La crisis del coronavirus ha destapado la existencia de una residencia ilegal para personas con discapacidad psíquica en La Laguna. Según han confirmado fuentes de la Policía Local, las alarmas saltaron la pasada semana cuando un posible caso positivo entre los residentes, que finalmente fue descartado, hizo que un contacto pusiera en conocimiento de la Dirección del Área de Salud de Tenerife el funcionamiento de este centro ubicado en el número 10 de la calle Obispo Rey Redondo.
Hasta allí se desplazó el pasado 26 de marzo un inspector que constató que en esta vivienda particular residían doce personas con discapacidad y que dio traslado de la situación a la Policía Local, al considerar que podía tratarse de un centro clandestino.
De esta manera, el pasado 31 de marzo cuatro agentes de la Unidad de Servicio de Paisano de la Policía Local realizaron una intervención en este centro, con apoyo de una unidad uniformada e integrantes del Centro de Coordinación Operativo de La Laguna. Los agentes se desplazaron al lugar adoptando las medidas de seguridad necesarias, al tratarse de un posible caso de Covid-19. Una vez allí, pudieron determinar que en él residían doce personas, la mayoría con trastorno esquizoide, y en el momento de la intervención se encontraban también en el lugar tres trabajadores de esta instalación. Los agentes constataron que el centro no contaba con las preceptivas licencias administrativas para ejercer esta actividad, aunque los residentes se encontraban en buenas condiciones. El centro llevaba operando desde octubre, después de que los usuarios se hubieran trasladado desde otro espacio que había cerrado.
Protocolo. Los agentes activaron también el protocolo por Covid-19 y hasta allí se trasladó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los profesionales sanitarios valoraron a las 15 personas que había en el centro. En ese momento, se determinó que tres de ellos tenían sintomatología leve y se activó el protocolo para la recogida de muestras a todos los residentes y trabajadores. De esta manera, se tomó la decisión de aislarlos en el propio centro a la espera de los resultados, que el pasado jueves finalmente determinaron que ninguno de ellos está contagiado por el virus. En el trascurso de estas 48 horas de espera, el centro ha estado en continuo seguimiento por parte de la Policía Local y del Cecopal.
Asimismo, la Policía Local ha dado traslado del atestado al juzgado de guardia, a la inspección sanitaria de la Dirección del Área de Salud de Tenerife, así como al Servicio de Disciplina Urbanística Municipal y a la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias.
Fuentes municipales, aclaran que desde la Gerencia de Urbanismo se iniciará ahora un procedimiento administrativo para dirimir la situación irregular de este centro residencial.
Por su parte, la responsable del Hogar Luz y Esperanza ratificó ayer que la prueba de coronavirus practicada a los residentes había arrojado un resultado negativo y negó que el centro estuviera en situación irregular.
Más casos. Un posible caso de coronavirus que ha sacado a la luz la existencia de una residencia ilegal, que podría no ser la única en la Isla que destapara la actual crisis sanitaria, ya que son precisamente los usuarios de estos centros, personas mayores, dependientes o con discapacidad, los colectivos más vulnerables a este virus.
Las administraciones públicas mantienen un control de aquellas residencias que dependen directamente de estos organismos y también de aquellas con las que tiene plazas concertadas, pero la inspección es más complicada en las que son de gestión privada. Este caso también pone en evidencia que la existencia de residencias clandestinas complica todavía más la labor de inspección en estos momentos de crisis sanitaria.
El Cabildo de Tenerife ya ha solicitado al Gobierno de Canarias que refuerce las inspecciones en aquellas residencias que no son de gestión pública para evitar nuevos focos como los que ya se han producido.
