La justicia, que ordenó la clausura y precinto del mirador de Humboldt en julio de 2014, continúa retrasando la recuperación de este inmueble municipal por parte del Ayuntamiento de La Orotava. El juzgado que lleva el caso fijó la fecha del 27 de marzo de 2020 para que el Consistorio pudiera, por fin, acceder al inmueble, limpiarlo, repararlo y volverlo a sacar a licitación pública. Antes de la pandemia, retrasó esa fecha hasta el 22 de mayo y ahora, a causa del Covid-19, se vuelve a posponer al 2 de septiembre, pero no para zanjar de forma definitiva el asunto, sino para celebrar una nueva vista con representantes de la empresa y del ayuntamiento. El próximo mes de julio se cumplen seis años de cierre y de cuantiosas pérdidas económicas para el municipio, ya que durante todo este periodo no se ha podido rentabilizar una inversión que en su día superó los 1,5 millones de euros.

El alcalde villero, Francisco Linares (CC), confirmó en marzo que el Ayuntamiento tendría que esperar ahora hasta el 22 de mayo para recuperar por fin el mirador. El juzgado que lleva el caso había fijado esa fecha para el día 27 de marzo, pero el juez la retrasó por razones que desconoce el consistorio. En esta segunda ocasión, el retraso tiene su origen en el estado de alarma, la paralización de muchas gestiones de la administración judicial y la modificación de todos los plazos.

La justicia ya permitió hace meses a la empresa acceder al mirador para retirar sus propiedades, pero no ha ocurrido lo mismo con el consistorio, que vuelve a ser el gran perjudicado de todo lo que rodea a este polémico mirador. De nuevo le toca esperar al Ayuntamiento, que es el legítimo propietario de la edificación, para poder valorar por fin su estado actual y proceder a su limpieza y reparación. Linares ya lamentaba hace tres meses que no pudieran acceder a esta propiedad municipal: "Hemos sido depositarios de las llaves, pero teníamos la prohibición expresa de entrar en las instalaciones. No se nos ha permitido ni siquiera limpiar".

El gobierno villero (CC) se mantiene firme en la intención de sacar a concurso, "en cuanto sea posible", este mirador que por ahora no ha generado ningún beneficio económico al municipio.

Ahora toca esperar hasta después del verano para poder intervenir en el inmueble y poner en marcha un nuevo concurso de adjudicación. En esta próxima licitación se reservará toda la planta baja, donde se ubicó un restaurante, para que el Gobierno de Canarias habilite allí el Centro de Interpretación del cercano Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cueva de Bencomo.

El cierre judicial de este mirador se debe a un largo conflicto entre la empresa y sus trabajadores, pero el gran afectado ha sido el Ayuntamiento, que sumará en breve 6 años sin poder disponer de un lugar emblemático, un atractivo turístico llamado a generar riqueza y empleo que, al menos de momento, solo ha generado problemas.

Este retraso complica el objetivo municipal de sacar la nueva concesión a concurso antes de que termine 2020, con la intención de que la reapertura del mirador pudiera concretarse en 2021.

Una obra polémica

El Cabildo de Tenerife apostó en 1999 por remodelar el mirador de Humboldt y gastó allí más de 1,5 millones de euros. La obra tardó 6 años y generó críticas por su coste y diseño, en especial por el muro levantado para aislar la instalación de la carretera. Cuando el Ayuntamiento asumió la instalación, la adjudicó a la empresa Teidesoft en 2006. La adjudicataria inició una costosa y discutida reforma por defectos de fabricación y vandalismo, así como otras mejoras no autorizadas, que retrasaron su apertura cuatro años más.

En 2010 se renegoció un polémico contrato con Teidesoft con una duración de 30 años, con cinco de carencia, que acabaron en 2015. Esa empresa debía pagar desde 2016 una renta mensual de apenas 1.500 euros por la cafetería, el restaurante, la tienda y la terraza del mirador. Las pérdidas por este concepto superan los 81.000 euros en los últimos cuatro años y medio.

El mirador de Humboldt se inauguró en diciembre de 2010, pero después de apenas tres años y medio en funcionamiento, en los que no cesaron los conflictos internos, los pleitos laborales y los cambios irregulares en su gestión, se cerró e intervino judicialmente.