06 de julio de 2020
06.07.2020
Arona | Crisis en uno de los motores del turismo en Canarias

Empresarios del Sur denuncian extorsiones urbanísticas de Felipe Campos

El exconcejal de Urbanismo de Arona Luis García informa de esta presunta trama a la Fiscalía, vinculada al asesor del alcalde Nicolás Jorge | El abogado acude a reuniones con la hermana del alcalde

05.07.2020 | 22:30
La playa de Los Cristianos, en Arona, vacía como consecuencia de la epidemia del coronavirus Covid-19.

Empresarios con intereses económicos en el sur de Tenerife denuncian ser víctimas de una presunta red de extorsión relacionada con el urbanismo vinculada al abogado Felipe Campos y a Nicolás Jorge, cargo público socialista investigado por prevaricación y malversación de caudales públicos y asesor del alcalde de Arona, José Julián Mena (PSOE). El testimonio de estos inversores, trasladado a la Fiscalía, señala a Campos y sus contactos "privilegiados" a través de Nicolás Jorge en el Ayuntamiento.

El abogado, conocido por su polémica batalla contra el fuera de ordenación y los Carnavales de Santa Cruz, que trató de parar por la contaminación acústica, ofrece a propietarios de suelo, inversores y empresarios asesoramiento y mediación para resolver proyectos y recalificaciones en el nuevo PGO en tramitación en Arona. Entre las anómalas prácticas denunciadas está la amenaza de presentar un aluvión de reparos y demandas contra los proyectos urbanísticos de quienes se niegan a contratar sus servicios. "O pagas o te someten a un calvario judicial y administrativo que paraliza las inversiones", revelan estos empresarios, entre ellos Diego Cano, en representación de Melisofli SL, y Roman Ivakneko, de Kripo Solutions.

A estos inversores y propietarios del suelo en Arona les sorprende que Felipe Campos acuda a reuniones y citas en las que ofrece su mediación urbanística acompañado de la hermana del alcalde de Arona, Jenny Mena, dando a entender que trabaja en su bufete. Estos empresarios dan por hecho que la hermana del alcalde está trabajando para Felipe Campos y aseguran tener acreditada su participación en al menos tres encuentros. Contactado ayer por este periódico, Campos no quiso hacer ninguna declaración al respecto ni sobre las denuncias de los inversores. Nicolás Jorge, por su parte, niega estar detrás "de una suerte de industria extractiva de comisiones y mordidas" asociada al urbanismo municipal de Arona.

La Fiscalía ya tiene conocimiento de estas presuntas prácticas. Se las trasladó el que fuera concejal de Urbanismo de Arona hasta el pasado 22 de junio, cuando fue destituido por el alcalde tras cinco años en el cargo. Luis García acudió el pasado miércoles a los juzgados de Arona a declarar como testigo y denunciante ante una fiscal de la Audiencia Provincial acompañado de dos concejales que se mantienen en el gobierno municipal y también conocedores de estas actividades: los también socialistas José Luis Gómez, responsable de Servicios Públicos y Vivienda, y Juan Sebastián Roque, a cargo de Educación, Cultura, Deportes y Juventud.

Luis García aportó numerosa documentación y grabaciones, una de casi una hora. En este audio se oye a Felipe Campos ofrecer su mediación, acompañado de la hermana del alcalde, a propietarios de una veintena de fincas del municipio aronero. Su tarifa: 50.000 euros por cada propietario del suelo, un millón de euros en total, y el 5% del valor de la superficie edificable si finalmente el convenio sale adelante. Campos se ofrece a hacer gestiones para que esa unidad de actuación, cuya superficie supera los 250.000 metros cuadrados, deje de ser rústica para pasar a uso residencial en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que el Ayuntamiento quiere tener listo al final de este mandato. La recalificación permitiría urbanizar los terrenos y dispararía el valor de las fincas, al pasar de rústicas a edificables.

Pero existen más audios de conversaciones de Felipe Campos. En uno de ellos, el abogado admite que presenta recursos contra todos los proyectos urbanísticos de Arona que no son de clientes suyos. Así se lo asegura a un inversor extranjero cuyo proyecto está paralizado por sus alegaciones. El empresario le ofrece dinero a cambio de que las retire y poder seguir adelante con el proyecto.

Oferta de recalificación

En su denuncia, Luis García pide a la Fiscalía que investigue la relación de Felipe Campos con Nicolás Jorge, asesor del alcalde de Arona, pues cree que los dos son cómplices. Los responsabiliza de entrometerse en el área de Urbanismo, controlado por García hasta su destitución. En el referido audio de una hora en manos del Ministerio Público, Campos culpa a García de haber declarado rústicos los terrenos, lo critica por esa decisión, señala que el concejal actúa al margen del gobierno municipal y precisa que no es el edil ni los redactores del PGO los que deciden la calificación final del suelo en el Plan General, sino el pleno y el Ayuntamiento. Está acreditado que Felipe Campos y Nicolás Jorge han tenido una relación profesional: Campos figura como abogado de Jorge en un procedimiento de 2018 que se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 3 de Granadilla de Abona.

Uno de los empresarios que asegura ser víctima de esta trama es Diego Cano, promotor del centro comercial de la avenida marítima de Los Cristianos que fue precintado por el Ayuntamiento poco después de su inauguración, en el verano de 2017, por unas presuntas irregularidades que niega. "Hay un hostigamiento para intoxicar y asfixiar el área municipal de Urbanismo y obtener beneficios. Es un aluvión de denuncias, reiterativas, que asfixia el departamento y paraliza a los técnicos. Hay pánico a que llegue una denuncia más de Felipe Campos. Es algo de sobra conocido", narra Cano, responsable de Melisofi Consulting SL, promotora del mencionado centro comercial, Artslife & Shopping.

Posible filtración de datos

Una cuestión que le parece "muy grave" a Diego Cano es que se puedan estar facilitando datos de expedientes a este abogado "en una fase en la que nadie, salvo los propios encargados del expediente, puede tener acceso a la documentación", que es privada y cuya confidencialidad está protegida por ley. "Felipe Campos me presentó 14 denuncias contra el proyecto del Arts. Y también me denunció ante Patrimonio del Cabildo por la destrucción de unas supuestas salinas y restos guanches. Me denuncia asimismo porque asegura que he dañado plantas protegidas", detalla para rematar: "El resultado es que mi proyecto, que cuenta con todos los permisos y respeta la ley y el PGO, está paralizado, lo que implica importantes pérdidas económicas".

Tanto Cano como otros inversores que se consideran afectados por esta presunta red aseguran que no solo coaccionaría a los empresarios, sino también al personal municipal, especialmente en Arona pero también en Adeje, con escritos, alegaciones, amenazas de denuncias y denuncias propiamente dichas. Con ello mediatizarían el trabajo de los técnicos municipales. Algunos funcionarios de este departamento se quejaron, de hecho, al exconcejal del área de Urbanismo de Arona. Y así se lo trasladó a la Fiscalía. García comunicó que personal de Urbanismo se sentía presionado para modificar expedientes o agilizar o paralizar proyectos.

Conflictividad urbanística

Arona, uno de los motores turísticos de Canarias, es un municipio con antecedentes de gran conflictividad urbanística, casos de corrupción y un Plan General derribado por la Justicia. En enero de 2017, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenaba al exalcalde José Alberto González Reverón (CC) y seis de sus concejales a 17 años de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación urbanística, así como a seis funcionarios con penas de entre 5 y 2 años de cárcel por cohecho, en el llamado caso Arona 1. En mayo de 2015, el Tribunal Supremo anulaba el PGO porque contenía modificaciones sustanciales posteriores a su aprobación parcial por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) del Gobierno de Canarias.

Los empresarios afectados critican que las consecuencias principales de estas prácticas son: la desconfianza que ha cundido en los técnicos municipales, que frena la actividad por temor a demandas y represalias, la incertidumbre de los inversores, por la presión que reciben y el miedo a perder el dinero, y la inseguridad que genera la tardanza en la revisión del PGO. Resultado: un ayuntamiento paralizado.

Los datos lo corroboran. Tal y como informó EL DÍA el pasado viernes, en torno a 175 millones de euros es la cantidad que el Ayuntamiento de Arona mantiene en el aire por la falta de diligencia del gobierno municipal al resolver solo en torno al 8% de los casi 1.000 expedientes acumulados durante el año de mandato. Una demora en la que aparece señalado el jefe accidental de la Sección Jurídica de Obras, Víctor Fuentes, por no emitir ni una resolución sobre alguna de las 16 licencias de obra mayor en los últimos nueve meses que estuvo Luis García como responsable del área. Su trabajo llegó a motivar la petición de su cese por parte del jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística, Damián Hernández.

Roman Ivaknenko es otro de los inversores que dice ser víctima de esta presunta trama. Explica que Felipe Campos "hace y deshace lo que quiere" en el Ayuntamiento de Arona al disponer presuntamente de información privilegiada sobre los grandes proyectos urbanísticos. Ivaknenko ahonda en la parálisis municipal: "El problema es que las amenazas y denuncias contra los técnicos, no solo contra los inversores, amedrentan a todo el mundo. ¿Qué consigue? Paralizar los proyectos durante mucho tiempo, sobre todo si se judicializan. La Justicia es lenta, como ya se sabe, el tiempo pasa y el inversor sigue durante todo ese periodo sin poder hacer nada. Los técnicos en muchas ocasiones esperan que los permisos estén avalados por los tribunales. Hay gente que ha invertido mucho dinero y que no puede aguantar. Algunos terminan llegando a la conclusión de que es mejor contratar a Campos que pasar por esa odisea". Ivaknenko, en concreto, asegura haber sido denunciado en tres ocasiones por Campos, en su caso por tres proyectos en el municipio de Adeje.

El caso también ha afectado a la gestión política del quinto municipio más poblado de Canarias -81.216 residentes según el último Padrón Municipal- y una de las potencias turísticas del Archipiélago -49.000 plazas hoteleras y extrahoteleras-. Con la expulsión de Luis García se ha generado un cisma entre los afines al alcalde y los fieles al exresponsable de Urbanismo, a quien respaldan al menos seis concejales.

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