalde de Arona. Aparece en el escrito oficial del 26 de diciembre de 2019 en el que el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística de Arona denuncia "coacciones", "amenazas", "comentarios injuriosos" y "actitud persecutoria" del abogado Felipe Campos para tutelar e imponer una actuación urbanística acorde a sus intereses por parte de los empleados públicos del área de Planificación y Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Arona.

"Tendenciosa e inesperada"

En la página 39, el arquitecto Damián Hernández apunta lo siguiente: "Resulta reseñable la reunión tendenciosa e inesperada que el 17 de mayo del año en curso (2019), presidida por el Sr. Alcalde, con la asistencia de varios concejales del Grupo de Gobierno y del personal de confianza de la Alcaldía-Presidencia, mantuvo D. Felipe Campos con el arquitecto municipal, D. Óscar Torres Chico, responsable de emitir los informes técnicos relacionados con el Centro Comercial Arts".

Es decir, delante del alcalde y en una reunión convocada por el abogado, una persona ajena al organigrama del Ayuntamiento, Felipe Campos intenta presionar al concejal de Urbanismo y a un técnico municipal en la sede del mismo Ayuntamiento y se entromete en un expediente ,que se encuentra aún en tramitación, sin que tenga acreditado ningún interés directo en el proyecto. Además, en ese encuentro José Julián Mena apoyaría las tesis de Felipe Campos de que ese centro comercial es ilegal, en contra del criterio de su concejal de Urbanismo y todos sus técnicos, que consideran que gran parte de la estructura del edificio se puede legalizar perfectamente según a la legislación y el plan general de ordenación en vigor.

Diego Cano lo considera "gravísimo". "En ese momento, los informes sobre el centro comercial Arts se estaban elaborando y Campos y sus asesores ya estaban insistiendo en que el Arts era ilegal. Es escandaloso que esto, que no es otra cosa que facilitar información confidencial, lo alentase y permitiese todo un alcalde", se queja el inversor.