El empresario Miguel Ángel Beltrán, especializado en Socorrismo, Salvamento y Emergencias, lamenta el escaso interés, la falta de previsión y el poco respeto que muchos ayuntamientos del Archipiélago muestran por garantizar la seguridad de los ciudadanos y los turistas que acuden a sus playas, tanto en los meses de verano como en cualquier otra época del año. En su opinión, en unas islas que viven de recibir a personas de vacaciones, de su clima y sus playas resulta "raro" que no se ofrezca una cobertura de seguridad suficiente en el litoral. Reconoce que muchos implantan los recursos de socorrismo y salvamento en los meses estivales, a pesar de que sus playas y otras zonas de baño están abiertas también en otoño, invierno y primavera.
El permiso para que los residentes puedan volver a bañarse en el mar después de 70 días en estado de alarma se ha concedido sin que algunos consistorios hayan adjudicado los servicios de Seguridad y Salvamento en dichos espacios. Una de las administraciones municipales que sí dispone de este recurso es la de Granadilla de Abona. La sociedad de Beltrán, Samur Canarias, cubre las playas de El Médano, Leocadio Machado, La Tejita y La Lajita.
El pasado año, dicho empresario obtuvo contratos en Santa María de Guía y Arucas (Gran Canaria), así como en Granadilla, El Rosario y Güímar, donde personal municipal efectuaba un seguimiento a la labor y al cumplimiento del contrato. Expresa con orgullo que en 2019 pudo contratar a 48 socorristas, incluidos coordinadores y patrones de embarcación, así como a otros 24 técnicos en emergencias para atender las ambulancias que ofrece por si hubiese alguna necesidad de intervención sanitaria.
El valor de la formación
Indica que ha incorporado a profesionales formados en institutos o escuelas especializadas, con una formación homologada. Lamenta que no siempre se aplica el mismo criterio. "En algunas playas he subrogado a personal que no cumplía con los requisitos necesarios para el socorrismo acuático", apunta. A su juicio, también existen casos de ciudadanos que no tienen homologada su preparación en España, otros que son socorristas de piscina o parques acutáticos, así como individuos que aportan un título que han sacado por internet.
Tras 22 años de experiencia en el ámbito de las urgencias sanitarias, además de como usuario de las playas, piensa que el Archipiélago debe cuidar más su imagen de destino seguro en los enclaves del litoral ante "las personas que nos visitan". "Y uno de los problemas más graves es que, si se encarga el servicio, después las administraciones no fiscalizan que se preste de forma correcta", advierte.
"En algunos lugares la responsabilidad de la contratación de los recursos de salvamento y rescate se deja en manos de los hamaqueros (sociedades que prestan servicios en playas), que van a buscar lo más barato, mientras que la corporación local se quita de encima" ese trámite. Para Beltrán, en esas situaciones no se efectúa un seguimiento y revisión de los medios materiales y de personal que sí se aplica en una concesión municipal. En opinión de este empresario, "por normativa, los recursos no pueden tener más de tres años de antigüedad y, por ejemplo, las embarcaciones y motos de agua deben contar con una serie de características, como protección en las hélices o turbinas" por si van a intervenir cerca de personas.
"Nuestro invierno, su verano"
A su juicio, "nuestro invierno es el verano de muchos turistas", por lo que no se debe descuidar este apartado de la seguridad en el litoral, sobre todo si se tienen en cuenta las elevadas estadísticas de fallecimientos que se registran cada año en Canarias por ahogamientos o accidentes en el medio marino. Manifiesta que otra de las habituales excusas de algunos políticos es que sus "playas no son turísticas". Pero Miguel Ángel Beltrán aclara que las personas que están de vacaciones no distinguen entre zonas turísticas o no, "simplemente tratan de disfrutar del lugar que eligen para bañarse". "En esta materia no se pueden escatimar recursos, porque se juega con la vida de vecinos y turistas", explica al mencionar que en otros consistorios solicitan tres presupuestos a otras tantas empresas y se quedan con el más económico.
En estos momentos, varias administraciones municipales están en proceso de adjudicación los servicios de salvamento, como pueden ser Güímar, El Rosario, Arucas, Santa María de Guía, San Sebastián de La Gomera, Tacoronte o Garachico, según Beltrán. En otros casos, como Santa Cruz de Tenerife ya tiene concesión para cubrir las playas de Las Teresitas, Las Gaviotas, Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo.
Hace casi dos años, en julio de 2018, el Gobierno de Canarias aprobó el decreto que regula la seguridad en las zonas del litoral de Canarias y que establece que existen playas de acceso libre, otras de uso limitado y un tercer grupo en el que, de forma directa, se prohíbe su utilización.
Exigencia del Gobierno
Dicha normativa establecía que: "en todo caso, los ayuntamientos deberán elaborar, aprobar e inscribir los planes de seguridad y salvamento de aquellas playas y otras zonas de baño marítimo que lo exijan conforme a las previsiones de este decreto en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del mismo". Es decir, que dichos documentos tenían que estar presentados en los meses de verano del 2019. Según Beltrán, "eso no se está cumpliendo a día de hoy".
Dicho documento también fijaba que los consistorios tenían un plazo máximo de cuatro años, es decir, hasta 2022, para adecuar a sus propias previsiones los servicios y recursos necesarios para cada playa. Para cumplir con esta exigencia todavía están a tiempo.
