La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció ayer que había aprobado los pliegos de licitación por 75 millones de euros de los contratos para la ejecución de las obras y puesta en marcha de los sistemas de depuración y reutilización de las aguas residuales del Oeste de Tenerife, que abarca los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide y de la nueva planta que se ubicará en Granadilla.
Ambas actuaciones ya cuentan con los proyectos terminados y con la aprobación de los pliegos se encuentran listos para ser sacados a concurso. Sin embargo, el organismo afirma que es necesario firmar primero el convenio de financiación con el Cabildo de Tenerife, que todavía se está tramitando.
El organismo también informó de que están aprobados los pliegos del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de estas mismas obras.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del conjunto de proyectos que Acuaes desarrollará en la Isla, en colaboración con el Cabildo tinerfeño y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Un convenio a través del que el Estado destinará 170 millones de euros a la construcción de cuatro nuevas depuradoras comarcales y al sistema de saneamiento hasta la planta de La Orotava.
Además de las depuradoras que se ubicarán en Granadilla de Abona, en la comarca Oeste de la Isla y en Acentejo, también está prevista otra planta en donde se tratarán las aguas residuales de Arona-San Miguel. Una actuación que recibió recientemente una declaración de impacto ambiental positiva por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Aunque la sociedad mercantil estatal está trabajando en la aprobación y licitación de las obras de varios de los proyectos, advierte que resulta necesaria la suscripción del correspondiente convenio de financiación que se encuentra en fase de tramitación por el Cabildo de Tenerife y cuya firma fue autorizada por el Consejo de Administración de Acuaes en su reunión del pasado 26 de febrero.
Según la información que ha trascendido sobre el convenio que está previsto firmar, el Gobierno central se encargará de licitar, adjudicar y ejecutar todos los proyectos, a través de Acuaes. Además, se hará cargo de su financiación aportando 170 millones, a los que habrá que sumar otros 20 más para poder completar los cinco proyectos. Unos fondos que el Cabildo ya está negociando para que puedan finalmente incluirse.
Asimismo, la Corporación insular deberá devolver el 50% del total de los fondos que el Estado se ha comprometido a aportar, ya que el Ministerio adelantará la inversión que le correspondería al Cabildo destinar a estos proyectos. La Institución tinerfeña deberá devolver el dinero en un plazo de 30 años a partir del momento en el que todas las obras previstas estén operativas.
Acuaes asegura que en estos momentos es una prioridad que estos proyectos avancen más rápidamente y se solucione el problema serio de falta de depuración en Canarias, lo que está provocando el incumplimiento de la Directiva europea 91/271 sobre depuración de aguas residuales urbanas.
Un retraso en la puesta en marcha de sistemas de saneamiento y depuración de varias décadas en la Isla, que incluso han ocasionado amenazas de sanción por parte de la Unión Europea.
Para agilizar las actuaciones, la Sociedad Estatal ha abierto una oficina en Tenerife, de forma que el personal de Acuaes pueda dirigir sobre el terreno la realización de estos proyectos.
Planta de Acentejo
El consejo de administración de Acuaes también anunció ayer que ha aprobado la licitación del proyecto de investigación para la validación de los pozos drenantes de vertido de aguas depuradas de la Estación Depuradora comarcal de Acentejo, en el término municipal La Victoria de Acentejo, con un presupuesto de 534.691 euros y un plazo de ejecución de catorce meses
Estos pozos drenantes, con más de 200 metros de profundidad, formarán parte de la nueva EDAR comarcal de Acentejo, constituyendo el sistema de alivio de las aguas ya depuradas.
Se trata de una de las primeras actuaciones para la puesta en marcha de una depuradora que no ha estado alejada de la polémica, ya que ha sufrido el rechazo de los ayuntamientos de la zona y de los propios vecinos.
En enero de 2019, el pleno del Ayuntamiento de La Victoria rechazó por unanimidad que el municipio albergara esta depuradora comarcal y apenas un mes después 200 vecinos se manifestaron para mostrar también su oposición al proyecto.
La ubicación de esta planta para tratar las aguas residuales de la comarca enfrentó también en el mandato pasado a los alcaldes de La Victoria y Santa Úrsula, después de que el exregidor victoriero, Haroldo Martín (CC), propusiese que la instalación se localizara en la costa de Santa Úrsula, algo a lo que se opuso el todavía alcalde de este municipio Juan Acosta (AISU).
El cambio en el gobierno local de La Victoria tras las últimas elecciones municipales no ha variado la situación, ya que el actual alcalde, Juan Antonio García Abreu (PSOE), también se ha mostrado contrario al proyecto y ha asegurado que seguiría plantando batalla para evitar la construcción de esta depuradora comarcal en la ubicación prevista.
